IU-Verdes y Podemos denuncian un “tijeretazo” sin consenso y avisan de riesgos ambientales en Red Natura 2000
El Parlamento regional aprobó este jueves, con los votos a favor de PP y Vox, una modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña que ha desatado una respuesta inmediata de la coalición autonómica formada por IU-Verdes y Podemos. Ambas formaciones sostienen que el cambio supone un “recorte ilegal, sin consenso y con graves riesgos ambientales” y anuncian que recurrirán la ley ante los tribunales.
La reacción de la izquierda se apoya en un argumento central: que tocar el perímetro de un parque regional no es una cuestión discrecional, sino una decisión que, a su juicio, debería responder a criterios ambientales objetivos y acreditar una “variación real” en los valores que justifican la protección. En la nota difundida tras la votación, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos afirma que los límites del parque “no son discutibles” y que la modificación solo puede justificarse cuando cambia la realidad ambiental del espacio protegido, algo que, según su versión, no se ha producido.
En el trasfondo del debate está el choque entre dos formas de entender la protección del territorio: la que reclama blindajes estables para espacios protegidos —y procedimientos garantistas cuando se pretende alterarlos— y la que, según denuncia la coalición de izquierdas, utiliza la ley para “forzar” un cambio de límites al margen del consenso técnico y social. IU-Verdes y Podemos sostienen que el procedimiento elegido por el bloque de derechas es “el peor posible” precisamente por el modo en que se ha tramitado y por el objetivo que, a su juicio, se persigue con la reforma.
“Recorte ilegal” y un aviso directo: irá a los tribunales
La nota fija una línea roja clara: la norma aprobada será combatida en sede judicial. IU-Verdes y Podemos interpretan la reforma como un precedente peligroso para la integridad de los espacios protegidos en la Región de Murcia, no solo por el efecto material sobre Sierra Espuña, sino por el mensaje político que envía: que un parque regional puede ver reducidos sus límites por una mayoría coyuntural sin un consenso amplio y sin, según afirman, una justificación ambiental acreditada.
Álvarez-Castellanos centró buena parte de su crítica en la forma de tramitar la iniciativa. “Yo no sé qué harían en el caso contrario. Si la proposición la hubiera presentado la oposición, probablemente su discurso sería totalmente diferente”, expresó durante el debate, según recoge el comunicado. La frase busca subrayar lo que el diputado considera un doble rasero en el bloque de derechas a la hora de exigir rigor procedimental.
Más allá de la disputa política, la coalición sostiene que la ley deja “prácticamente ningún margen de interpretación” y que “los informes jurídicos lo dejan clarísimo”, en el sentido de que una modificación de límites debería apoyarse en razones ambientales. Según su tesis, esas razones no se cumplirían en este caso. El anuncio del recurso judicial se presenta así como una consecuencia lógica de un escenario que califican de insostenible desde el punto de vista legal y de protección del patrimonio natural.
La nota insiste también en el “grave riesgo ambiental” del recorte. Sin entrar en detalles técnicos concretos sobre qué zonas se ven afectadas o qué valores ambientales quedarían fuera, la coalición subraya el impacto que tendría el gesto de reducir un parque protegido y el precedente que se abriría para otros espacios naturales. El mensaje, en todo caso, se formula con contundencia: para IU-Verdes y Podemos, no se trata de una corrección menor, sino de una decisión de calado que pone en cuestión la solidez del sistema de protección ambiental.
PRUG paralizado y choque por los “procedimientos” del Gobierno regional
Uno de los elementos más relevantes del argumentario de IU-Verdes y Podemos es la referencia al PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), el instrumento que fija la ordenación y las reglas de uso del parque. Álvarez-Castellanos reprocha que el propio Gobierno regional haya “cerrado la puerta” a la actualización del PRUG durante tres años y emplaza a preguntar a la Consejería de Medio Ambiente por qué. En su planteamiento, resulta incoherente frenar durante años la revisión del instrumento de gestión y, al mismo tiempo, impulsar una modificación de límites por vía legislativa.
La crítica no es menor: el PRUG es, para muchos espacios protegidos, el corazón de la gestión cotidiana, donde se regulan actividades, compatibilidades y límites de uso. En esa lógica, la coalición sugiere que, si existen conflictos o tensiones sobre actividades concretas, la vía natural sería un ajuste de la gestión y la planificación, y no un “recorte” del perímetro. En su intervención, Álvarez-Castellanos advierte de que “saltarse incluso las propias previsiones de su Gobierno no es el procedimiento adecuado”.
La coalición también pone el foco en la ausencia de consenso. Su diagnóstico es que se ha optado por un camino de confrontación, sin explorar alternativas y sin construir un acuerdo amplio, pese a tratarse de una decisión sensible para el patrimonio natural regional y para los municipios vinculados al parque. “Presentar esta ley sin consenso y sin explorar otras vías es, sencillamente, el peor procedimiento posible”, resume Álvarez-Castellanos en una frase que condensa la acusación de fondo: que se ha legislado para recortar en lugar de gestionar para compatibilizar.
Totana, romería y Red Natura 2000: la disputa por el relato
La portavoz de la coalición, María Marín, dirige su intervención a desmontar el argumento que, según la nota, PP y Vox habrían utilizado como justificación: la Romería de la Santa en Totana. Marín sostiene que el “tijeretazo” se apoya en “una mentira tan gorda como un piano” y recuerda que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque permite expresamente celebraciones populares y religiosas. Según su exposición, los servicios jurídicos confirmarían que estos eventos “no son incompatibles con la conservación del espacio natural”, de modo que la romería no justificaría un cambio de límites.
En su argumentario, Marín eleva el tono al señalar que, a su juicio, PP y Vox “están mintiendo en el pleno y en el texto de la ley” y “le están mintiendo a los totaneros y totaneras”. La nota atribuye a la diputada una afirmación rotunda sobre la legalidad del procedimiento: “Aunque se apruebe hoy, esta proposición no es legal. Lo dice la propia letrada de la Asamblea”.
El comunicado incorpora además un elemento europeo que, de confirmarse, añadiría complejidad al conflicto: Marín subraya que se trata de un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000 y sostiene que “tenían que informar a la Comisión Europea y no lo han hecho porque saben que es un disparate”. En esa misma línea, afirma que el asunto “lo va a parar el Tribunal Constitucional” una vez se active la vía judicial.
En paralelo, la portavoz introduce una idea destinada a conectar con parte de la sociedad totanera: asegura que su formación apoyará iniciativas para “recuperar el rally”, pero rechaza —según plantea— que se utilice esa reivindicación como coartada para aprobar una modificación de límites que califica de ilegal. “Apoyaremos todas las iniciativas para recuperar el rally, pero no podemos permitir que os engañen con algo ilegal y que os utilicen”, concluye en un mensaje directo al municipio.
Con el recorte ya aprobado en la Asamblea, el escenario que dibuja la nota es el de un pulso político y jurídico que puede alargarse en el tiempo. IU-Verdes y Podemos anuncian que movilizarán “todas las vías institucionales, sociales y jurídicas” para preservar la integridad de Sierra Espuña frente a lo que consideran un “ataque injustificado al patrimonio natural regional”. Y dejan una advertencia final que trasciende al parque: si se normaliza recortar un espacio protegido por ley sin, según su tesis, razones ambientales acreditadas, la Región de Murcia abre una puerta difícil de cerrar.
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