Los socialistas piden a Medio Ambiente que controle la obra y aclare el destino de los suelos excavados
El PSOE de Cartagena ha asegurado que el procedimiento judicial para determinar si la descontaminación de la parcela municipal de Los Mateos ha vulnerado derechos fundamentales de los vecinos sigue abierto, después de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo haya desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cartagena en el que solicitaba que no se admitiera a trámite. Según los socialistas, este extremo contradice el relato municipal sobre el estado del asunto y obliga a asumir que el proceso continúa en sede judicial.
La denuncia se ha formulado en una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, junto a la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández. Torres ha sostenido que “el proceso judicial continúa” y que serán los tribunales los que determinen si la actuación del Ayuntamiento ha sido correcta o no, añadiendo que, a su juicio, la alcaldesa ha “obviado” esta realidad cuando ha hablado públicamente de la descontaminación de la parcela.
En paralelo, el PSOE ha añadido un segundo frente administrativo: la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) habría iniciado diligencias previas para la incoación de un expediente sancionador. Con ello, los socialistas enmarcan la actuación municipal en un escenario en el que, según su versión, se continúa evaluando el impacto de las obras y sus consecuencias potenciales sobre la salud y los derechos de los vecinos del entorno.
La nota socialista insiste en que la descontaminación de Los Mateos no es un asunto cerrado y plantea un mensaje principal: si hay procedimientos abiertos y dudas sobre el control de la actuación, debe reforzarse la supervisión y clarificarse qué se está haciendo, con qué garantías y bajo qué vigilancia de las administraciones competentes.
El PSOE afirma que la vía judicial sigue abierta tras el recurso del Ayuntamiento
El PSOE sostiene que el Ayuntamiento trató de frenar la tramitación del procedimiento mediante un recurso para que no se admitiera a trámite, y que el tribunal ha rechazado esa pretensión. En palabras de Torres, esto implica que “el proceso judicial continúa” y que la valoración sobre si la actuación municipal ha vulnerado o no derechos fundamentales deberá resolverse en los tribunales.
En esa misma línea, el portavoz socialista ha situado el foco en la Sociedad Municipal Casco Antiguo, entidad que, según plantea el PSOE, debe “dar explicaciones” y realizar un seguimiento “exhaustivo” de las condiciones en las que se desarrolla la obra. Torres afirma haber solicitado por escrito una reunión del Consejo de Administración de dicha sociedad municipal para abordar el asunto y añade que, pese a ser miembro del órgano, no habría recibido contestación a esa petición, indicando que “existe una obligación legal” de hacerlo.
El planteamiento del PSOE gira así en torno a dos ideas: la primera, que la fase judicial no ha concluido y que no cabe presentar el asunto como resuelto; la segunda, que el control interno y la rendición de cuentas sobre la obra deben reforzarse, especialmente si se manejan materiales contaminados y si hay preocupación vecinal por los posibles efectos sobre la salud.
La nota de prensa no aporta detalles técnicos de la obra ni describe el alcance exacto de la descontaminación en curso, pero sí subraya que el procedimiento judicial pretende determinar si se han vulnerado derechos fundamentales de vecinos de las inmediaciones, lo que, para el PSOE, incrementa la necesidad de vigilancia y transparencia sobre cómo se está ejecutando la actuación.
Diligencias de la CHS y exigencias al Gobierno regional sobre salud y medio ambiente
El PSOE añade a la vía judicial la apertura de diligencias previas por parte de la CHS para la incoación de un expediente sancionador. En la nota, Torres sostiene que esto evidencia que se sigue analizando la actuación municipal y “las consecuencias que esa actuación puede tener sobre la salud y los derechos de los vecinos”.
A partir de ahí, los socialistas trasladan parte de la presión al Gobierno regional. Carmina Fernández afirma que la Consejería de Medio Ambiente debe pronunciarse porque, según expone, el Ejecutivo autonómico tiene la obligación de vigilar las condiciones de la obra, “garantizando que no se vea afectada ni la salud pública ni el Medio Ambiente”.
Fernández enmarca esta exigencia en un control administrativo que, según la nota, debería abarcar tanto la seguridad de la ejecución como el impacto en el entorno. El PSOE sostiene que, ante la preocupación vecinal, resulta imprescindible que la administración autonómica asuma un papel activo de supervisión para verificar si las condiciones de la obra son adecuadas.
En ese contexto, la portavoz socialista en la Asamblea Regional anuncia el registro de una batería de preguntas para obtener información concreta sobre la gestión de los materiales y las garantías aplicadas en la actuación. La nota plantea que estas preguntas buscan aclarar aspectos esenciales de la intervención en Los Mateos, especialmente los relacionados con la trazabilidad y destino de los suelos excavados y la prevención de riesgos.
Preguntas en la Asamblea y el balance que plantea el PSOE
Según la nota, Carmina Fernández ha registrado preguntas en la Asamblea Regional para conocer el destino de los suelos excavados; si se están garantizando condiciones de seguridad y salud laboral para los trabajadores; si se está vigilando que las obras no supongan un riesgo para la salud de los vecinos; si estos trabajos pueden causar perjuicios al entorno y al medio ambiente; y si se han respetado los plazos legales que, según afirma, obligaban a iniciar los trabajos en los tres meses posteriores a la resolución de la Comunidad Autónoma y a comunicar con dos meses de antelación el destino de los materiales contaminados.
La portavoz socialista sostiene que el PSOE no tiene confirmación de si esos plazos se han cumplido y resume su valoración con una calificación severa: “todo lo que rodea a esta actuación en la parcela de Los Mateos es un verdadero desastre y una chapuza”.
Por su parte, Manolo Torres incorpora un balance económico y político sobre el origen del problema. Afirma que el Ayuntamiento compró la parcela “a sabiendas” de que estaba contaminada y cuantifica el coste de la adquisición en 400.000 euros. A partir de ahí, sostiene que el resultado actual es que “no hay viviendas sociales”, que existen procedimientos judiciales y administrativos abiertos y que los vecinos están “muy preocupados por su salud”.
El PSOE concluye reclamando que otras administraciones asuman su responsabilidad, con especial énfasis en el Gobierno regional, al que sitúa como actor obligado a controlar las condiciones de la obra y velar por la seguridad y la salud pública.
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