Ni sinvergüenzas ni extorsionadores

El alcalde de Caravaca respondió con insultos y acusaciones graves a dos informaciones publicadas por LasNoticiasRM basadas en documentos oficiales del propio Ayuntamiento

Hay una forma muy sencilla de desacreditar una información incómoda sin responder a lo que revela: atacar a quien la publica. Convertir al periodista en sospechoso, presentar las preguntas como una amenaza y envolver los datos en una nube de insultos para que el ruido impida escuchar lo verdaderamente importante. Eso es exactamente lo que hizo el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, cuando fue preguntado en Caravaca Radio por las informaciones publicadas por LasNoticiasRM sobre el futuro contrato municipal del agua.

El alcalde podía haber discutido los cálculos. Podía haber explicado por qué el estudio de viabilidad incorpora una estructura tarifaria distinta a la vigente. Podía haber aclarado cómo se recuperará el canon anticipado de diez millones de euros destinado a deuda municipal. Podía haber detallado por qué el modelo económico dimensiona el servicio con 12,5 jornadas equivalentes cuando actualmente trabajan 17 personas. Podía, incluso, haber aportado documentos que corrigieran o desmintieran nuestras conclusiones.

Eligió otro camino.

Nos llamó “sinvergüenzas”, “extorsionadores”, “creadores de bulos”, “pseudomedio” y “colaboradores de las cloacas”. Aseguró que nos dedicamos a presionar por teléfono, que atacamos a las familias de los responsables municipales y que estaría demostrado que somos financiados por el PSOE. Llegó a insinuar que podríamos servir a alguna empresa interesada en la concesión del agua.

No presentó una sola prueba.

Las acusaciones no fueron una reacción privada, pronunciada en un momento de enfado dentro de una conversación informal. Se realizaron ante los micrófonos de una emisora local, desde la posición institucional que ocupa un alcalde y en respuesta a una pregunta sobre un contrato público de enorme trascendencia. No fueron únicamente expresiones desabridas. Se atribuyeron al medio conductas concretas y gravísimas: extorsionar, publicar falsedades deliberadas, recibir financiación política encubierta y actuar al servicio de intereses empresariales.

Nada de eso es cierto.

Las preguntas no eran extorsión, sino periodismo

Antes de publicar las informaciones sobre las tarifas y el empleo, LasNoticiasRM remitió preguntas concretas al alcalde y a la concejala responsable de Contratación. Se identificaron los documentos analizados, se expusieron los datos que pretendíamos contrastar y se ofreció al Ayuntamiento la posibilidad de incorporar su versión antes de la publicación.

Se preguntó, entre otras cuestiones, por la repercusión del canon sobre las tarifas, por las subidas previstas en el estudio económico y por la diferencia entre el personal que trabaja actualmente en el servicio y las jornadas contempladas en el modelo de la futura concesión.

También se indicó una hora de cierre para recibir la respuesta.

Eso no es extorsionar. Es trabajar.

Una extorsión exige una amenaza, una intimidación o una exigencia destinada a obtener un beneficio o forzar una conducta perjudicial. En nuestros mensajes no había dinero, favores, publicidad, contratos, concesiones, exigencias personales ni condición alguna para evitar la publicación. El Ayuntamiento podía contestar, no contestar, pedir más tiempo o remitirnos a los técnicos municipales. Lo único que se le ofrecía era algo elemental en cualquier información rigurosa: dar su versión.

El alcalde convierte ahora ese procedimiento ordinario de contraste en una supuesta maniobra de presión. El problema de esa interpretación no es únicamente que resulte ofensiva. Es que pretende criminalizar una de las obligaciones básicas del periodismo: preguntar a quienes ejercen el poder antes de publicar una información que les afecta.

La alternativa habría sido difundir los datos sin contactar con el Ayuntamiento. Entonces, probablemente, también se nos habría acusado de no haber recabado su versión.

No existe una forma de hacer periodismo que satisfaga a quien considera que cualquier pregunta incómoda constituye una agresión.

El alcalde afirmó además que habíamos atacado a su familia, a las familias de concejales y a sus negocios. Tampoco concretó qué noticia, qué frase o qué dato sostendría una acusación de ese alcance. Mezcló referencias vagas a publicaciones anteriores con el contrato del agua para construir la imagen de un medio que actúa por animadversión personal.

La realidad es bastante menos novelesca. LasNoticiasRM analiza documentos, pregunta, contrasta y publica. En ocasiones, esos documentos afectan a dirigentes políticos, empresas, familiares de cargos públicos o personas relacionadas con decisiones administrativas. Cuando esa relación es informativamente relevante, se cuenta con prudencia y se documenta. No existe un derecho de los responsables públicos a que su entorno quede fuera del escrutinio si aparece objetivamente conectado con asuntos de interés general. Tampoco existe, por supuesto, permiso alguno para inventar o atacar gratuitamente a nadie.

El alcalde no señaló una sola falsedad concreta de las noticias publicadas.

