El PSOE revela 4.402 contratos menores por 15,9 millones en seis meses y detecta señales de alerta en uno de cada nueve expedientes
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado que el Gobierno local del PP adjudicó 4.402 contratos menores por un importe total de 15,9 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a una media de unos 36 contratos “a dedo” por cada día laborable. Según el análisis presentado por el portavoz socialista, Ginés Ruiz, y el concejal Andrés Guerrero, los datos oficiales publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público reflejan un uso masivo de adjudicaciones sin concurso y señales de alerta en 501 expedientes, uno de cada nueve.
El PSOE sostiene que, de mantenerse este ritmo durante el segundo semestre, el Consistorio podría cerrar 2026 con cerca de 8.800 contratos menores y 31,8 millones de euros adjudicados sin concurso. Para los socialistas, estas cifras evidencian que la contratación menor ha dejado de utilizarse como una herramienta excepcional para necesidades puntuales y se ha convertido en una forma ordinaria de gestión municipal bajo el Gobierno del PP.
“Estamos ante una práctica que ha dejado de ser excepcional. El equipo de Gobierno del PP ha convertido los contratos a dedo en una forma habitual de gestionar el Ayuntamiento de Murcia”, ha denunciado Ginés Ruiz.
El contrato menor permite adjudicar directamente una obra, un servicio o un suministro sin concurso, publicidad ni competencia entre empresas. La Ley de Contratos del Sector Público reserva esta figura para necesidades puntuales y de importe reducido, con límites de 15.000 euros para servicios y suministros y de 40.000 euros para obras, sin IVA. Su uso no es ilegal por sí mismo, pero la ley exige que no se utilice para trocear artificialmente necesidades recurrentes ni para evitar procedimientos abiertos.
Ese es precisamente el núcleo de la denuncia socialista. El PSOE afirma que buena parte de las necesidades cubiertas por contratos menores son previsibles, reiteradas y deberían planificarse mediante licitaciones con publicidad y competencia. Entre los ejemplos citados por Ruiz aparecen trabajos de mantenimiento, asfaltado, eventos, sonido o cartelería.
“Los trabajos de mantenimiento, asfaltado, eventos, sonido o cartelería no son imprevistos cuando se repiten de forma constante. Cubrir necesidades habituales mediante contratos menores encadenados supone un uso desviado de una figura que la ley concibe como excepcional”, ha remarcado el portavoz socialista.
Un semestre con 15,9 millones adjudicados sin concurso
El volumen de contratación menor detectado por el PSOE coloca el foco sobre la planificación del Ayuntamiento de Murcia. En apenas seis meses, según los socialistas, el Gobierno municipal ha adjudicado mediante esta vía el mismo valor que el anterior Gobierno socialista formalizó en todo 2022. Para Ginés Ruiz, la comparación demuestra que es posible reducir el recurso a la contratación menor cuando existe una planificación adecuada de las necesidades municipales.
“Mientras el anterior Gobierno socialista recurrió mucho menos a la contratación menor, el PP ha disparado las adjudicaciones sin concurso hasta convertirlas en una práctica cotidiana”, ha señalado Ruiz.
La diferencia política entre ambos modelos se sitúa, según el PSOE, en la forma de gestionar el gasto público. Un contrato menor puede resultar útil para resolver una necesidad concreta, urgente o de pequeño importe. Pero cuando miles de expedientes se acumulan en pocos meses y determinados servicios se repiten de forma constante, la contratación menor empieza a revelar problemas de organización, previsión y control.
Los socialistas consideran que el Ayuntamiento debería licitar de forma abierta las necesidades recurrentes, de modo que las empresas puedan concurrir en igualdad de condiciones y el municipio obtenga mejores precios, más transparencia y mayor control sobre la ejecución. La adjudicación directa, en cambio, reduce la competencia y deja en manos del Gobierno municipal la selección de proveedores sin el mismo nivel de publicidad que un procedimiento ordinario.
La cifra de 15,9 millones de euros adjudicados en seis meses convierte el asunto en un problema de primer orden para la transparencia municipal. No se trata de expedientes aislados, sino de una práctica que, según el PSOE, afecta a millones de euros de dinero público y a cientos de proveedores. La contratación pública es una de las áreas más sensibles de cualquier administración porque determina cómo se reparten recursos públicos, qué empresas acceden a los encargos y qué controles existen para evitar abusos.
El PSOE insiste en que no cuestiona al servicio municipal de contratación ni a las empresas o personas adjudicatarias. La crítica se dirige al Gobierno municipal, al que atribuye la responsabilidad de planificar, tramitar correctamente y garantizar que las necesidades previsibles salgan a concurso.
Proveedores que acumulan contratos y posibles fraccionamientos
El análisis presentado por el concejal socialista Andrés Guerrero incorpora varios datos que elevan la preocupación. Según el PSOE, un solo proveedor recibió 83 contratos menores por un total de 329.185 euros en seis meses. Además, 23 empresas acumularon veinte o más contratos menores y 52 proveedores superaron los 40.000 euros adjudicados durante el semestre.
