IU, Podemos y PSOE denuncian que se impide cumplir la Ley de Memoria Democrática y retirar más de 200 símbolos de la dictadura

La Asamblea Regional volvió a convertir la memoria democrática en un campo de choque político este miércoles, tras rechazar la mayoría de PP y Vox una moción presentada por IU-Verdes y Podemos, con el apoyo del PSOE, que pedía algo aparentemente sencillo: remitir a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática elaborado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia.
La votación dejó una imagen nítida de bloques. La iniciativa fue rechazada con 15 votos a favor y 29 en contra. A continuación, el pleno aprobó la enmienda a la totalidad del Partido Popular, también por 29 votos a favor y 15 en contra. Para las formaciones proponentes, el resultado no es un simple trámite parlamentario: lo interpretan como una negativa explícita a activar el primer paso administrativo para retirar del espacio público nombres, placas, monumentos y reconocimientos vinculados a la dictadura franquista que, según el catálogo, siguen presentes en la Región de Murcia.
La polémica, además, no se queda en el plano simbólico. Los grupos defensores de la moción sostienen que la Ley de Memoria Democrática impone obligaciones concretas y que las instituciones no pueden seleccionar qué leyes cumplen y cuáles congelan por conveniencia política. La tesis de IU-Verdes, Podemos y PSOE es que, mientras ese catálogo no se remita al Estado, se frena el proceso que debería culminar con la retirada de vestigios antidemocráticos y se perpetúa un “déficit democrático” con las víctimas del franquismo y sus familias.
“Cumplir la ley” y el trabajo voluntario que no llega a las instituciones
El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, defendió la moción subrayando que su objetivo era “algo tan simple como cumplir la ley”. En su intervención, recordó que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar los vestigios que todavía hoy homenajean a responsables de la dictadura franquista y señaló que esa obligación no depende del gusto político de cada mayoría parlamentaria, sino de un mandato legal que debería traducirse en actuaciones concretas.
Álvarez-Castellanos aprovechó el debate para agradecer públicamente el trabajo de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, cuyos representantes asistieron al pleno desde la tribuna. Según afirmó, se trata de una labor sostenida “desde el más estricto voluntariado” y con una implicación que, a su juicio, contrasta con la pasividad institucional que denuncian desde hace años. El catálogo, insistió, no nace de una ocurrencia, sino de un trabajo paciente de documentación y verificación que identifica alrededor de 200 vestigios franquistas todavía presentes en la Región de Murcia, entre calles, placas, monumentos o reconocimientos públicos.
Para el diputado de IU-Verdes, mantener esos elementos supone “seguir insultando a las víctimas de la dictadura”, muchas de las cuales, recordó, permanecen aún en fosas comunes o cunetas. Y ahí desplazó el debate hacia una idea incómoda para quien intenta reducirlo a una disputa ideológica: la dignidad no es un asunto abstracto cuando hay familias que no saben dónde están sus muertos, cuando no se ha reparado el daño y cuando los símbolos siguen ocupando lugares de honor en espacios públicos que deberían ser de todos.
El parlamentario puso un ejemplo concreto para ilustrar su argumento: la figura del general Bastarreche, vinculada por él al bombardeo de la población civil que huía de Málaga durante La Desbandá en 1937. Con ese caso, planteó una pregunta que pretende desarmar las excusas: si personas relacionadas con hechos de esa naturaleza merecen homenajes públicos en instituciones o espacios del país.
En la misma línea, recordó que el régimen franquista fue definido como un régimen fascista por la ONU en 1946 y defendió que retirar simbología de exaltación de una dictadura no es una cuestión partidista, sino un estándar democrático. “Si una ley no gusta, existen mecanismos para modificarla, pero mientras esté vigente hay que cumplirla”, remarcó.
Fosas comunes y víctimas: “no es neutral” para quien tiene a su familia en una cuneta
Durante la explicación de voto, Álvarez-Castellanos reforzó el componente humano y territorial del debate: sostuvo que la moción representa también a los familiares de más de 1.700 víctimas que todavía permanecen en fosas comunes en la Región de Murcia. En esa intervención, subrayó que no se puede tratar el asunto como neutral ante quienes tienen a sus familiares enterrados en una cuneta sin saber siquiera dónde están.
Ese dato introduce un elemento de gravedad que los grupos promotores consideran determinante. A su juicio, el bloqueo parlamentario no solo retrasa un procedimiento administrativo, sino que perpetúa una desigualdad de memoria: la de quienes aún esperan verdad, justicia y reparación mientras conviven, día a día, con símbolos públicos que consideran ofensivos por lo que representan.
En este punto, el debate se amplía más allá del catálogo. Las organizaciones memorialistas llevan tiempo denunciando que la memoria democrática no se resuelve solo retirando placas, pero que esa retirada es un mínimo exigible en cualquier democracia. Y el hecho de que la moción solo pidiera la remisión del catálogo al Estado se interpreta como un síntoma de hasta qué punto sigue existiendo resistencia institucional a asumir el mandato de la ley.
Álvarez-Castellanos adelantó, además, que su formación seguirá llevando este debate a la Asamblea Regional “cuantas veces sea necesario”, dando a entender que la derrota parlamentaria no cierra el conflicto, sino que lo cronifica y lo traslada al terreno de la presión pública y social.
La Federación denuncia un “déficit democrático” y Vox plantea blindar vestigios como BIC
Tras el pleno, el secretario de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, Bernardo Sánchez Muñoz, explicó que el catálogo presentado busca instar al Gobierno regional a remitir al Ejecutivo central la relación de elementos antidemocráticos identificados en la Región para dar cumplimiento a la legislación estatal. Su mensaje apunta a una cuestión esencial: sin ese paso, la administración autonómica se aparta del circuito institucional que debería activar la retirada y la revisión de los vestigios.
Sánchez Muñoz criticó que el Partido Popular haya promovido una iniciativa que, en su valoración, renuncia a corregir el déficit democrático con las víctimas del franquismo. Y denunció, además, la posición de Vox, que durante el debate defendió declarar estos vestigios como bienes de interés cultural, una propuesta que para las organizaciones memorialistas supone darle una pátina de protección patrimonial a símbolos que consideran incompatibles con los valores democráticos actuales.
Por su parte, la portavoz parlamentaria María Marín cargó contra la mayoría que tumbó la moción y afirmó que, “una vez más”, la ultraderecha y la derecha han decidido “posicionarse en contra de la democracia”. En su intervención pública, sostuvo que PP y Vox han preferido mantener los símbolos franquistas antes que cumplir con la ley y reparar la dignidad de las personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura. Marín defendió que la moción pretendía “avanzar en verdad, justicia y reparación” y advirtió de que, cuando las instituciones protegen a sabiendas símbolos y nombres que siguen aludiendo a uno de los periodos más oscuros de la historia, “la democracia se debilita”.
Con el pleno cerrado y la enmienda del PP aprobada, la Región de Murcia se queda, por ahora, sin ese primer gesto institucional que exigían IU, Podemos y PSOE: enviar al Estado el catálogo ya elaborado por las asociaciones memorialistas. Y el debate, lejos de apagarse, se instala con más fuerza en una pregunta que vuelve una y otra vez cada vez que la Asamblea vota sobre memoria democrática: si la ley es clara y el catálogo existe, qué justifica que siga sin activarse el proceso para retirar del espacio público los símbolos de una dictadura.
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