Los documentos dicen lo que dicen

La primera información reveló que el estudio económico de la futura concesión incorpora incrementos muy relevantes en diferentes conceptos tarifarios. En algunos casos, las subidas se aproximan o superan ampliamente el 20%, el 40%, el 60%, el 90% y, en determinados usos, el 126%.

El alcalde respondió que los primeros 18 metros cúbicos no se cobran y que esa franquicia se mantendrá. Esa explicación no desmiente nuestras informaciones.

La cuota fija existe. Los consumos por encima de la franquicia tienen precio. El propio estudio proyecta una nueva estructura tarifaria. Que se mantenga un tramo sin consumo variable no significa que el recibo no pueda subir. Presentar la franquicia como prueba de que las tarifas no se encarecerán es desviar el debate desde los números publicados hacia una afirmación parcial que nadie había negado.

Tampoco afirmó que los porcentajes fueran incorrectos. Se limitó a descalificar la alarma generada y a insistir en que el estudio contempla distintos escenarios.

Naturalmente que es un estudio de viabilidad. Precisamente por eso debe analizarse antes de que el contrato quede cerrado. Su función no es decorar el expediente, sino anticipar cómo puede funcionar económicamente la concesión, qué ingresos necesitará, qué costes asumirá y durante cuánto tiempo deberá explotarse el servicio.

Si los datos del estudio no tienen relevancia porque solo son escenarios, cabe preguntar para qué se encargó, por qué se incorpora al expediente y cómo se justifican con él los 25 años de concesión.

El alcalde garantizó también que no habrá una plantilla inferior a la actual y que el pliego obligará a subrogar a todos los trabajadores. Es una declaración importante y debe quedar registrada. Pero tampoco desmiente la información publicada.

LasNoticiasRM no afirmó que ya existiera una resolución de despido ni que cuatro trabajadores fueran a ser cesados de forma automática. Informamos de que el modelo económico reconoce 12,5 jornadas equivalentes frente a las 17 personas que prestan actualmente el servicio y de que esa diferencia podía poner en riesgo empleos o generar tensiones futuras sobre el coste de la plantilla.

La subrogación inicial no resuelve por sí sola el problema. Una empresa puede asumir a todos los trabajadores al comienzo y encontrarse después con que el estudio económico utilizado para construir la concesión no reconoce el coste completo de esa estructura laboral durante 25 años.

La pregunta sigue siendo válida: si todos continuarán y sus costes serán asumidos íntegramente, ¿por qué el estudio dimensiona económicamente el servicio con menos jornadas?

Responder a esa duda habría sido más útil que insultar al medio que la formuló.

El canon puede ser legal y seguir siendo cuestionable

El alcalde defendió que destinar diez millones de euros del canon a reducir deuda municipal “cabe” jurídicamente y constituye una oportunidad razonable. En ningún momento LasNoticiasRM afirmó que la mera existencia del canon fuera automáticamente ilegal.

La cuestión publicada era otra: quién acaba soportando económicamente ese canon, cómo se integra en la recuperación de costes de la concesionaria y hasta qué punto influye en las tarifas y en la duración del contrato.

El estudio denomina expresamente esa cantidad como canon destinado a deuda y no afecto al servicio. Sin embargo, su amortización forma parte de la estructura económica que deberá recuperar quien gestione el agua.

El alcalde tiene derecho a defender que utilizar la concesión para reducir deuda beneficia al municipio. Es una opción política. Pero los vecinos también tienen derecho a saber si esa operación se financiará, directa o indirectamente, con los recibos abonados durante los próximos 25 años.

No basta con afirmar que la deuda pertenece a todos los caravaqueños. También el agua pertenece a todos y constituye un servicio esencial. Precisamente por eso debe explicarse con especial claridad qué parte del dinero pagado por los usuarios financiará redes, averías, depuración, personal e inversiones, y qué parte permitirá al Ayuntamiento aliviar obligaciones ajenas al propio servicio.

El alcalde se refugió reiteradamente en la existencia de informes favorables de Intervención, de los servicios jurídicos y de Contratación. Esos informes tienen relevancia, pero no convierten cualquier decisión en indiscutible ni anulan el derecho de la prensa y de la oposición a analizar sus consecuencias económicas, sociales y laborales.

Legalidad, oportunidad y conveniencia no son sinónimos.

Un contrato puede superar los trámites administrativos y seguir mereciendo preguntas. Puede ajustarse formalmente a la ley y contener decisiones políticas discutibles. Puede contar con informes favorables y trasladar riesgos o costes a los usuarios. La fiscalización pública empieza precisamente donde termina la mera comprobación de que los papeles están firmados.

El recurso a las cloacas como cortina de humo

La parte más reveladora de las declaraciones no fue el enfado, sino la construcción deliberada de un enemigo.

LasNoticiasRM no sería un medio crítico, sino un “pseudomedio”. No publicaría investigaciones, sino “bulos”. No contrastaría información, sino que “extorsionaría”. No tendría una línea editorial, sino que estaría financiado por “las cloacas socialistas”. No analizaría un expediente, sino que actuaría al servicio de una empresa o de un partido.

