El PSOE sostiene que la sentencia evidencia vulneración del derecho de defensa y suma otro revés judicial a la gestión del anterior gobierno del PP
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Murcia ha declarado no ajustada a derecho la expulsión de Luis Reina Marchán como voluntario de Protección Civil de Alhama de Murcia y ha obligado al Ayuntamiento a restituirlo de forma inmediata en la Agrupación, según la información difundida por el PSOE alhameño. La resolución, siempre de acuerdo con la versión trasladada por los socialistas, aprecia que durante la tramitación del expediente disciplinario se vulneró su derecho fundamental de defensa al impedirle practicar pruebas consideradas esenciales.
La sentencia supone un nuevo episodio judicial en torno a la gestión de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil durante el anterior mandato municipal, presidido por María Cánovas, del Partido Popular. El PSOE interpreta el fallo como la confirmación de las denuncias que realizó durante la pasada legislatura sobre el trato dispensado a varios voluntarios y sobre la forma en la que se tramitaron determinados expedientes disciplinarios.
El concejal socialista Felipe García ha afirmado que esta resolución constituye “la gota que colma el vaso de la vergüenza del Partido Popular” y sostiene que los pronunciamientos judiciales conocidos en los últimos meses demuestran que las advertencias del PSOE sobre Protección Civil “no eran una invención”. Según García, “los varapalos judiciales demuestran que el calvario y el maltrato institucional sufrido por los voluntarios de Protección Civil no era una invención del PSOE. Era una realidad”.
La resolución afecta directamente a Luis Reina, excoordinador de Protección Civil, cuya expulsión queda anulada. El PSOE asegura que el actual Gobierno municipal procederá a su reincorporación inmediata en cumplimiento de la sentencia. La decisión judicial, según la nota socialista, no cuestiona únicamente el resultado final del expediente, sino las garantías del procedimiento seguido para apartarlo de la Agrupación.
El PSOE vincula la sentencia a otros expedientes anulados
Para el PSOE de Alhama, el caso de Luis Reina no puede analizarse como un episodio aislado. La formación lo enmarca en una cadena de decisiones judiciales que, según sostiene, han ido desmontando actuaciones impulsadas durante el anterior gobierno municipal del PP en relación con Protección Civil.
Uno de los antecedentes citados por los socialistas es la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 2 de diciembre de 2025, que, siempre según la nota del PSOE, confirmó una condena por un delito leve de lesiones al entonces jefe de la Agrupación, José Morales, tras los incidentes registrados durante unas jornadas de Protección Civil celebradas en la Casa de la Cultura el 2 de marzo de 2024.
La nota socialista recoge que aquel episodio se produjo cuando se impidió el acceso a Bartolomé Acosta y que la sentencia incluyó expresiones atribuidas a Morales durante el incidente. Felipe García ha definido aquel caso como “el bochorno de la Casa de la Cultura” y lo ha vinculado a un clima de enfrentamiento interno que, a su juicio, habría deteriorado la convivencia dentro de una agrupación que durante años había funcionado como un servicio voluntario de referencia en el municipio.
El PSOE también recuerda otro pronunciamiento judicial de 15 de enero de 2026, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 anuló una sanción administrativa de 601 euros impuesta a Bartolomé Acosta. Según los socialistas, el magistrado concluyó entonces que el Ayuntamiento había vulnerado su derecho de defensa al impedir la práctica de pruebas propuestas por el interesado.
Ese elemento conecta directamente con la sentencia sobre Luis Reina: en ambos casos, según la versión difundida por el PSOE, el problema de fondo estaría en la tramitación de expedientes sancionadores sin respetar plenamente las garantías de defensa. La formación socialista subraya que también en los procedimientos administrativos deben observarse los derechos constitucionales y que una Administración no puede construir expedientes disciplinarios dejando sin posibilidad real de defensa a las personas afectadas.
El caso del chaleco y la fractura de Protección Civil
Felipe García ha situado dentro de esa misma cadena el conocido como ‘caso del chaleco’, referido a una sanción tramitada contra Bartolomé Acosta por utilizar un chaleco de Protección Civil para auxiliar a un motorista gravemente herido tras un accidente de tráfico. Según la nota socialista, aquella sanción fue firmada el 29 de agosto de 2024 por la Concejalía de Seguridad, entonces dirigida por Miriam Díaz.
