Manolo Torres exige que la alcaldesa explique el acuerdo con Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cartagena, Manolo Torres, ha acusado a la alcaldesa Noelia Arroyo de haber diseñado una nueva maniobra política para mantenerse en el poder y frenar la moción de censura impulsada contra su Gobierno. Según la denuncia del PSOE, el acuerdo político alcanzado por Arroyo con los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, junto a la salida del Gobierno municipal de los concejales de Vox, respondería a una operación destinada a evitar que prospere el cambio de mayoría en el Ayuntamiento.
Torres ha exigido a la alcaldesa que explique públicamente “el precio” del acuerdo con Salinas y Sánchez del Álamo, dos ediles que, según el portavoz socialista, habían firmado hasta en tres ocasiones su apoyo a la moción de censura. El dirigente del PSOE sostiene que la ciudadanía de Cartagena tiene derecho a conocer qué ha cambiado para que ambos concejales hayan decidido dar marcha atrás y facilitar la continuidad de Arroyo al frente del Ayuntamiento.
La denuncia socialista llega en un momento de máxima tensión política en Cartagena, con el Gobierno municipal atravesando una nueva crisis interna y con la moción de censura como elemento central del debate público. Para Torres, los últimos movimientos de Arroyo no responden a una voluntad de estabilidad institucional, sino a un intento de conservar la Alcaldía “a cualquier precio”. El PSOE enmarca la operación dentro de una estrategia de supervivencia política que, a su juicio, agrava la parálisis municipal y aleja al Ayuntamiento de los problemas reales de la ciudadanía.
El portavoz socialista ha calificado el acuerdo como una “pantomima política” y ha asegurado que Arroyo pretende presentarlo como una reorganización del Gobierno cuando, según su interpretación, lo que estaría haciendo es frenar una moción de censura que podía poner fin a su mandato. La nota del PSOE no incorpora la versión de Noelia Arroyo, de Diego Salinas, de Beatriz Sánchez del Álamo ni de los concejales de Vox afectados por la salida del Gobierno municipal.
El PSOE cuestiona qué han recibido los concejales no adscritos
Manolo Torres ha centrado buena parte de su denuncia en el papel de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo. Según el portavoz socialista, ambos concejales habían respaldado en varias ocasiones la moción de censura y ahora habrían cambiado de posición tras alcanzar un acuerdo con Noelia Arroyo. Por ello, el PSOE reclama explicaciones sobre las condiciones políticas de ese pacto y sobre las posibles responsabilidades, competencias o beneficios institucionales asociados al mismo.
El dirigente socialista ha acusado a la alcaldesa de intentar “engañar” a los cartageneros y ha afirmado que el acuerdo no sería más que una operación para conservar su puesto. Torres sostiene que Arroyo vuelve a apoyarse en dos concejales a los que, según su versión, ella misma había apartado anteriormente, retirándoles responsabilidades y dejándolos sin peso político dentro del Gobierno municipal.
La crítica del PSOE apunta a una contradicción política: concejales que habían sido relegados por la propia alcaldesa pasarían ahora a ser necesarios para garantizar su continuidad. Torres considera que esta situación exige una explicación pública clara, especialmente porque afecta directamente a la gobernabilidad del Ayuntamiento y al futuro de una moción de censura que, hasta este giro, parecía contar con apoyos suficientes.
El lenguaje utilizado por el portavoz socialista es especialmente duro. Torres habla de “corrupción política” y de “compra de voluntades” para describir la operación, expresiones que forman parte de su valoración política y que el PSOE dirige contra la estrategia del Partido Popular en Cartagena. Desde una perspectiva informativa, esas afirmaciones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas por el portavoz socialista, no como hechos acreditados judicialmente en la documentación aportada.
La exigencia de transparencia se convierte así en el eje de la posición del PSOE. Torres no solo cuestiona el resultado del acuerdo, sino también su contenido. El portavoz plantea que, si dos concejales cambian su posición en un momento decisivo para la moción de censura, la alcaldesa debe explicar cuáles son los compromisos asumidos y qué consecuencias tendrá ese pacto en la estructura del Gobierno municipal.
El caso afecta directamente a la confianza en la política local. En un Ayuntamiento marcado por alianzas cambiantes, crisis de Gobierno y tensiones entre grupos, cualquier movimiento que modifique la mayoría municipal tiene una dimensión institucional relevante. Para el PSOE, lo ocurrido no puede resolverse con una simple remodelación o con una explicación genérica sobre estabilidad, sino que requiere una rendición de cuentas detallada ante la ciudadanía.
Sexta crisis de Gobierno en la legislatura
Torres ha recordado que esta sería ya la sexta crisis de Gobierno en lo que va de legislatura en Cartagena. Para el portavoz socialista, ese dato retrata a un Ejecutivo “agotado, roto y completamente desquiciado”. El PSOE considera que la sucesión de crisis internas evidencia la incapacidad de Noelia Arroyo para construir una mayoría estable, dialogar con el resto de fuerzas políticas y garantizar una gestión municipal centrada en los problemas de la ciudad.
