Miguel Ortega denuncia que el decreto reduce la protección pública, elimina límites de precio y no abarata alquileres ni compra
El diputado regional socialista Miguel Ortega ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de convertir su decreto de vivienda en “un pelotazo urbanístico disfrazado de política social”. El parlamentario sostiene que la norma, convalidada en la Asamblea Regional, no garantiza viviendas más asequibles para jóvenes y familias, no amplía de forma permanente el parque público y abre la puerta a operaciones privadas sobre suelo destinado inicialmente a fines sociales.
Ortega ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya presentado durante el último año el decreto como la principal respuesta al encarecimiento de la vivienda en la Región de Murcia. Según el diputado, las medidas aprobadas no incluyen mecanismos suficientes para reducir los precios de compra, limitar los alquileres o facilitar la emancipación juvenil.
El representante del PSOE considera que la norma vuelve a confiar la solución del problema al mercado privado y a la flexibilización urbanística, pese a que el Gobierno regional no habría promovido ninguna nueva promoción pública de vivienda durante los últimos nueve años. A su juicio, construir más inmuebles no garantiza por sí solo que puedan ser adquiridos o alquilados por las personas con rentas medias y bajas.
“El decreto de vivienda del Gobierno regional es un pelotazo urbanístico más de López Miras disfrazado de política social”, ha afirmado Ortega. Según su valoración, la norma está diseñada para favorecer operaciones sobre grandes bolsas de suelo urbano, especialmente en las principales ciudades, sin asegurar que el resultado sea una oferta realmente asequible.
El PSOE votó en contra de la convalidación del decreto. Ortega ha defendido que su grupo no se opone a aumentar la construcción, pero exige que las nuevas promociones respondan a las necesidades sociales y mantengan sus condiciones de protección durante toda su vida útil.
“Nosotros no estamos en contra de construir más viviendas, estamos a favor, pero queremos construirlas para que la gente pueda pagarlas, no para que se haga negocio”, ha explicado el diputado socialista.
La vivienda protegida podría venderse antes y sin precio máximo
La principal crítica del PSOE se dirige a las modificaciones introducidas en el régimen de la vivienda protegida. Ortega denuncia que PP y Vox han reducido de diez a cinco años el periodo mínimo que debe transcurrir antes de permitir determinadas transmisiones y que han eliminado el precio máximo de compra.
El diputado ha denominado este modelo “vivienda protegida especulativa”, al considerar que los inmuebles pueden beneficiarse inicialmente de suelo o condiciones públicas y terminar incorporándose al mercado privado en un plazo reducido.
“El PP y Vox han creado una nueva tipología de vivienda: la vivienda protegida especulativa, bajando el periodo mínimo de venta de diez a cinco años y eliminando el precio máximo de compra”, ha declarado Ortega.
El PSOE defiende que las viviendas levantadas sobre suelo público deben conservar permanentemente su carácter público o protegido. Para los socialistas, permitir su descalificación o transmisión posterior implica perder patrimonio colectivo y obliga a las administraciones a comenzar de nuevo cada vez que necesitan atender la demanda residencial.
“Si el suelo es público, la vivienda debe seguir siendo pública siempre”, ha insistido el parlamentario.
Ortega cuestiona también que la norma garantice la creación de un parque público estable. Según ha explicado, el decreto deposita la iniciativa principalmente en promotores privados y no establece una política autonómica suficientemente ambiciosa de construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles públicos destinados al alquiler asequible.
El diputado considera que la protección temporal no resuelve un problema estructural. Si las viviendas dejan de estar sometidas a límites de precio después de unos años, la Administración pierde capacidad para intervenir en el mercado y las futuras generaciones dejan de disponer de ese patrimonio residencial.
La formación socialista sostiene que el objetivo debe ser aumentar la oferta pública de forma acumulativa. Cada promoción financiada con recursos o suelo de titularidad pública debería incorporarse de manera permanente a una red regional de viviendas asequibles, evitando que termine siendo vendida a precio libre.
