«¿Estaba el territorio preparado para resistir un incendio de estas características? No, la suerte es que no se haya producido antes»
Tras el incendio de Los Garres en Murcia, volvemos a escuchar el mismo discurso de siempre. Felicitaciones a los equipos de extinción, balance de daños, promesas de recuperación y declaraciones institucionales sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio natural. Todo ello es necesario. Pero también es insuficiente.
Porque los incendios no empiezan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando las políticas de prevención desaparecen de las prioridades públicas, cuando la gestión forestal se abandona, cuando el monte acumula combustible año tras año y cuando la planificación cede ante la improvisación.
Las imágenes de las laderas calcinadas son el resultado visible de un fuego. Lo que no se ve en las fotografías son años de falta de inversión, de ausencia de una estrategia seria de prevención y de una visión política que sigue destinando muchos más recursos a apagar incendios que a evitar que se produzcan o que alcancen dimensiones catastróficas.
Por supuesto, es imprescindible investigar el origen de este incendio. La sociedad tiene derecho a conocer cómo comenzó y si existieron responsabilidades. Si hubo una acción intencionada, estaremos ante un atentado contra el medio ambiente y contra la seguridad de los ciudadanos que merece toda la contundencia de la ley. Si hubo negligencia, también deberán asumirse las consecuencias correspondientes.
Pero limitar el debate a la búsqueda de un responsable individual sería una forma cómoda de evitar responsabilidades colectivas e institucionales.
Un terreno tan próximo al núcleo urbano debe estar más protegido ¿estaba el territorio preparado para resistir un incendio de estas características? No, la suerte es que no se haya producido antes.
Cada verano se repite el mismo patrón. Miles de hectáreas de monte abandonado, escasez de tratamientos selvícolas, falta de mantenimiento de cortafuegos, insuficiente aprovechamiento de la biomasa y una creciente interfaz urbano-forestal donde viviendas y vegetación conviven en condiciones de alto riesgo. Después llegan las altas temperaturas, el viento. El resultado es conocido.
La lucha contra los incendios no puede basarse únicamente en desplegar más medios cuando el fuego ya está fuera de control. La verdadera política ambiental se mide durante el invierno, la primavera y los años en los que no hay titulares ni cámaras. Se mide en la prevención, en la ordenación del territorio y en la inversión sostenida.
Resulta difícil aceptar que, en pleno siglo XXI y con décadas de experiencia acumulada, sigamos reaccionando ante los incendios como si fueran fenómenos imprevisibles. No lo son. Sabemos dónde existen riesgos, conocemos los factores que favorecen los grandes incendios y disponemos de conocimiento técnico suficiente para reducir su impacto. Lo que con frecuencia falta es voluntad política para actuar antes de que ocurra la tragedia.
Por eso, la investigación de las causas del incendio de Los Garres debe llegar hasta el final. Pero la investigación pública no debería detenerse en el punto donde comenzó el fuego. También debería preguntarse qué políticas de prevención se han desarrollado, cuáles se han abandonado y qué decisiones han contribuido a que un incendio pudiera convertirse en una amenaza para el monte, para las viviendas y para la población.
Cuando las llamas se extingan y desaparezcan las portadas, quedará una pregunta esencial ¿va servir de algo lo ocurrido o volveremos a esperar al próximo incendio para lamentarnos de nuevo?
La protección del medio ambiente exige perseguir a quienes destruyen el monte. Pero exige también exigir responsabilidades a quienes, pudiendo prevenir parte del desastre, han convertido la prevención en la gran ausente de la política medioambiental.
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