Álvarez-Castellanos exige al Gobierno regional activar el decreto sobre apuestas y recuperar la gestión pública directa de emergencias
Izquierda Unida-Verdes llevó este jueves al Pleno de la Asamblea Regional dos de sus principales críticas a la gestión del Gobierno de Fernando López Miras: el retraso en la aprobación del decreto de regulación del juego y la situación del servicio 112, que la formación considera marcada por la externalización y la precariedad laboral. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos intervino en ambos asuntos para exigir cambios inmediatos al Ejecutivo autonómico y para denunciar, en los dos casos, una falta de voluntad política del Partido Popular.
En materia de juego, el parlamentario de IU pidió explicaciones por el retraso del proyecto de Decreto de modificación del Reglamento de máquinas recreativas, apuestas y registro de prohibidos, una norma que, según expuso, arrastra años de paralización pese a afectar a cuestiones sensibles como la protección de menores y de personas autoprohibidas, la publicidad exterior de los salones de juego y el refuerzo de los controles de acceso a estos locales. En paralelo, en la interpelación sobre el sistema de emergencias, reclamó al Gobierno regional que cumpla el Decreto 67/1997 y preste el servicio 112 “con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa” por la Comunidad Autónoma.
La formación de izquierdas presentó ambos debates como dos ejemplos de una misma forma de gobernar. En un caso, situó el foco en la demora de una regulación que, según defiende, debería servir para cerrar grietas en el acceso a los salones de apuestas y proteger a colectivos vulnerables. En el otro, denunció que un servicio esencial para la seguridad ciudadana siga prestándose mediante empresas privadas casi tres décadas después de su puesta en marcha, con unas condiciones laborales que IU considera impropias de una función de alta responsabilidad.
IU denuncia cinco años de retraso en la regulación del juego
Durante la sesión plenaria de control al Gobierno, Álvarez-Castellanos cargó contra el retraso sistemático en la aprobación del decreto sobre juego y sostuvo que la demora no puede justificarse por la complejidad jurídica del texto. Según trasladó el diputado, las modificaciones pendientes afectan a normas clave para proteger a menores y personas inscritas en el registro de prohibidos, así como para reforzar los controles de acceso y regular la publicidad exterior de los salones de apuestas. Para IU, mantener ese decreto bloqueado supone dejar sin actualizar herramientas de protección que consideran básicas.
El diputado expuso además casos concretos de personas en proceso de rehabilitación que, pese a figurar como autoprohibidas, pudieron acceder a salones de juego usando la identificación de otra persona. También denunció que en numerosos locales no se comprueba físicamente la identidad, una situación que, según sostuvo, facilita que sigan entrando menores y personas vulnerables. A partir de esos ejemplos, Álvarez-Castellanos acusó al Gobierno regional de no actuar frente a una situación que, en su opinión, agrava la ludopatía en la Región de Murcia y deja el interés general subordinado a la patronal del sector.
En ese mismo debate, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, defendió la actuación del Ejecutivo autonómico y aseguró que el proyecto no es una norma simple, sino una modificación amplia que afecta a cinco reglamentos distintos: casinos, bingos, máquinas recreativas, apuestas y registro de prohibidos. Según explicó, el texto está pendiente de informe de los servicios jurídicos antes de su remisión al Consejo Jurídico y, posteriormente, al Consejo de Gobierno. Marín añadió que su aprobación está prevista dentro del plan anual normativo de 2026.
La respuesta del consejero no convenció a IU. Álvarez-Castellanos sostuvo que la apelación a la complejidad y a los trámites prolongados no puede ocultar que el Gobierno del PP lleva cinco años sin resolver la situación. En la nota difundida por la formación, el diputado insistió en que la pasividad frente a los salones de juego representa un riesgo directo para la salud pública y para la seguridad de los jóvenes murcianos. Por ello, reclamó la aprobación inmediata de los decretos pendientes, medidas efectivas de control de acceso, supervisión real del cumplimiento del registro de prohibidos y una regulación estricta de la publicidad de apuestas.
