El comité de empresa traslada en el Parlamento Europeo su preocupación por el futuro de la planta de La Aljorra
El eurodiputado socialista Marcos Ros ha organizado en Bruselas una jornada de trabajo con representantes del comité de empresa de SABIC Cartagena para situar en la agenda europea la defensa del empleo, la continuidad de la actividad industrial y el futuro productivo de la planta de La Aljorra. La iniciativa se produce en un momento de especial preocupación para los trabajadores tras la venta del negocio de termoplásticos de ingeniería y las consecuencias que este proceso puede tener sobre el empleo directo e indirecto en Cartagena y su comarca.
La jornada, celebrada bajo el título “Una Europa que defiende la industria y el empleo”, ha permitido a los representantes de la plantilla trasladar directamente su diagnóstico a responsables políticos e institucionales europeos. El objetivo, según el eurodiputado, era llevar la situación de SABIC al Parlamento Europeo y reforzar la implicación política ante un escenario que afecta a un enclave industrial estratégico para Cartagena y para la Región de Murcia.
“Era importante traer esta preocupación a Bruselas, situarla en la agenda europea y dejar claro que la defensa de la industria y del empleo exige implicación política e institucional”, ha afirmado Marcos Ros, que ha subrayado el respaldo a los trabajadores de la planta de SABIC en Cartagena y de las empresas auxiliares.
El caso de SABIC se ha convertido en uno de los principales debates industriales de la comarca de Cartagena. La planta de La Aljorra no solo concentra empleo directo, sino que sostiene una red de actividad auxiliar y productiva que va mucho más allá de sus instalaciones. Por eso, cualquier incertidumbre sobre su continuidad tiene impacto laboral, económico y social en el entorno, especialmente en un territorio donde la industria forma parte esencial de la estructura productiva.
Ros ha advertido de que “no se puede jugar de esta manera con el empleo, con la actividad industrial y con el futuro de cientos de familias de la comarca”. Su mensaje apunta a una idea central: la venta de una unidad de negocio o los movimientos empresariales vinculados a grandes grupos industriales no pueden abordarse únicamente desde la lógica financiera, porque detrás hay trabajadores, proveedores, empresas auxiliares y una comarca que depende de la continuidad de su tejido industrial.
La planta de La Aljorra, en la agenda europea
Durante la jornada de trabajo en Bruselas, los representantes del comité de empresa han mantenido reuniones con miembros de las comisiones de Industria y Empleo del Parlamento Europeo, con representantes de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y con los gabinetes de la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Mînzatu y del comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné.
Estos encuentros han servido para trasladar a nivel europeo la preocupación de la plantilla por la evolución de la planta en los últimos años. Según la información facilitada, los representantes de los trabajadores han explicado un proceso marcado por cierres parciales, expedientes de regulación y una reducción progresiva de la actividad. Ese contexto aumenta la inquietud ante la venta del negocio de termoplásticos de ingeniería y ante el papel que deberán asumir los nuevos propietarios.
La jornada no se ha limitado a una foto institucional. El comité de empresa ha podido exponer directamente la situación ante interlocutores europeos vinculados a industria, empleo y mercado interior. La dimensión europea del conflicto resulta relevante porque la política industrial, la defensa de capacidades productivas estratégicas y la protección del empleo forman parte de debates que superan el ámbito local o autonómico.
Para Marcos Ros, la continuidad de la factoría debe defenderse “hasta el final”. El eurodiputado ha señalado que los nuevos propietarios tienen que sentarse a dialogar con las instituciones y asumir su responsabilidad. Esta exigencia de diálogo institucional se sitúa como una de las claves del mensaje trasladado en Bruselas: no puede decidirse el futuro de un enclave industrial estratégico sin escuchar a la plantilla ni sin implicación de las administraciones.
Ros también ha recordado que, según ha señalado, “desde el primer momento, el Gobierno de España está comprometido con la defensa del empleo y está explorando todas las alternativas posibles para garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo en Cartagena”. La defensa de SABIC se plantea así como un asunto que requiere coordinación política, presión institucional y búsqueda de alternativas para evitar que la operación derive en pérdida de empleo o debilitamiento industrial.
Empleo, industria y responsabilidad empresarial
El eurodiputado socialista ha defendido que el futuro industrial de la Región de Murcia no puede quedar condicionado por estrategias “orientadas únicamente a la rentabilidad a corto plazo”. En su opinión, cuando están en juego el empleo de cientos de familias y la capacidad productiva de un territorio, hacen falta “diálogo, compromiso y responsabilidad”.
Esta idea conecta con una preocupación de fondo: la pérdida de actividad industrial no se resuelve solo con medidas de acompañamiento laboral, sino con decisiones que garanticen continuidad productiva. En el caso de Cartagena, la planta de La Aljorra forma parte de un tejido industrial que ha sostenido durante años empleo cualificado, actividad auxiliar y capacidad tecnológica. Su debilitamiento tendría consecuencias que irían más allá de una empresa concreta.
Los representantes de los trabajadores han trasladado en Bruselas su inquietud por el empleo directo, pero también por el impacto indirecto sobre las empresas auxiliares. La industria tiene un efecto tractor sobre otros sectores: mantenimiento, logística, servicios técnicos, proveedores, transporte y actividades especializadas. Por eso, la incertidumbre sobre SABIC no afecta únicamente a la plantilla de la factoría, sino al conjunto de la comarca.
Ros ha insistido en que la defensa inmediata del empleo debe ir acompañada de una estrategia más amplia para el futuro industrial. En este sentido, ha reclamado que el Gobierno regional avance “de una vez por todas en una estrategia seria de reindustrialización para Cartagena y su comarca”.
La reivindicación introduce un elemento de responsabilidad autonómica. La defensa de SABIC, según el planteamiento del eurodiputado socialista, no puede limitarse a gestionar una crisis concreta, sino que debe formar parte de una política industrial capaz de anticipar riesgos, atraer actividad, proteger empleo y reforzar sectores estratégicos. Cartagena y su comarca necesitan una hoja de ruta industrial que no dependa únicamente de decisiones empresariales externas ni de operaciones corporativas ajenas al territorio.
La jornada en Bruselas sitúa el conflicto de SABIC en una escala política más amplia. La preocupación de los trabajadores llega al Parlamento Europeo en un momento en el que la industria vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre autonomía estratégica, empleo de calidad y capacidad productiva. Para Cartagena, esa discusión no es abstracta: se concreta en la continuidad de una planta, en el futuro de cientos de familias y en la necesidad de que las instituciones actúen antes de que la pérdida industrial sea irreversible.
El mensaje trasladado por Marcos Ros y por el comité de empresa combina urgencia y advertencia. Urgencia, porque el futuro de SABIC requiere respuestas y diálogo con los nuevos propietarios. Advertencia, porque la Región de Murcia no puede permitirse seguir reaccionando tarde ante cada amenaza industrial. La defensa de la planta de La Aljorra se convierte así en una prueba para medir hasta qué punto las instituciones están dispuestas a proteger el empleo, sostener la actividad productiva y construir una estrategia industrial real para Cartagena y su comarca.
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