Estos datos no prueban por sí solos una irregularidad, pero sí constituyen señales de alerta que deberían activar controles internos. La acumulación de contratos menores en un mismo proveedor puede responder a encargos distintos y legalmente válidos, pero también puede indicar que una necesidad recurrente se está cubriendo mediante adjudicaciones sucesivas en lugar de mediante una licitación abierta.
El PSOE afirma haber detectado además 210 contratos cuya clasificación no coincide con la descripción de lo contratado. También identifica 82 adjudicaciones, agrupadas en ocho bloques de gasto, con posibles indicios de fraccionamiento. El fraccionamiento contractual es uno de los riesgos clásicos de la contratación menor: dividir artificialmente una prestación para que cada parte quede por debajo de los límites legales y evitar así un procedimiento con publicidad y concurrencia.
Entre los casos más llamativos, los socialistas señalan el de una misma persona física que acumuló 44 contratos por un valor total de 66.218 euros en seis meses. Según el análisis del PSOE, su nombre aparece escrito de tres formas distintas en los registros, lo que dificultaría detectar la acumulación de adjudicaciones.
A juicio de Guerrero, “una administración rigurosa debe identificar correctamente a cada proveedor y disponer de mecanismos que permitan controlar cuánto dinero acumula antes de aprobar una nueva adjudicación”.
El problema señalado por los socialistas no es menor. Si los registros no identifican de forma uniforme a proveedores que reciben contratos, el control público se debilita. La ciudadanía, la oposición y los propios órganos internos de fiscalización necesitan datos homogéneos para saber cuánto dinero recibe cada empresa o profesional, con qué frecuencia y por qué conceptos.
La transparencia en contratación pública no consiste solo en publicar expedientes, sino en hacerlo de forma clara, ordenada, accesible y reutilizable. Si para reconstruir los datos hay que descargar, depurar y cruzar miles de registros, el acceso formal a la información existe, pero el control real se dificulta.
El PSOE llevará el informe a Intervención
Los socialistas denuncian que el Ayuntamiento de Murcia no presenta estos datos de forma suficientemente clara, ordenada y accesible. Según han explicado, el grupo municipal ha tenido que localizar, descargar, depurar y cruzar miles de registros para poder elaborar el análisis. Para el PSOE, esa tarea debería hacerla el propio Ayuntamiento y ponerse a disposición de la ciudadanía de manera comprensible.
“Esta información debería ofrecerla el propio Ayuntamiento de manera comprensible, no puede ser la oposición la que tenga que reconstruir los datos para que la ciudadanía conozca cómo se adjudican millones de euros de dinero público”, han señalado.
El Grupo Municipal Socialista trasladará el informe a la Intervención municipal y valorará su remisión al Tribunal de Cuentas y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Además, reclamará que las necesidades recurrentes salgan a concurso, que se refuercen los controles sobre la acumulación de contratos por proveedor y que se garantice una mayor transparencia en la contratación municipal.
La decisión de llevar el informe a Intervención busca que los órganos de control interno del Ayuntamiento examinen las señales de alerta detectadas. La Intervención municipal tiene un papel esencial en la fiscalización del gasto público y en la comprobación de que los expedientes se ajustan a la normativa aplicable. Si el PSOE decide remitir la documentación a otros organismos, el caso podría escalar también al ámbito estatal de supervisión y control externo.
La contratación menor es una herramienta legítima cuando se utiliza correctamente, pero su abuso erosiona la confianza ciudadana. Cada contrato adjudicado sin concurso reduce la posibilidad de que otras empresas compitan, limita la publicidad del procedimiento y exige una justificación especialmente cuidadosa por parte de la administración. Cuando las cifras se disparan, el debate deja de ser técnico y pasa a ser político.
El Ayuntamiento de Murcia gestiona un volumen muy elevado de servicios, obras, actividades y suministros. Esa complejidad puede explicar la existencia de numerosos contratos de pequeño importe, pero no elimina la obligación de planificar. Si determinadas necesidades se repiten cada año o cada pocos meses, deben anticiparse y licitarse mediante procedimientos que garanticen competencia y transparencia.
Ginés Ruiz ha cerrado su denuncia subrayando que la responsabilidad última corresponde al Gobierno municipal. “No se cuestiona ni al servicio de contratación ni a las empresas ni a las personas adjudicatarias. La responsabilidad de planificar, tramitar correctamente y garantizar la transparencia corresponde al Gobierno municipal. El dinero de los murcianos exige control, competencia y explicaciones”, ha afirmado.
El informe socialista abre un nuevo frente sobre la gestión del PP en el Ayuntamiento de Murcia. La cifra de 4.402 contratos menores en seis meses, los 15,9 millones adjudicados sin concurso y las 501 señales de alerta detectadas plantean una pregunta de fondo: si muchas de esas necesidades eran previsibles, ¿por qué no se licitaron con publicidad, competencia y control desde el principio?
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