La formación lleva a la Asamblea Regional y a los ayuntamientos una iniciativa para fijar distancias mínimas con centros educativos
Izquierda Unida-Verdes ha situado de nuevo el debate sobre la proliferación de casas de apuestas en el centro de la agenda política regional, señalando directamente al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, como responsable de mantener bloqueada desde hace años una regulación que limite su implantación cerca de centros educativos. La formación ha anunciado una batería de iniciativas institucionales que se tramitarán tanto en la Asamblea Regional como en los ayuntamientos, con el objetivo de establecer una distancia mínima obligatoria entre los salones de juego y los espacios frecuentados por menores y jóvenes.
El anuncio se realizó en Alhama de Murcia, frente a una casa de apuestas situada en las inmediaciones del IES Miguel Hernández, un emplazamiento elegido de forma expresa para visibilizar lo que IU-Verdes considera una anomalía normativa en la Región de Murcia, única comunidad autónoma del país que carece de una regulación de este tipo pese a encabezar los índices de concentración de locales de juego.
Una normativa anunciada y nunca aprobada
Durante la comparecencia, el diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez‑Castellanos recordó que el Gobierno regional anunció en 2018 su intención de aprobar un decreto que estableciera una distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas y centros educativos. Según explicó, el Ejecutivo autonómico llegó incluso a redactar un proyecto normativo y a recabar informes favorables, pero finalmente optó por no aprobarlo.
Para IU-Verdes, esta renuncia no fue casual. Álvarez-Castellanos sostuvo que los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma advirtieron de que la distancia mínima debía aplicarse también a la renovación de licencias, lo que obligaría a trasladar o cerrar locales ya existentes que incumplieran la norma. “Ese es el verdadero motivo por el que el Gobierno regional dio marcha atrás”, afirmó, acusando al Ejecutivo de López Miras de priorizar los intereses de la patronal del juego frente a la protección de la salud pública y de la juventud.
El diputado recordó además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado recientemente este tipo de regulaciones, despejando cualquier duda jurídica sobre la posibilidad de imponer límites de distancia por razones de interés general.
La Región, líder en concentración de salones de juego
IU-Verdes ha puesto el acento en los datos que sitúan a la Región de Murcia como una de las comunidades con mayor densidad de casas de apuestas del Estado. Según los datos manejados por la formación, existe un local de juego por cada 4.300 habitantes, una cifra muy superior a la media estatal y que, a juicio de la organización, evidencia una política autonómica permisiva con el sector.
Esta situación, sostienen desde IU-Verdes, tiene consecuencias directas en los barrios y en los entornos educativos, donde la presencia de estos establecimientos normaliza el juego entre adolescentes y jóvenes y contribuye a la aparición de problemas sociales y de convivencia. La formación considera especialmente grave que esta concentración se produzca en zonas con alta vulnerabilidad social, donde el impacto del juego puede ser aún mayor.
Iniciativa autonómica y ofensiva municipal
La estrategia anunciada por IU-Verdes combina dos frentes. Por un lado, la presentación de una proposición legislativa en la Asamblea Regional para obligar al Gobierno autonómico a regular de forma efectiva la distancia mínima entre casas de apuestas y centros educativos. Por otro, el impulso de mociones municipales que trasladen esta exigencia al ámbito local y presionen políticamente al Ejecutivo regional.
El primer pleno municipal en el que se debatirá esta iniciativa será el de Alhama de Murcia, previsto para el próximo 29 de enero. Allí, el portavoz de IU-Verdes y segundo teniente de alcalde, Antonio García, junto a la concejala de gobierno Dori Muñoz, defenderán una moción que reclama una regulación autonómica y refuerza el papel de los ayuntamientos en la protección de la juventud.
Antonio García subrayó que “los ayuntamientos no pueden permanecer impasibles” mientras la proliferación de casas de apuestas rodea centros educativos y altera la vida de los barrios. En su opinión, la acción municipal puede y debe ser un motor de cambio frente a la inacción del Gobierno regional, situando en primer plano la salud comunitaria y la igualdad de oportunidades.
Impacto social y presión vecinal
IU-Verdes ha incorporado al debate las denuncias de colectivos vecinales que llevan años alertando de los efectos del juego en su entorno. En este sentido, la formación se hizo eco de las quejas de la Asociación de Vecinos del barrio de Paco Rabal, que ha señalado los problemas cotidianos asociados a la presencia de casas de apuestas, desde la degradación del entorno hasta la exposición constante de menores a mensajes vinculados al juego.
“Normaliza conductas de riesgo entre adolescentes y deteriora la convivencia”, han advertido desde el movimiento vecinal, reclamando una actuación decidida por parte del Gobierno regional. Para IU-Verdes, estas denuncias refuerzan la necesidad de una respuesta institucional inmediata que no siga postergándose.
Un bloqueo con consecuencias políticas
Desde la formación de izquierdas consideran que el bloqueo de la regulación no es una cuestión técnica, sino una decisión política con responsables claros. Señalar a López Miras implica, según IU-Verdes, exigir explicaciones sobre por qué la Región de Murcia sigue sin una normativa que ya existe en el resto del país y que ha demostrado ser una herramienta eficaz para proteger a la juventud.
La combinación de iniciativa legislativa autonómica y presión municipal busca, según la formación, forzar un posicionamiento público del Gobierno regional y evidenciar que el mantenimiento del statu quo responde a una voluntad política concreta. “La salud y el bienestar de la gente deben estar por encima del beneficio económico de unos pocos”, insistieron los responsables de IU-Verdes.
Con esta ofensiva institucional, IU-Verdes pretende abrir un debate de fondo sobre el modelo de regulación del juego en la Región de Murcia y sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas en la prevención de adicciones, la protección de menores y la defensa de los barrios frente a actividades que generan un impacto social negativo .
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