Ovidio Zapico defiende ampliar el parque público e intervenir el alquiler como alternativa a la especulación inmobiliaria
Izquierda Unida-Verdes reunió este jueves en la sede de UGT de Murcia a representantes políticos, sindicales y sociales en una jornada centrada en el derecho a una vivienda digna, en la que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, presentó la experiencia de gobierno de IU en esa comunidad como ejemplo de que, a juicio de la formación, “otra política de vivienda es posible” frente a la especulación y a las “políticas rentistas del PP”.
El acto se enmarcó en la gira que el responsable asturiano está realizando por distintos territorios para explicar el modelo de vivienda impulsado por Izquierda Unida desde su entrada en el Gobierno del Principado en agosto de 2023. La jornada contó también con la participación de la coordinadora regional de IU-Verdes en la Región de Murcia, Penélope Luna, y del diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos, que aprovecharon el encuentro para contraponer el enfoque aplicado en Asturias con la política de vivienda del Ejecutivo de Fernando López Miras en la Región de Murcia.
La apertura corrió a cargo de Penélope Luna, que situó el debate en la necesidad de impulsar “un cambio de paradigma” para que la vivienda sea tratada como un derecho fundamental, al nivel de la educación o la sanidad, y deje de depender exclusivamente del mercado. Esa idea sirvió de punto de partida para una sesión en la que IU defendió que la intervención pública debe tener un papel mucho más activo en la regulación del acceso a la vivienda.
En ese marco, José Luis Álvarez-Castellanos cargó contra la política de vivienda del Gobierno regional del PP y sostuvo que las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico responden “al dictado de la patronal de la construcción”. Según el diputado de IU, el acceso a la vivienda en la Región de Murcia sigue subordinado a los intereses del mercado inmobiliario, sin una apuesta decidida por la vivienda pública ni por mecanismos de intervención que permitan contener precios.
IU carga contra el modelo de López Miras en la Región de Murcia
Álvarez-Castellanos centró buena parte de su intervención en el decreto-ley de vivienda asequible impulsado por el Gobierno regional y que finalmente decayó en la Asamblea Regional. Según explicó, la propuesta establecía precios que, a su juicio, difícilmente podían calificarse como asequibles. En el ejemplo expuesto por el diputado, una vivienda tipo podía situarse en torno a los 235.000 euros o en alquileres cercanos a los 1.150 euros mensuales.
Para IU, esa propuesta evidenciaba un modelo de “brazos cruzados” en el que la administración renuncia a intervenir en el mercado, no promueve vivienda pública y, además, ha vendido parte del parque público existente. La formación presenta así la política autonómica del PP como una estrategia que deja el acceso a la vivienda en manos de la lógica del mercado y de los intereses de promotores y propietarios, sin corregir el problema de fondo.
La jornada sirvió precisamente para confrontar ese enfoque con el que IU asegura haber puesto en marcha en Asturias. El acto no se planteó solo como una charla informativa, sino como un contraste político entre dos modelos claramente diferenciados: uno, el que IU atribuye al Gobierno murciano, basado en la inacción pública; otro, el que defiende como propio en el Ejecutivo asturiano, basado en la ampliación del parque público y en la intervención del mercado del alquiler.
Zapico defiende parque público, zonas tensionadas y control del alquiler
Ovidio Zapico sostuvo que cualquier política de vivienda debe partir de una premisa básica: que se trata de un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Desde esa idea, defendió que las administraciones deben situar los intereses de la ciudadanía por encima de los beneficios de “rentistas, especuladores o grandes promotores inmobiliarios”.
El consejero asturiano explicó que una de las prioridades de su departamento ha sido reforzar el parque público de vivienda tras décadas de privatizaciones. Según detalló, Asturias llegó a contar con cerca de 32.000 viviendas públicas cuando asumió las competencias en los años ochenta, pero esa cifra se había reducido a poco más de 9.600 cuando IU regresó al Gobierno autonómico. Ante esa situación, expuso que el Ejecutivo del Principado ha puesto en marcha un plan para construir o licitar alrededor de mil nuevas viviendas públicas durante la actual legislatura, con el objetivo de superar las 10.000 y alcanzar las 15.000 en el horizonte de 2035.
Zapico defendió además la necesidad de intervenir en el mercado del alquiler utilizando instrumentos previstos en la ley estatal de vivienda, como la declaración de zonas tensionadas. Según explicó, Asturias se encuentra en proceso de declarar doce áreas con precios desorbitados, donde se aplicarían medidas de limitación del alquiler y una moratoria para nuevas licencias de pisos turísticos.
A ello sumó el programa “Alquilámoste”, por el que propietarios de viviendas vacías pueden ceder sus pisos a la administración durante siete años con garantías de cobro y ventajas fiscales. A cambio, el precio del alquiler se fija por debajo del índice de referencia del mercado. Como ejemplo, el consejero citó un piso de 97 metros cuadrados en el centro de Gijón que en el mercado se alquilaría por más de 1.000 euros al mes y que, dentro del programa público, se ofrece por unos 630 euros.
IU presenta Asturias como ejemplo de una alternativa real
Durante su intervención, Zapico también anunció que el Gobierno del Principado está tramitando la primera ley autonómica de vivienda, una norma que, según indicó, reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda, blindará el carácter público del parque residencial autonómico y establecerá la calificación permanente de la vivienda protegida para evitar su liberalización con el paso de los años.
La conclusión política de la jornada quedó resumida en la confrontación entre dos modelos. IU presentó el caso asturiano como una prueba de que se puede ampliar el parque público, intervenir el mercado del alquiler y tratar la vivienda como un derecho. Frente a ello, la formación situó a la Región de Murcia como ejemplo de un modelo en el que, según denunció, la vivienda continúa tratándose como un negocio y no como un derecho fundamental.
Con ese mensaje, Izquierda Unida-Verdes trató de convertir la experiencia asturiana en una referencia política para el debate murciano. La jornada celebrada en Murcia funcionó así como escaparate de una propuesta con la que IU busca reforzar su discurso sobre vivienda pública, regulación del alquiler y límites a la especulación inmobiliaria frente a la política desarrollada por el Gobierno regional del Partido Popular.
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