La investigación publicada en la REIS concluye que la irregularidad no se asocia a más criminalidad y señala pobreza, exclusión y urbanización
Un estudio publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas cuestiona la narrativa que vincula de forma automática inmigración y delincuencia en España y reclama que el debate público se base en datos, no en percepciones, prejuicios o discursos políticos simplificados. La investigación, firmada por Jesús Javier Sánchez Barricarte y centrada en el periodo 2007-2023, analiza aproximadamente 5,6 millones de delitos con sentencia condenatoria firme y concluye que la presencia de población extranjera no muestra una asociación robusta con las tasas provinciales de delincuencia cuando se incorporan al análisis variables demográficas, sociales y territoriales.
El trabajo resulta especialmente relevante en un contexto de creciente polarización sobre inmigración, seguridad e integración. Frente a los mensajes que presentan la llegada de población extranjera como una amenaza directa para la convivencia, el informe apunta a una realidad mucho más compleja: la edad, el sexo, la pobreza, la exclusión social, el acceso a servicios, la urbanización y determinados sesgos institucionales influyen de forma decisiva en los datos de delincuencia.
La investigación no niega que existan diferencias en las tasas de condenas entre población española y extranjera, pero advierte de que utilizar esos datos sin contexto puede conducir a conclusiones engañosas. Uno de los resultados centrales es que la brecha entre españoles y extranjeros se reduce un 48,3% cuando las tasas se estandarizan por edad y sexo. Es decir, casi la mitad de la diferencia observada se explica por la distinta composición demográfica: la población extranjera es, en general, más joven y presenta una mayor proporción de hombres, dos factores asociados estadísticamente a mayores tasas delictivas.
El estudio también introduce una advertencia metodológica clave: no es lo mismo extranjero que inmigrante. Las estadísticas oficiales de condenados recogen la nacionalidad de la persona condenada, pero no siempre permiten diferenciar entre residentes con arraigo, turistas, personas en estancia temporal o integrantes de redes delictivas transnacionales. Esa limitación puede sobrerrepresentar determinadas tasas si se atribuyen a la inmigración hechos cometidos por personas extranjeras que no forman parte de la población inmigrante residente.
La irregularidad no aparece asociada a más delincuencia
Uno de los datos más significativos del informe es que no se encuentra evidencia de una asociación positiva entre inmigración irregular y delincuencia. Según el análisis, entre 2017 y 2023 el peso de la población extranjera en situación administrativa irregular aumentó un 345%, mientras que la tasa estandarizada de delincuencia total de los extranjeros descendió un 2%. Los incrementos observados en homicidios, delitos contra la libertad sexual y lesiones fueron muy inferiores a ese aumento de la irregularidad.
Este resultado cuestiona uno de los argumentos más habituales en el debate político: la identificación de inmigración irregular con inseguridad. El informe sostiene que la mayor proporción de personas en situación irregular no se ha traducido, según los datos disponibles, en un aumento de la tasa total de delincuencia de ese colectivo.
La investigación va más allá y plantea que las políticas de regularización pueden contribuir a reducir conductas delictivas al facilitar el acceso al mercado laboral formal, mejorar la estabilidad económica y social y reducir la marginalidad. En esa línea, el estudio recoge investigaciones previas que han estimado descensos de delitos tras procesos de regularización migratoria en otros contextos, además de recordar el impacto positivo de la regularización de 2005 en España sobre ingresos, condiciones laborales y cotizaciones.
El trabajo defiende que la regularización no debe entenderse como una renuncia al control de fronteras, sino como una herramienta pragmática para abordar una realidad estructural. El informe sostiene que mantener durante largos periodos a personas en situación irregular puede alimentar la economía sumergida, la vulnerabilidad social y la precariedad, factores que sí aparecen relacionados con mayores riesgos de exclusión y determinados delitos de supervivencia.
También subraya un dato que suele quedar fuera del discurso público: en 2023, el 87% de los extranjeros en situación irregular en España era originario de países iberoamericanos, en su mayoría personas que entraron legalmente como turistas y prolongaron su estancia más allá del tiempo autorizado. Esta información contrasta con la imagen recurrente que asocia la irregularidad casi exclusivamente a la frontera sur, las pateras o los cayucos.