El edil socialista ha calificado aquel episodio como “el más revelador de la crueldad institucional del PP” y ha acusado al anterior Gobierno local de convertir un gesto de auxilio en un expediente disciplinario. “Lo que para cualquier ciudadano era un gesto de humanidad, para María Cánovas y Miriam Díaz se convirtió en un expediente disciplinario”, ha denunciado García.
De acuerdo con la información trasladada por el PSOE, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 suspendió cautelarmente la ejecución de esa sanción el 15 de enero de 2025, antes de celebrarse el juicio sobre el fondo del asunto. Los socialistas añaden que el propio Ayuntamiento terminó reconociendo por escrito que no se oponía a dicha suspensión cautelar.
La acumulación de estos episodios ha llevado al PSOE a hablar de una “auténtica purga” contra personas que llevaban años prestando servicio voluntario en Protección Civil. García sostiene que se “sembró el odio”, se rompió la Agrupación y se enfrentó a unos voluntarios contra otros, provocando una fractura interna en una institución que, por su naturaleza, debería estar centrada en la prevención, la emergencia, la colaboración ciudadana y el servicio público.
El concejal socialista rechaza que la responsabilidad pueda descargarse exclusivamente en funcionarios o instructores de los expedientes. Según su planteamiento, aunque los informes técnicos puedan proponer actuaciones, las decisiones sancionadoras y las resoluciones políticas corresponden a la Concejalía de Seguridad y a la Alcaldía. “Los informes pueden proponer, pero quien sanciona y quien firma las resoluciones es la concejalía de Seguridad y la Alcaldía. Esa responsabilidad política es ineludible”, ha afirmado.
El actual Gobierno anuncia la reincorporación inmediata
El PSOE asegura que el actual Gobierno municipal ya ha restituido a todos los voluntarios que fueron apartados injustamente y que manifestaron su voluntad de continuar prestando servicio. En esa línea, ha anunciado que Luis Reina será reincorporado de inmediato a Protección Civil en cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7.
La formación también vincula esta etapa a la aprobación de un nuevo Reglamento Municipal de Protección Civil, que, según Felipe García, busca “blindar jurídicamente a los voluntarios” y evitar que puedan repetirse prácticas como las que el PSOE atribuye al anterior mandato. El objetivo declarado es reforzar las garantías internas de la Agrupación y asegurar que cualquier procedimiento se tramite con respeto a los derechos de las personas afectadas.
El caso tiene una dimensión política evidente en Alhama de Murcia. Protección Civil no es solo una estructura de voluntariado: participa en emergencias, eventos, dispositivos preventivos y situaciones de riesgo, y su funcionamiento depende en gran medida de la confianza interna, la coordinación y el reconocimiento institucional. Por eso, los conflictos disciplinarios acumulados durante los últimos años han tenido una repercusión que va más allá de las personas directamente afectadas.
El PSOE ha elevado el tono de la crítica contra la anterior alcaldesa María Cánovas y contra la exconcejal de Seguridad Miriam Díaz, a quienes exige responsabilidades políticas. García ha afirmado que Cánovas está “moralmente inhabilitada” para volver a dirigir el Ayuntamiento y ha pedido que ambas dirigentes pidan perdón a los voluntarios y ciudadanos que, según los socialistas, fueron injustamente perseguidos o sancionados.
Las acusaciones del PSOE se formulan en términos políticos y se apoyan en los pronunciamientos judiciales que la formación cita en su nota de prensa. No consta en la documentación remitida la versión del anterior Gobierno municipal del Partido Popular, de María Cánovas ni de Miriam Díaz sobre esta nueva sentencia ni sobre las valoraciones realizadas por Felipe García.
La resolución conocida ahora vuelve a situar el foco en las garantías de los procedimientos disciplinarios dentro de las administraciones locales. Más allá de la disputa política, el punto esencial es que, según el PSOE, la Justicia ha anulado la expulsión del excoordinador de Protección Civil por vulneración del derecho de defensa y ha ordenado su readmisión inmediata. Para Alhama, el fallo añade un nuevo capítulo a una crisis que durante años tensionó a una agrupación de voluntarios clave para la seguridad y la vida comunitaria del municipio.
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