IU-Verdes y Podemos denuncian que el rechazo mantiene la precariedad en un servicio esencial mientras las plantillas se movilizan
PP y Vox han tumbado en la Asamblea Regional la moción presentada por IU-Verdes y Podemos para exigir la aplicación inmediata de las tablas salariales del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores en la Región de Murcia. La iniciativa fue rechazada este miércoles con 14 votos a favor de IU, Podemos y PSOE frente a 27 votos en contra de PP y Vox, en una jornada marcada también por la movilización sindical de trabajadoras y representantes del sector a las puertas del Parlamento autonómico.
La propuesta de la coalición de izquierdas reclamaba actualizar los conciertos sociales y garantizar el cumplimiento efectivo del convenio estatal en un ámbito que la propia Administración regional reconoce como esencial, pero que, según denuncian los grupos proponentes y las organizaciones sindicales, continúa sostenido sobre salarios bajos, plantillas precarizadas y un modelo de gestión que traslada el coste de la falta de financiación a quienes atienden directamente a menores vulnerables.
El debate parlamentario estuvo condicionado por la enmienda a la totalidad registrada por el Partido Popular, que finalmente impidió la aprobación de la iniciativa. Desde IU-Verdes y Podemos consideran que el rechazo de PP y Vox supone mantener sin respuesta una situación laboral que afecta a profesionales de protección de menores y reforma juvenil, sectores especialmente sensibles por la responsabilidad social, educativa y emocional que asumen a diario.
El diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos acusó al Gobierno regional de “precarizar a los trabajadores de un servicio considerado esencial, como es el de la tutela de menores y reforma juvenil”, y comparó esta situación con la de otros servicios públicos externalizados como los bomberos forestales o el 112. Para el parlamentario, el Ejecutivo de Fernando López Miras vuelve a sostener servicios fundamentales sobre “salarios indignos y plantillas precarizadas”.
Un convenio vigente desde enero que sigue sin aplicarse
El núcleo del conflicto está en la aplicación del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, vigente desde el 1 de enero de 2026. Según denunció Álvarez-Castellanos durante el debate, las plantillas perciben salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional porque el Gobierno regional no ha incorporado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma el incremento que representa el nuevo convenio.
La moción rechazada planteaba tres medidas centrales: la revisión y actualización de las tarifas de los conciertos sociales, la creación de una mesa de negociación sectorial y la implantación de un sistema de pago directo de salarios por parte de la Administración regional. Para IU-Verdes y Podemos, estas medidas permitirían garantizar que las mejoras pactadas en convenio lleguen realmente a quienes trabajan en los centros y servicios de protección y reforma.
El diputado de IU-Verdes denunció además que la Consejería de Política Social utiliza prórrogas de conciertos sociales para evitar la aplicación efectiva del convenio, lo que, según afirmó, genera “una discriminación inaceptable entre los propios trabajadores”. De acuerdo con su intervención, el convenio se estaría aplicando únicamente en centros de emergencia, mientras otros recursos del sector quedarían fuera de las mejoras salariales pactadas.
Álvarez-Castellanos advirtió también de que muchos de estos centros llevan años en situación de emergencia, lo que, a su juicio, supone “una ilegalidad añadida”. La crítica apunta al uso continuado de fórmulas excepcionales o provisionales para sostener servicios que deberían contar con una financiación estable, suficiente y ajustada a las obligaciones laborales vigentes.
“Si López Miras dice apostar por el empleo de calidad, esta era una oportunidad para demostrarlo con hechos”, concluyó el diputado de IU-Verdes. La frase resume el reproche político de la coalición: el Gobierno regional defiende públicamente el empleo estable y digno, pero PP y Vox han rechazado una moción que buscaba aplicar mejoras salariales ya reconocidas en un convenio estatal.
María Marín denuncia promesas incumplidas tras el asesinato de Belén Cortés
La portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, centró parte de su intervención en el asesinato de la educadora social Belén Cortés, ocurrido en Badajoz en 2025 mientras trabajaba sola en un piso tutelado para menores. Marín recordó que aquel crimen provocó concentraciones de educadoras sociales ante la Consejería de Política Social de la Región de Murcia para reclamar medidas urgentes de refuerzo del sistema de protección y reforma.
