PAH, Sindicato de Vivienda e IU-Verdes logran frenar temporalmente el lanzamiento, pero la familia sigue sin alternativa habitacional
La presión ejercida por colectivos de defensa del derecho a la vivienda ha conseguido aplazar hasta el próximo 12 de mayo el desahucio de una familia vulnerable en Sucina, en el paraje Venta La Dulce. La suspensión del lanzamiento, previsto inicialmente para este jueves, ha sido posible tras la intervención de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), del Sindicato de Vivienda y de militantes de Izquierda Unida-Verdes, que se movilizaron para frenar la ejecución y ganar tiempo ante una situación que, según denuncian, sigue marcada por la extrema precariedad y la ausencia total de una solución habitacional estable.
La familia afectada es la de Juan García, que subsiste con el Ingreso Mínimo Vital y convive con una hija menor y otros dos hijos a su cargo. Aunque la suspensión judicial evita por ahora el lanzamiento inmediato, la incertidumbre continúa intacta. El aplazamiento ofrece un margen de alrededor de un mes y medio, pero no resuelve el problema de fondo: la familia permanece en la vivienda sin garantías sobre qué ocurrirá cuando llegue la nueva fecha señalada por el juzgado. El caso vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad en la que viven muchas familias en situación de vulnerabilidad, atrapadas entre la presión judicial, la falta de alternativas y la negativa de grandes propietarios o fondos a negociar soluciones habitacionales.
Un aplazamiento que da tiempo, pero no una salida
Según explicó el activista de la PAH José Antonio Vives, la comisión judicial acordó la suspensión del lanzamiento hasta el 12 de mayo, pese a que la mera existencia de recursos en el procedimiento no implica automáticamente que el desahucio quede paralizado. La decisión, por tanto, no responde a una protección estructural garantizada por el sistema, sino a una suspensión temporal que deja a la familia en una situación todavía muy inestable.
Vives valoró que se haya logrado evitar el desalojo inmediato, pero advirtió con claridad de que la situación sigue siendo muy precaria porque no existe alternativa habitacional. Esa es precisamente la clave del conflicto: no se trata solo de frenar un lanzamiento unos días o unas semanas, sino de impedir que una familia vulnerable termine en la calle sin que ninguna administración haya articulado una respuesta suficiente. El margen hasta mayo puede servir para seguir buscando una salida, pero no ofrece por sí mismo una solución real ni despeja el horizonte de angustia en el que continúa la familia.
Los colectivos que han participado en esta movilización entienden que la suspensión debe leerse como una pequeña victoria de la presión social, pero también como la prueba de que sin movilización muchas familias quedan completamente desprotegidas. La paralización temporal del desahucio no se presenta como el cierre del conflicto, sino como un respiro insuficiente dentro de un problema mucho más profundo.
Sin respuesta del fondo propietario
Uno de los elementos más delicados de este caso es la ausencia de respuesta por parte del fondo propietario de la vivienda. Según José Antonio Vives, la defensa de la familia ha puesto sobre la mesa distintas vías para evitar el desalojo, pero no ha obtenido ninguna contestación. Entre esas opciones figura una propuesta de alquiler social, una fórmula habitual en este tipo de conflictos cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad y sin capacidad de acceso inmediato a una vivienda alternativa en el mercado.
Además, también se habría trasladado una oferta de compra por parte del hijo mayor de la familia, por valor de 50.000 euros en efectivo, una cantidad que, según se indica en la nota, se ajustaba a las exigencias planteadas. Pese a ello, no ha habido respuesta. Esta falta de interlocución agrava aún más la sensación de bloqueo y refuerza la denuncia de los colectivos sociales, que consideran inadmisible que se mantenga la amenaza del desahucio mientras no se exploran seriamente vías de acuerdo que eviten dejar a una familia en la exclusión residencial.
La falta de contestación por parte del fondo no solo impide avanzar en una salida negociada, sino que convierte el calendario judicial en la única referencia para la familia afectada. Todo queda pendiente de lo que ocurra hasta el 12 de mayo, pero sin una negociación abierta y sin un compromiso institucional firme, ese tiempo corre a favor de la incertidumbre y no de la solución.
“No sabemos qué va a pasar”
Juan García, afectado directamente por el proceso, describió una situación dominada por la inseguridad y por la ausencia total de respuestas. En sus declaraciones, explicó que ahora mismo no tienen ninguna solución y que siguen en la vivienda con sus hijos, pero sin saber qué ocurrirá cuando llegue la nueva fecha del lanzamiento. La frase resume bien el estado en el que queda la familia tras la suspensión: no hay desalojo hoy, pero tampoco hay garantías para mañana.
El afectado también denunció las condiciones de abandono del entorno en el que reside la familia. Según expuso, viven sin servicios básicos como alcantarillado o suministro de agua, una realidad que añade otra capa de precariedad a una situación ya extremadamente frágil. No se trata, por tanto, solo del riesgo de perder la vivienda, sino del contexto material de vulnerabilidad en el que ya sobreviven antes incluso de que se ejecute el desahucio.
La combinación entre pobreza, carencia de servicios básicos y amenaza de lanzamiento muestra hasta qué punto este caso desborda lo estrictamente judicial para convertirse en una cuestión social y política de primer orden. La familia no solo necesita que se suspenda el desahucio, sino una alternativa real, digna y estable que evite que la fecha del 12 de mayo se convierta simplemente en una nueva cuenta atrás.
IU-Verdes habla de un problema estructural
La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, reaccionó a este caso definiéndolo como el reflejo de un problema estructural derivado, según su formación, de años de recortes y desprotección. En sus declaraciones, sostuvo que este desahucio muestra el resultado de unas políticas que han debilitado los mecanismos de protección para las familias vulnerables y que permiten que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
Luna señaló además la responsabilidad de las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la Región de Murcia. En concreto, afirmó que el Ejecutivo de Fernando López Miras y el Ayuntamiento de Murcia encabezado por José Ballesta no pueden desentenderse mientras fondos de inversión expulsan a familias de sus hogares. Según su planteamiento, ambas administraciones tienen capacidad para intervenir y deben garantizar soluciones habitacionales dignas.
La dirigente de IU-Verdes advirtió también de que lo ocurrido en Sucina no es un caso aislado y alertó de que, sin un refuerzo urgente de las políticas públicas de vivienda, situaciones similares tenderán a repetirse en los próximos meses. Esa lectura conecta este caso concreto con una realidad más amplia: la de una vivienda convertida en un terreno de conflicto social donde cada vez más familias quedan expuestas a desahucios sin una red pública suficiente que les proteja.
Los colectivos sociales y las organizaciones políticas implicadas han anunciado que mantendrán la movilización para evitar el desalojo definitivo y para exigir una solución estable antes del 12 de mayo. La suspensión temporal del lanzamiento evita por ahora la imagen más dura del desalojo inmediato, pero deja intacta la pregunta principal: qué ocurrirá con esta familia cuando vuelva a llegar la comisión judicial si antes nadie ha garantizado un techo digno.
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