El diputado vincula la externalización del 112 con la precariedad laboral
La segunda gran crítica de IU en la Asamblea se dirigió a la gestión del servicio 112. Álvarez-Castellanos exigió al Gobierno de López Miras que cumpla el Decreto 67/1997, que regula la implantación del teléfono de emergencias y establece, según recordó, que este debe prestarse de forma directa por la Comunidad Autónoma. Sin embargo, denunció que desde hace 28 años el servicio ha estado externalizado a empresas privadas, una situación que, a juicio de la formación, ha desembocado en precariedad laboral para quienes atienden las llamadas de emergencia.
El diputado subrayó la naturaleza del trabajo que desempeñan estos profesionales: una labor de alta responsabilidad, altamente cualificada y sometida a una fuerte presión emocional, ya que cada llamada obliga a actuar con rapidez, precisión y empatía ante situaciones de urgencia. Pese a ello, aseguró que las condiciones laborales actuales están muy lejos de corresponderse con la importancia del servicio que prestan. Según expuso, los salarios apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, no se reconoce la antigüedad, el plus de nocturnidad es de 1,17 euros por hora y la plantilla está adscrita al convenio colectivo de telemarketing, hoy denominado “contact center”, una situación que calificó de “humillante”.
IU-Verdes añadió además una advertencia sobre el futuro inmediato del contrato. Según señaló Álvarez-Castellanos, la actual concesión finalizó el pasado mes de diciembre y se encuentra en una prórroga de seis meses que expira en junio. La formación asegura que la empresa adjudicataria ha manifestado su intención de no continuar prestando el servicio y reprocha al Gobierno regional que todavía no haya aclarado cómo piensa resolver la nueva licitación. Esa incertidumbre es presentada por IU como un elemento añadido de inestabilidad en un servicio que considera esencial para la seguridad de la ciudadanía.
El parlamentario defendió que la Región de Murcia debería seguir el camino de otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Baleares o Canarias, que, según indicó, han recuperado la gestión pública directa del 112 para acabar con la precariedad laboral y reforzar la calidad del servicio. En esa misma línea, afirmó que la gestión directa no solo mejoraría las condiciones de la plantilla, sino que también sería más eficiente desde el punto de vista económico, al eliminar márgenes de beneficio empresarial y permitir reinvertir recursos en tecnología, refuerzo de personal y adaptación a un escenario cada vez más complejo de emergencias.
IU pide cambios inmediatos en dos frentes abiertos del Gobierno regional
En su balance de la jornada parlamentaria, IU enlazó ambos asuntos bajo una misma idea: el Gobierno de López Miras mantiene bloqueadas o externalizadas cuestiones que afectan de forma directa a la protección de la ciudadanía. En el caso del juego, la formación advierte de que seguir demorando el decreto consolida un escenario en el que menores y personas vulnerables continúan expuestos a fallos en los controles de acceso y a una regulación insuficiente de la publicidad de las apuestas. En el caso del 112, el diputado sostiene que lo que está en juego no es solo el modelo de gestión, sino también la calidad de un servicio esencial.
Álvarez-Castellanos recordó además que el propio contrato del 112 firmado en 2021 ya ha tenido que modificarse y ampliarse en dos ocasiones por el incremento de la carga de trabajo, con un aumento del 12,6 por ciento en las horas inicialmente contratadas, al pasar de 47.600 a 53.607 horas. Para IU, ese dato evidencia que el sistema necesita una planificación pública estable, mayor capacidad de adaptación y una coordinación más eficaz con el resto de servicios de emergencias. Desde la formación sostienen que solo la gestión directa puede garantizar plenamente ese objetivo.
La posición de IU en la Asamblea queda así fijada en dos exigencias concretas: desbloquear de inmediato la regulación del juego y recuperar la gestión pública directa del 112. Ambas reclamaciones fueron defendidas este jueves por Álvarez-Castellanos como cuestiones ligadas, según la formación, a la protección de menores, personas vulnerables y ciudadanía en general frente a una política autonómica que, a juicio de Izquierda Unida-Verdes, sigue priorizando la inacción en unos casos y la externalización en otros.
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