El PSOE denuncia una “televisión de autobombo” bajo control político y cuestiona la comisión que valorará el contrato
El PSOE de Molina de Segura ha denunciado que el Gobierno municipal de PP y VOX pretende destinar más de 1,3 millones de euros en cuatro años a una televisión municipal que, según los socialistas, nacería “al servicio del alcalde” y con un modelo de control político desde el propio Ayuntamiento. La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha criticado que la licitación llegue a las puertas del ciclo electoral y ha advertido de que el contrato contempla una programación permanente con retransmisiones, magazines, entrevistas, contenidos institucionales y cobertura continua de la actividad del Gobierno local.
La denuncia socialista sitúa el foco en el coste, en el diseño del servicio y en las dudas sobre la composición de la comisión de valoración. El contrato prevé un gasto de 799.999 euros para dos años, con posibilidad de prórroga hasta cuatro años y un valor estimado total que supera los 1,3 millones de euros. Para el PSOE, se trata de una prioridad política difícil de justificar en un municipio donde, según Gadea, persisten problemas de limpieza, aceras deterioradas y servicios públicos saturados.
“No estamos hablando de un medio independiente ni plural. Estamos hablando de una televisión pagada con dinero público y dirigida políticamente desde Alcaldía”, ha afirmado la portavoz socialista. La acusación apunta a una cuestión central: si el Ayuntamiento financia una televisión con recursos públicos, pero mantiene el control editorial desde el Gobierno municipal, el riesgo, según el PSOE, es que el servicio deje de ser una herramienta informativa y se convierta en un instrumento de propaganda institucional.
El PSOE sostiene que la licitación no puede analizarse como un simple contrato de comunicación. A su juicio, el volumen económico, el momento político, el modelo de programación y el control previsto sobre los contenidos obligan a examinar con especial cautela una operación que podría condicionar el equilibrio informativo local. La formación advierte de que una televisión municipal debe garantizar pluralidad, independencia, control democrático y servicio público, no reforzar la presencia mediática del equipo de Gobierno.
Un contrato millonario antes de las elecciones municipales
La principal crítica del PSOE se dirige al coste y a la oportunidad política del proyecto. Según la nota socialista, PP y VOX quieren destinar cerca de 400.000 euros al año a esta televisión municipal, una cantidad que, acumulada durante el periodo máximo del contrato, superaría los 1,3 millones de euros. La formación considera que ese dinero debería priorizar necesidades directas de barrios, pedanías y servicios municipales antes que una estructura audiovisual con fuerte presencia institucional.
“Mientras hay barrios con problemas de limpieza, aceras rotas y servicios saturados, PP y VOX prefieren gastar cientos de miles de euros en construir una televisión para hacerse propaganda”, ha denunciado Gadea. La portavoz socialista vincula así la licitación con una crítica más amplia al modelo de gestión del Gobierno local, al que acusa de elegir la comunicación política frente a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
El debate no es menor. Las administraciones locales pueden impulsar canales de comunicación pública, retransmitir plenos, informar de actividades municipales y acercar servicios a la ciudadanía. Pero esos instrumentos deben estar diseñados con garantías de neutralidad, control plural y acceso equilibrado de los grupos políticos, especialmente cuando se financian con dinero público. El PSOE teme que el proyecto de Molina nazca con una orientación distinta: una programación permanente centrada en la actividad del Gobierno municipal y bajo dirección política desde Alcaldía.
La llegada del contrato en la antesala del ciclo electoral agrava, según los socialistas, las sospechas sobre su finalidad real. Una televisión municipal con cobertura continua de la actividad institucional puede convertirse en una herramienta muy poderosa de visibilidad para quienes gobiernan. Si no existen reglas claras de pluralidad, separación entre información y propaganda, acceso de la oposición y supervisión independiente, el riesgo de uso partidista aumenta.
La cuantía del contrato también obliga a exigir una explicación política. En un contexto en el que muchos ayuntamientos alegan límites presupuestarios para atender demandas vecinales, destinar cientos de miles de euros anuales a una televisión municipal plantea una pregunta evidente: qué prioridad ocupa la comunicación institucional frente a la limpieza, el mantenimiento urbano, la seguridad, la conciliación, la cultura de proximidad o los servicios sociales.
