Álvarez-Castellanos defiende mantener el impuesto al plástico y denuncia demoras de hasta 553 días en dependencia
IU-Verdes ha situado en el Pleno de la Asamblea Regional dos debates que, aunque pertenecen a ámbitos distintos, comparten una misma crítica de fondo a la acción política de la derecha en la Región de Murcia: la resistencia a impulsar cambios estructurales. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha defendido el mantenimiento del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables frente a la propuesta del PP para suprimirlo y, en otra intervención parlamentaria, ha denunciado el colapso en la valoración de la dependencia, con demoras que pueden alcanzar los 553 días en una comunidad especialmente retrasada en la atención a personas vulnerables.
La formación de izquierdas ha aprovechado ambas iniciativas para reclamar una política pública más ambiciosa, tanto en materia ambiental como social. En el caso del plástico, IU-Verdes advierte de que eliminar el impuesto supondría ir en dirección contraria a la normativa europea y a la necesidad de reducir la producción y el consumo de envases de un solo uso. En el ámbito de la dependencia, el grupo parlamentario ha exigido respuestas inmediatas ante una situación que considera “inasumible”, especialmente cuando afecta a personas con alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas.
Álvarez-Castellanos ha defendido que la Región de Murcia no puede abordar estos problemas con parches ni con discursos contradictorios. En su opinión, la contaminación por plásticos requiere modificar el modelo de consumo y producción, mientras que la atención a la dependencia necesita planificación, recursos públicos, coordinación sanitaria y apoyo real a las familias cuidadoras.
El impuesto al plástico y el principio de “quien contamina paga”
En el debate sobre la moción del PP para suprimir el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, regulado por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, IU-Verdes defendió una enmienda de totalidad para rechazar la eliminación del gravamen. Álvarez-Castellanos sostuvo que la propuesta popular “va contra el medio ambiente” y se aleja de la estrategia europea para reducir los plásticos de un solo uso.
El diputado recordó que la preocupación científica por la contaminación plástica ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas, desde los primeros estudios relevantes en 2004 hasta superar actualmente el millar de investigaciones anuales. Esa evidencia ha llevado a la Unión Europea a aprobar medidas específicas, como la directiva comunitaria sobre plásticos de un solo uso de 2019, que marca una orientación clara: reducir el consumo, limitar la generación de residuos y hacer que los costes ambientales sean asumidos por quienes contaminan.
IU-Verdes considera que el debate no puede reducirse a una cuestión fiscal ni al impacto inmediato sobre determinados sectores empresariales. Para la formación, el impuesto debe entenderse como una herramienta dentro de una transición ecológica más amplia, orientada a cambiar hábitos de consumo, reducir envases innecesarios y empujar a la industria hacia modelos más sostenibles.
Álvarez-Castellanos advirtió además de que el reciclaje, por sí solo, no basta para resolver el problema. Según defendió, solo una parte reducida de los residuos plásticos se recupera realmente, mientras una gran cantidad acaba acumulándose en el medio ambiente en forma de microplásticos presentes en océanos, aire y suelos. Por ello, insistió en que la prioridad debe ser producir y consumir menos plástico, especialmente en envases de un solo uso.
El diputado apeló al principio de “quien contamina paga”, que, según IU-Verdes, debe aplicarse también a la industria del plástico. La formación sostiene que si se exige responsabilidad económica en otros ámbitos de contaminación, también debe hacerse con un modelo de producción que genera costes ambientales crecientes. En lugar de eliminar el impuesto, Álvarez-Castellanos propuso mantenerlo, reforzarlo y acompañarlo de ayudas públicas para facilitar la adaptación de empresas, así como de una mayor coordinación entre administraciones.
Dependencia y alzhéimer: demoras incompatibles con la vulnerabilidad
El segundo frente abierto por IU-Verdes en la Asamblea se centró en la atención a la dependencia y, en particular, en la situación de las personas con alzhéimer y otras demencias. Durante el debate de una moción de Vox sobre planificación, apoyo familiar y mejora en la valoración de la dependencia, Álvarez-Castellanos puso el foco en las graves deficiencias del sistema regional y en unos tiempos de espera que calificó de “inasumibles”.
El diputado denunció demoras de hasta 553 días en la valoración de la dependencia, una cifra especialmente preocupante cuando afecta a personas con enfermedades neurodegenerativas. En estos casos, el tiempo no es un elemento administrativo más: la evolución de la enfermedad puede hacer que una valoración tardía llegue cuando las necesidades ya han cambiado, cuando la familia está desbordada o cuando el deterioro exige recursos más intensivos.
IU-Verdes advierte de que la respuesta institucional actual resulta insuficiente ante el aumento previsto de estas patologías. La formación reclama una planificación sanitaria y social más integrada, capaz de coordinar sistemas de información, mejorar la continuidad asistencial y evitar que las personas afectadas y sus familias tengan que recorrer circuitos fragmentados, lentos o poco claros.
Álvarez-Castellanos también defendió que las políticas públicas deben situar en el centro no solo a quienes padecen alzhéimer u otras demencias, sino también a sus cuidadores. La atención diaria recae muchas veces sobre familiares que soportan una enorme carga física, emocional y económica, sin apoyos suficientes ni recursos de respiro familiar adecuados. Por ello, IU-Verdes plantea programas específicos de apoyo, más servicios de asistencia y una ampliación de los dispositivos que permitan aliviar a las familias.
Más recursos públicos y planificación real
La formación considera “claramente insuficientes” las unidades especializadas existentes en la Región de Murcia, como las ubicadas en el Hospital General Universitario Santa María del Rosell y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, si se tiene en cuenta el volumen de pacientes y las necesidades de seguimiento. Para IU-Verdes, el sistema requiere reforzar circuitos asistenciales, homogeneizar procedimientos y ampliar recursos residenciales y servicios vinculados a la dependencia.
La coincidencia de ambos debates refleja, para IU-Verdes, una misma necesidad: abandonar la política de corto plazo y afrontar problemas estructurales con planificación, financiación y voluntad de cambio. En materia ambiental, eso implica no desandar medidas destinadas a reducir residuos y contaminación. En dependencia, exige reducir listas de espera, reforzar la atención pública y garantizar que las personas vulnerables reciban respuesta antes de que su situación empeore.
Álvarez-Castellanos ha advertido de que la Región de Murcia necesita respuestas inmediatas y estructurales, tanto para frenar el impacto ambiental del plástico como para atender con dignidad a personas con alzhéimer, demencias y dependencia. Para IU-Verdes, la política regional no puede seguir actuando como si los costes ambientales pudieran aplazarse indefinidamente o como si una persona dependiente pudiera esperar año y medio para ser valorada sin que eso tenga consecuencias graves en su vida y en la de su familia.
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