Según la diputada, aquellas trabajadoras ya advirtieron con claridad de la situación que atraviesan los centros de menores y los pisos tutelados: equipos desbordados, profesionales sometidos a depresión o ansiedad por la precariedad y un sistema sostenido sobre la vocación de quienes trabajan en él. “Estas trabajadoras, que son lo mejor que tenemos en nuestro país, gente que lo da todo por vocación, que sostiene el sistema de protección al menor, advertían claramente de lo que estaba pasando”, afirmó.
Marín reprochó al Gobierno regional que, tras aquellas protestas, prometiera mejoras laborales que, año y medio después, según denunció, no se han cumplido. “Las palabras se las llevó el viento y hoy tenemos que traer una moción para que nuestras trabajadoras sociales cobren lo que les corresponde por ley”, señaló durante el debate.
La portavoz de la coalición criticó que el Ejecutivo regional argumente que no puede aplicar el convenio sin nuevos presupuestos, cuando, según afirmó, en los presupuestos de 2025 no se incluyó ninguna partida para resolver esta situación. También vinculó la falta de respuesta con otras decisiones del Gobierno regional en materia de menores, como el cierre del centro de Santa Cruz, al señalar que “para cerrar el centro de menores de Santa Cruz sí que corrieron, pero para pagar a las trabajadoras y trabajadores lo que les corresponde no han movido ni un dedo”.
Para Marín, el rechazo de PP y Vox mantiene a las trabajadoras y trabajadores pagando las consecuencias de la “dejadez” de López Miras y de la consejera de Política Social, Concha Ruiz. La coalición insiste en que no se trata solo de una reivindicación salarial, sino de una cuestión que afecta a la calidad del servicio y a la protección real de menores en situación de vulnerabilidad.
Sindicatos y trabajadores advierten de salarios “miserables” y fuga de profesionales
Mientras se desarrollaba el debate parlamentario, delegados sindicales y trabajadoras del sector se concentraban a las puertas de la Asamblea Regional, acompañados por Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes. La movilización reclamó la aplicación inmediata del convenio y denunció unas condiciones laborales que el sector considera insostenibles.
Rodrigo Hita Fernández, representante de UGT en el sector de Protección de Menores, denunció que las plantillas soportan “salarios miserables” pese a trabajar con menores en situaciones extremas de vulnerabilidad. “Tenemos una responsabilidad gigantesca y trabajamos con niños y niñas abandonados por todo el mundo, sosteniendo realidades muy duras. Y ese trabajo no se ve recompensado por ningún lado”, afirmó.
En la misma línea, David Meca Calderón, delegado sindical de CCOO y presidente de la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección y Reforma de la Región de Murcia, señaló que el actual modelo de gestión privatizada “se utiliza para reducir costes a costa de los trabajadores”. Meca recordó que un educador social del sector apenas percibe unos 1.263 euros mensuales y defendió que, para cuidar a los menores, primero hay que cuidar a quienes trabajan con ellos.
También intervino Manuel Sánchez Juárez, educador del Centro Educativo Las Moreras y representante de USO, quien alertó de la fuga constante de profesionales hacia otros sectores debido a los bajos salarios y la falta de estabilidad. Según señaló, la precariedad está rompiendo los vínculos educativos y emocionales entre los menores y sus referentes adultos.
La advertencia sindical introduce una dimensión especialmente grave: la precariedad laboral no solo deteriora las condiciones de quienes trabajan en el sector, sino que también afecta directamente a los menores atendidos. En protección y reforma juvenil, la estabilidad de los equipos profesionales resulta esencial para construir vínculos de confianza, sostener procesos educativos y garantizar una atención continuada.
El rechazo de la moción deja sin aprobar una vía parlamentaria para actualizar conciertos, aplicar el convenio y abrir una mesa de negociación sectorial. Para IU-Verdes, Podemos y las organizaciones sindicales, la decisión de PP y Vox mantiene bloqueada una situación que afecta a un servicio esencial y perpetúa un modelo en el que la Administración regional reconoce la importancia del sistema de protección de menores, pero no garantiza condiciones laborales acordes con esa responsabilidad.
La votación en la Asamblea Regional cierra, de momento, la vía planteada por la coalición de izquierdas, pero no desactiva el conflicto. Las plantillas han vuelto a dejar claro que seguirán reclamando la aplicación del convenio, salarios dignos y un modelo de financiación que no convierta la protección de menores vulnerables en un servicio sostenido sobre la precariedad de quienes lo hacen posible.
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