El colectivo pide investigar el traslado de 58 menores del centro Rosa Peñas y denuncia posibles vulneraciones de derechos
El colectivo Yay@flautas de Murcia ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Murcia por el acuerdo político entre PP y Vox relacionado, según su escrito, con el traslado de menores que se encontraban en el centro de acogida Rosa Peñas de Santa Cruz, en Murcia. La denuncia se dirige contra Santiago Abascal, José Ángel Antelo, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, y plantea la posible existencia de delitos vinculados a derechos humanos, derechos de la infancia, delitos de odio y vulneraciones de la Constitución Española, siempre según el contenido de la nota difundida por el propio colectivo.
La actuación judicial llega después de que la Fiscalía de Murcia archivara unas diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia anterior presentada en 2025. Yay@flautas sostiene ahora que el archivo se basó en documentación remitida por la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y por la Asamblea Regional que, según el colectivo, no habría abordado el punto central de su denuncia: el alcance del acuerdo político entre PP y Vox y su eventual relación con el cierre o traslado de menores desde el centro de acogida.
El colectivo considera que el pacto entre ambas formaciones debe analizarse como un acuerdo entre partidos y no como una decisión estrictamente administrativa adoptada en el ejercicio ordinario del Gobierno regional. A partir de esa tesis, la denuncia plantea que los responsables señalados no deberían quedar protegidos por un eventual aforamiento en la fase inicial de investigación, al entender que el origen de los hechos estaría en un acuerdo político previo y no únicamente en actos posteriores de ejecución administrativa.
La nota difundida por Yay@flautas afirma que el acuerdo PP-Vox habría tenido consecuencias directas sobre los menores acogidos en el centro Rosa Peñas, al provocar su traslado a otros recursos. Según los datos que el propio colectivo atribuye a la Consejería, en el centro residían 58 menores. De ellos, 11 fueron trasladados al centro El Aljibe I, en Santomera, el 18 de agosto de 2025; una persona dejó de estar bajo tutela de la Comunidad Autónoma el 6 de agosto al cumplir la mayoría de edad; y 46 menores fueron trasladados al albergue El Valle los días 13 y 14 de octubre de 2025.
Posteriormente, siempre según la información incluida en la nota, esos menores habrían sido derivados a otros recursos: 14 al centro El Aljibe II, en Santomera, el 19 de diciembre de 2025; 15 a un centro de acogida en Sangonera La Verde en enero de 2026; 8 a un centro en Zarandona también en enero; y 9 personas dejaron de estar bajo la tutela de la CARM tras alcanzar la mayoría de edad entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
La denuncia pide investigar destino, condiciones y escolarización
Yay@flautas solicita al juzgado la práctica de diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas la investigación del destino, las condiciones de acogida y la escolarización de cada menor trasladado. El colectivo pide que también se tenga en cuenta la situación de quienes cumplieron 18 años y dejaron de estar bajo la tutela de la Comunidad Autónoma, al considerar que podrían aportar información directa sobre las consecuencias que tuvo para ellos la ejecución de las decisiones adoptadas.
La denuncia, según la nota, también plantea la posible existencia de delitos como prevaricación u otros ilícitos vinculados a una supuesta orden y contraorden sobre la compra de viviendas que, de acuerdo con el colectivo, estarían relacionadas con un proyecto europeo orientado a la inserción social de estos niños y niñas. Este extremo deberá ser valorado, en su caso, por el órgano judicial si admite a trámite la denuncia y decide abrir diligencias de investigación.
El escrito también solicita que se revise la documentación relativa a los acuerdos adoptados y que se tome declaración a responsables políticos. El objetivo, según Yay@flautas, es determinar si pudo existir responsabilidad penal en la toma de decisiones o en la ejecución de medidas que afectaron a menores bajo tutela pública.
El colectivo sostiene que los traslados habrían generado desarraigo y aislamiento, al alejar a los menores de entornos de convivencia más próximos a la sociedad murciana. En su planteamiento, esa situación podría dificultar su inserción social cuando alcancen la mayoría de edad y dejen de estar tutelados por la administración. La denuncia insiste en que los menores no pueden ser utilizados como elemento de intercambio político ni quedar sometidos a decisiones partidistas que puedan afectar a sus derechos fundamentales.
Yay@flautas también afirma haber incorporado a la denuncia declaraciones de Vox que, a su juicio, atribuirían de forma falsa problemas de inseguridad a estos menores. El colectivo considera que esos mensajes podrían ser analizados como posibles delitos de odio contra los niños afectados, aunque será el juzgado quien deba decidir si existen indicios suficientes para investigar esa vía.
El foco político vuelve a los menores tutelados en la Región
La denuncia reabre un asunto especialmente sensible en la Región de Murcia: el tratamiento político, institucional y social de los menores migrantes o tutelados por la administración. El cierre, traslado o reorganización de recursos de acogida no puede analizarse únicamente desde la óptica administrativa, porque afecta a niños y adolescentes que se encuentran bajo protección pública y que, por su situación de vulnerabilidad, requieren garantías reforzadas.
El debate adquiere aún más relevancia cuando las decisiones sobre recursos de menores aparecen vinculadas, según la denuncia, a acuerdos políticos entre partidos. En este punto, la cautela jurídica es obligada: la existencia de una denuncia no implica que haya delito ni responsabilidad penal acreditada. Pero sí obliga a observar con atención si las decisiones adoptadas respetaron el interés superior del menor, los derechos reconocidos por la legislación española y los compromisos internacionales en materia de infancia.
El interés superior del menor debe presidir cualquier actuación pública que afecte a niños y niñas tutelados. Eso implica que los traslados, cambios de recurso, condiciones de acogida, escolarización, acompañamiento psicológico, integración social y continuidad educativa deben responder a criterios técnicos y de protección, no a presiones políticas ni a discursos de rechazo hacia colectivos vulnerables.
La nota de Yay@flautas sitúa además el asunto en un marco más amplio, al afirmar que exigencias similares de Vox se estarían repitiendo en otros acuerdos con el PP en distintas comunidades. El colectivo considera que, si se utiliza a menores como moneda de cambio política, se estarían comprometiendo derechos fundamentales y generando un precedente especialmente grave.
El caso queda ahora pendiente de la respuesta judicial. El juzgado deberá decidir si admite la denuncia, si abre diligencias y qué documentación o declaraciones considera necesarias para aclarar los hechos. Mientras tanto, la denuncia del colectivo pone de nuevo sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar la negociación política cuando lo que está en juego son menores bajo tutela pública.
La Región de Murcia necesita un debate sereno, riguroso y garantista sobre sus recursos de protección de menores. Ese debate debe estar alejado tanto de la propaganda como de la estigmatización. Los niños y niñas acogidos no son un problema de orden público ni una herramienta de confrontación partidista. Son menores bajo responsabilidad de la administración, y cualquier decisión que afecte a su vida, sus vínculos, su escolarización y su futuro debe estar guiada por criterios técnicos, legales y humanos.
La denuncia de Yay@flautas no cierra el caso, pero sí obliga a formular preguntas incómodas: qué motivó los traslados, qué informes técnicos los avalaron, qué papel tuvieron los acuerdos políticos, cómo se garantizó la escolarización, qué seguimiento se hizo de cada menor y si las decisiones adoptadas respetaron plenamente sus derechos. Esas respuestas, si el juzgado decide investigar, serán esenciales para determinar si hubo una actuación ajustada a derecho o si, como sostiene el colectivo denunciante, los menores fueron utilizados como peaje político en un pacto entre PP y Vox.
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