Es una fórmula conocida. Cuando los documentos resultan incómodos, se intenta desacreditar al mensajero y atribuirle motivaciones ocultas. Así ya no es necesario discutir si el agua para obras sube un 126%, si el canon se recupera mediante los ingresos del servicio o si la plantilla del estudio es inferior a la actual. Todo queda reducido a una supuesta conspiración.

La expresión “cloacas” no es inocente. Busca situar al medio fuera del periodismo legítimo y convertir cualquier publicación posterior en material sospechoso antes incluso de ser leída. Es una estrategia de deshumanización profesional: quien pregunta deja de ser periodista y pasa a ser un agente oscuro al que no hay que responder.

Resulta además especialmente grave que un alcalde utilice esa posición de poder para desacreditar a un medio pequeño que carece de la estructura económica, jurídica y comunicativa de una administración pública. El Ayuntamiento dispone de gabinete, redes, medios institucionales, capacidad de convocatoria y presencia constante en espacios informativos locales. LasNoticiasRM dispone de documentos, preguntas y publicaciones.

Esa desigualdad debería exigir prudencia al responsable público, no fomentar el abuso retórico.

El alcalde aseguró también que “ningún medio normal” reproduce nuestras noticias. La legitimidad de una información no depende de que otros medios la copien. Depende de que esté documentada, sea veraz, se haya contrastado y tenga interés público.

La soledad no convierte un dato en falso. En ocasiones, solo demuestra que alguien decidió leer un expediente que otros no habían leído.

No vamos a aceptar que preguntar sea un delito

LasNoticiasRM no es neutral. Ningún medio lo es. Tiene una línea editorial crítica, progresista y comprometida con la transparencia, los servicios públicos y la rendición de cuentas. Eso no significa que sus informaciones sean inventadas ni que las preguntas respondan a instrucciones de un partido.

El medio no recibe dinero público del PSOE para fabricar noticias contra el alcalde de Caravaca. No trabaja para una empresa interesada en el contrato del agua. No exige pagos para dejar de publicar. No amenaza a responsables públicos ni a sus familias.

La acusación de extorsión es especialmente repugnante porque transforma el ejercicio del periodismo en una conducta criminal. No describe una opinión sobre nuestro estilo. Atribuye un comportamiento delictivo sin aportar hechos que lo sostengan.

Los mensajes enviados al Ayuntamiento demuestran exactamente lo contrario: identificación del asunto, exposición de los datos, preguntas concretas, solicitud de respuesta y ofrecimiento de incorporar la versión municipal.

Eso es lo que ocurrió.

Puede que al alcalde no le gustara el plazo. Puede que considerara equivocadas nuestras conclusiones. Puede que creyera que la noticia sobredimensionaba los riesgos. Todo eso podía decirlo. Lo que no debía hacer era inventar una trama de extorsión y financiación clandestina para evitar responder a unas preguntas perfectamente legítimas.

No somos infalibles. Podemos interpretar mal un documento, cometer errores o necesitar rectificaciones. Cuando se acredita un error, se corrige. Pero una cosa es discutir nuestro trabajo y otra atribuirnos delitos, llamarnos sinvergüenzas y presentarnos como integrantes de unas supuestas cloacas.

No vamos a dejar de publicar porque un alcalde se enfade.

No vamos a renunciar a preguntar por un contrato de 25 años.

No vamos a considerar intocable un estudio de viabilidad porque tenga informes favorables.

No vamos a aceptar que los plazos de cierre sean descritos como extorsión.

Y no vamos a permitir que una respuesta institucional a datos documentados consista en una sucesión de insultos destinados a destruir la credibilidad de este medio.

El alcalde de Caravaca puede desmentirnos con documentos. Puede comparecer, explicar, argumentar y aportar cifras. Puede incluso criticarnos con toda la dureza que considere necesaria. Esa es la libertad de expresión que también defendemos para quienes gobiernan.

Pero la libertad de expresión no convierte una falsedad en verdad ni una imputación grave en una simple salida de tono.

LasNoticiasRM publicó lo que encontró en la documentación municipal. Después pidió explicaciones. El Ayuntamiento decidió no responder antes de las publicaciones. Cuando el asunto llegó a la radio, el alcalde respondió atacando al medio.

El contrato del agua seguirá necesitando explicaciones. Las tarifas seguirán estando en el estudio. El canon seguirá siendo de diez millones de euros. La concesión seguirá prevista para 25 años. Y la diferencia entre la plantilla actual y la contemplada económicamente seguirá escrita en los documentos.

Los insultos no borran ninguna cifra. Con sus manifestaciones, el propio alcalde queda retratado. Fuera de lugar, y con un tono desmedido.

No somos sinvergüenzas. No somos extorsionadores. Somos un medio que hizo preguntas que el alcalde no quiso contestar y publicó documentos que prefería que nadie examinara con demasiado detenimiento. Quizás la realidad sea que. en el Partido Popular, no estén acostumbrados a esta forma de ejercer el periodismo.

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