Pobreza, ciudad y exclusión pesan más que el origen
El informe insiste en que la delincuencia no puede explicarse por la condición migratoria en sí misma. Los modelos utilizados por el autor identifican como predictores más consistentes factores como la urbanización y la edad media, mientras que el porcentaje global de población extranjera no aparece como una variable independiente robusta en la tasa provincial de delincuencia.
La concentración urbana es un elemento relevante. La delincuencia suele ser más elevada en áreas urbanas que en zonas rurales por factores como la densidad de población, el anonimato, la desorganización comunitaria o la existencia de mayores oportunidades delictivas. Según el estudio, la población extranjera vive en mayor proporción en ciudades de más de 50.000 habitantes, lo que puede influir en la lectura de las tasas si no se controla adecuadamente.
La pobreza y la marginación aparecen también como factores explicativos de primer orden. El informe recuerda que las personas en situación de pobreza, con independencia de su origen, nacionalidad o estatus legal, tienen mayores dificultades de acceso al empleo, la vivienda o la educación, lo que incrementa el riesgo de incurrir en determinados delitos de supervivencia. La correlación que el estudio muestra entre menores ganancias medias y mayores tasas de delincuencia apunta en esa dirección, aunque el propio trabajo advierte de que se trata de asociaciones ecológicas y no de inferencias causales firmes.
El acceso a servicios sociales, vivienda, sanidad y asistencia aparece igualmente como un factor de protección. La investigación señala que las barreras en el acceso a servicios esenciales pueden estar más relacionadas con la mayor incidencia delictiva observada en algunos grupos que la propia condición migratoria.
El estudio también menciona sesgos institucionales que pueden influir en las estadísticas. Entre ellos, el perfilado étnico en identificaciones policiales, las dificultades de acceso a una defensa adecuada, la falta de intérpretes cualificados o la aceptación de acuerdos de culpabilidad sin plena comprensión de sus consecuencias. Estos factores pueden contribuir a una sobrerrepresentación de personas extranjeras en las estadísticas penales.
A la vez, el informe advierte de que parte de la delincuencia autóctona puede estar infrarrepresentada, especialmente en delitos de cuello blanco como fraude financiero, corrupción o evasión fiscal, más difíciles de perseguir y con menor presencia en las condenas frente a delitos callejeros o visibles.
Un informe útil frente al uso político del miedo
La investigación no ofrece una lectura complaciente ni niega la existencia de retos reales. De hecho, recoge diferencias significativas en ámbitos como violencia contra las mujeres, delitos sexuales y delitos de odio vinculados a orientación sexual e identidad de género. También apunta a la necesidad de reforzar políticas de integración cultural, igualdad, convivencia y prevención.
Pero el mensaje central es claro: los datos no avalan una explicación simple que atribuya la delincuencia a la inmigración como fenómeno homogéneo. Hay una enorme diversidad entre grupos de origen, trayectorias migratorias, situaciones administrativas, niveles de integración, condiciones laborales, acceso a vivienda y contextos urbanos. Convertir esa complejidad en un eslogan de miedo supone, según la lógica del estudio, empobrecer el debate público y alimentar respuestas políticas ineficaces.
El informe resulta especialmente valioso porque sitúa la discusión sobre seguridad en el terreno de la evidencia. No plantea que la inmigración deba quedar fuera del análisis, sino que debe analizarse bien: con variables demográficas, contexto social, datos estandarizados y prudencia metodológica. La comparación de tasas brutas entre poblaciones con estructuras distintas puede generar titulares fáciles, pero no explica la realidad.
La conclusión del trabajo es contundente: no hay prueba de que la condición migratoria, por sí misma, explique los niveles delictivos una vez consideradas las diferencias demográficas y contextuales. La evidencia apunta, más bien, a factores estructurales e institucionales.
En una España en la que la inmigración seguirá siendo una cuestión central por razones demográficas, laborales y sociales, estudios como este obligan a elevar el nivel del debate. La seguridad ciudadana no se protege con estigmas ni con discursos que confunden correlaciones, nacionalidades y realidades migratorias. Se protege con políticas públicas basadas en datos, integración social, reducción de la pobreza, acceso a derechos, prevención, convivencia y una administración capaz de distinguir entre problemas reales y relatos políticos construidos sobre el miedo.
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