Dudas sobre la comisión y la valoración subjetiva
El PSOE cuestiona además la composición de la comisión de valoración del contrato. Según Gadea, en ese órgano habría personas vinculadas profesional y personalmente al entorno del Gobierno municipal, que además cobrarían por realizar esa labor. La portavoz socialista advierte de que esta situación debería levantar alertas en un contrato de esta magnitud y exige máxima transparencia sobre quién evaluará las ofertas, con qué criterios y qué relación mantiene con el entorno del Ejecutivo local.
“Es imposible no levantar sospechas cuando quienes tienen que valorar un contrato de este calibre mantienen relaciones de amistad o vínculos profesionales con el entorno más cercano del alcalde”, ha señalado Gadea. La formulación socialista no atribuye una irregularidad concreta ya acreditada, pero sí plantea dudas sobre la apariencia de imparcialidad y sobre la necesidad de extremar las garantías en un procedimiento de alto impacto económico y político.
La preocupación aumenta porque, según el PSOE, la valoración subjetiva alcanza 55 puntos sobre 100, dejando una parte decisiva del concurso en manos de la comisión designada por el propio Ayuntamiento. En contratación pública, los criterios sujetos a juicio de valor son legales cuando están correctamente definidos, pero requieren especial rigor, motivación y transparencia para evitar arbitrariedad o sospechas de favoritismo.
El problema señalado por los socialistas es doble. Por un lado, que la mayor parte de la puntuación dependa de valoraciones no automáticas. Por otro, que quienes deben realizar esa valoración puedan estar vinculados al entorno del Gobierno local. En un contrato de comunicación institucional, donde el adjudicatario podría gestionar contenidos audiovisuales con relevancia política, esas dudas adquieren una dimensión especialmente sensible.
El PSOE exige que el procedimiento garantice competencia real, neutralidad, publicidad suficiente y ausencia de conflictos de interés. Si la televisión municipal se financia con dinero de todos, sostiene la formación, la ciudadanía tiene derecho a saber quién la va a gestionar, quién decide qué contenidos se emiten, qué controles habrá sobre la pluralidad y cómo se evitará que el canal se convierta en una extensión comunicativa del Gobierno local.
Una televisión municipal sin licencia propia de TDT
Otro de los elementos que el PSOE considera delicado es el propio sistema de emisión. Según la denuncia socialista, el pliego reconoce que el Ayuntamiento no dispone de licencia de TDT local, por lo que deberá recurrir a una empresa privada para emitir los contenidos, aunque manteniendo el control editorial desde el Gobierno municipal. Esta fórmula plantea, según el PSOE, dudas jurídicas y democráticas sobre la gestión indirecta de un servicio público a través de una licencia privada.
La nota socialista advierte de que, si el Ayuntamiento no tiene licencia y utiliza la de una empresa privada para emitir su “televisión municipal”, se podría estar produciendo una gestión indirecta de un servicio público sobre una licencia privada, una figura jurídicamente compleja que podría ser interpretada como una vulneración de la reserva de espectro para el sector público. El PSOE reclama que esta cuestión se aclare antes de seguir adelante con el contrato.
La clave está en determinar si el Ayuntamiento está contratando simplemente servicios de producción y difusión audiovisual o si, en la práctica, está construyendo una televisión municipal sin contar con los títulos habilitantes propios para emitir como servicio público local. La diferencia no es técnica ni menor: afecta a la legalidad del modelo, a las responsabilidades editoriales, a las garantías de pluralidad y al uso de recursos públicos.
Gadea ha resumido la crítica con una frase directa: “Lo que debería preocupar a cualquier demócrata es que un gobierno utilice dinero público para montar una estructura de comunicación bajo control político directo. Esto no va de información. Va de propaganda”. Para el PSOE, la licitación concentra demasiadas señales de alarma: coste elevado, proximidad electoral, control desde Alcaldía, valoración subjetiva mayoritaria, dudas sobre la comisión y ausencia de licencia municipal propia.
La denuncia abre un nuevo frente político en Molina de Segura. PP y VOX deberán explicar por qué consideran prioritario gastar más de 1,3 millones de euros en esta televisión, qué garantías de independencia y pluralidad tendrá, cómo se evitará el uso partidista del canal y qué cobertura jurídica tiene el sistema de emisión previsto. Mientras esas respuestas no lleguen, el PSOE seguirá sosteniendo que el proyecto no nace para informar a la ciudadanía, sino para construir una televisión de autobombo pagada con dinero público.
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