El portavoz socialista ha acusado a la alcaldesa de haber convertido la legislatura del supuesto consenso en una etapa marcada por el “ordeno y mando”. Según Torres, Arroyo demuestra una “absoluta incapacidad de gestión” y solo muestra habilidad para poner y quitar concejales según sus necesidades políticas. La crítica se sitúa en una idea de fondo: el Gobierno local estaría más concentrado en sobrevivir que en gobernar.
La salida de los concejales de Vox del Ejecutivo municipal forma parte de ese nuevo escenario. Aunque el comunicado socialista no detalla las condiciones concretas de esa expulsión ni la nueva estructura de gobierno resultante, sí la interpreta como una pieza más dentro de la estrategia de Arroyo para frenar la moción de censura. Para el PSOE, no se trata de una decisión orientada a mejorar la gestión, sino de un movimiento calculado para retener la Alcaldía.
La inestabilidad política municipal tiene efectos que van más allá de los equilibrios entre partidos. En una ciudad como Cartagena, con importantes retos en materia de empleo, servicios públicos, inversiones, infraestructuras, patrimonio, barrios y diputaciones, la falta de una mayoría clara y de un proyecto de gobierno sólido puede traducirse en retrasos, bloqueo de decisiones y pérdida de oportunidades. Ese es el marco en el que el PSOE sitúa su denuncia.
Torres vincula esta situación con lo que su grupo viene definiendo como parálisis municipal. La acusación no se limita al acuerdo con Salinas y Sánchez del Álamo, sino que forma parte de un relato más amplio sobre el deterioro político del Gobierno de Arroyo. Para los socialistas, cada nueva crisis confirma la necesidad de un cambio de rumbo y refuerza el argumento de la moción de censura.
El portavoz del PSOE sostiene que Cartagena no puede seguir sometida a una dinámica en la que las prioridades del Gobierno local se ordenan en función de la supervivencia política de la alcaldesa. A su juicio, la ciudad necesita estabilidad, pero una estabilidad basada en acuerdos transparentes, gestión eficaz y rendición de cuentas, no en pactos de última hora con concejales que habían respaldado una alternativa de gobierno.
El PSOE compara la operación con la moción de censura regional de 2021
Manolo Torres ha comparado lo ocurrido en Cartagena con la moción de censura presentada contra Fernando López Miras en 2021. Según el portavoz socialista, el Partido Popular habría recurrido entonces a una estrategia similar para impedir que prosperara aquella iniciativa, y ahora estaría repitiendo el mismo patrón en el Ayuntamiento de Cartagena.
La referencia a 2021 busca situar el caso cartagenero dentro de una forma de actuar que el PSOE atribuye al PP cuando ve amenazado su poder institucional. Torres sostiene que la moción de censura no prosperará por una “compra de voluntades” por parte del Partido Popular, una afirmación que forma parte de la denuncia política socialista y que eleva el tono del enfrentamiento con Arroyo y con la dirección regional del PP.
El portavoz socialista también ha vinculado la continuidad de Arroyo con la “sumisión” a López Miras. Para Torres, el Gobierno municipal no responde únicamente a una lógica local, sino también a los intereses políticos del Partido Popular regional. Esa lectura refuerza la idea de que la crisis de Cartagena no es solo un conflicto interno del Ayuntamiento, sino una pieza dentro del tablero político de la Región de Murcia.
El PSOE sostiene que Cartagena no puede seguir soportando un Gobierno que califica de “mercenarios”, en el que, según Torres, lo único que importan son los intereses de la alcaldesa y del PP. De nuevo, se trata de una valoración política del portavoz socialista, expresada en un contexto de confrontación abierta por la moción de censura y por la continuidad del Ejecutivo local.
La dureza de las acusaciones refleja el nivel de deterioro de la relación entre el Gobierno municipal y la oposición socialista. La moción de censura ha situado a todos los actores políticos ante una decisión de gran trascendencia institucional, y el cambio de posición de los concejales no adscritos ha reconfigurado por completo el escenario. El PSOE interpreta ese giro como una operación para bloquear la alternativa de gobierno y exige que Arroyo dé explicaciones públicas.
La crisis deja al Ayuntamiento de Cartagena en una situación de fuerte desgaste político. La alcaldesa ha logrado, según la denuncia socialista, frenar la moción de censura mediante un acuerdo con concejales no adscritos, pero el PSOE sostiene que esa continuidad tiene un coste que debe ser aclarado. La pregunta que Torres coloca ahora en el centro del debate es qué ha ofrecido Noelia Arroyo para conservar la Alcaldía y qué consecuencias tendrá ese pacto para el futuro inmediato del municipio.
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