Ortega ha afirmado que el decreto no incluye topes eficaces para los alquileres ni ayudas suficientes para quienes no pueden afrontar la entrada de una vivienda. También critica que no garantice una reducción inmediata de los precios, pese a haber sido presentado como una solución urgente.
“Con esta ley, ni vivienda pública que baje el precio, ni tope de precios para que los alquileres se puedan pagar, ni ayudas para poder comprar”, ha resumido el representante socialista.
El PSOE enmarca esta posición en el derecho constitucional a una vivienda digna. Ortega sostiene que las políticas públicas deben priorizar a las familias con dificultades y a los jóvenes que no pueden emanciparse, en lugar de facilitar la rentabilidad de operaciones inmobiliarias.
La acusación de “pelotazo urbanístico” forma parte de la valoración política realizada por el diputado socialista. La nota remitida por el PSOE no incorpora la respuesta del Gobierno regional, del Partido Popular o de Vox a estas críticas.
El PSOE responsabiliza al Gobierno regional de la escalada de precios
Ortega ha relacionado el decreto con la evolución reciente del mercado inmobiliario en la Región de Murcia. El diputado asegura que la comunidad se encuentra entre los territorios donde más se ha encarecido la vivienda y atribuye esta situación a la ausencia de una política pública suficiente durante los años de Gobierno de López Miras.
“El precio de la vivienda en la Región se ha disparado y es la comunidad autónoma en la que más sube”, ha señalado. A partir de esa afirmación, el parlamentario cuestiona que la solución planteada por el Ejecutivo consista en profundizar en las mismas políticas de liberalización y colaboración con operadores privados.
Según Ortega, el Gobierno regional lleva nueve años sin construir una promoción pública propia. La formación socialista sostiene que esa falta de inversión ha reducido la capacidad de la Administración para ofrecer alquileres asequibles, intervenir sobre los precios y atender las necesidades de colectivos vulnerables.
El diputado considera que el problema de la vivienda no puede resolverse exclusivamente aumentando la edificabilidad o acelerando trámites urbanísticos. Aunque una mayor oferta puede contribuir a aliviar la presión, el PSOE defiende que debe ir acompañada de vivienda pública, límites de precio y garantías sobre el destino de los inmuebles.
“Este decreto vuelve a poner el foco donde nunca debería estar: en facilitar el negocio y la especulación, en lugar de facilitar vivienda a quien la necesita”, ha afirmado Ortega.
La crítica socialista pone el acento en las grandes bolsas de suelo existentes en las principales ciudades. El diputado teme que la flexibilización prevista permita desarrollar proyectos rentables para propietarios y promotores sin asegurar que los precios finales se ajusten a la capacidad económica de la población.
“Sirve para favorecer algún pelotazo urbanístico de algunos señores que tengan bolsas de suelo en las grandes ciudades. Está perfectamente diseñado para hacer negocio”, ha sostenido.
Ortega acusa además a López Miras de haber generado expectativas durante un año en torno a una norma que, según el PSOE, no responde a las necesidades anunciadas. El parlamentario considera que el decreto se ha presentado como una solución social cuando sus efectos principales beneficiarán a operadores privados.
El PSOE reclama una estrategia diferente basada en promociones públicas permanentes, alquiler asequible, ayudas directas y conservación del patrimonio residencial financiado por las administraciones. También defiende que las viviendas protegidas mantengan límites de precio y no puedan convertirse rápidamente en activos del mercado libre.
La formación sostiene que la emancipación juvenil requiere salarios suficientes, alquileres accesibles y una oferta pública estable. Sin estas condiciones, el aumento de promociones privadas puede no beneficiar a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Ortega ha concluido que el decreto no garantiza el derecho a la vivienda ni corrige la escalada de precios. Para el diputado, la norma representa una oportunidad perdida para construir un parque público permanente y establecer límites que eviten que el suelo público termine alimentando operaciones especulativas.
El PSOE mantendrá su oposición al modelo aprobado por PP y Vox y seguirá defendiendo que cualquier vivienda construida sobre suelo público conserve de forma indefinida su función social. Según Ortega, solo así podrá evitarse que los recursos colectivos terminen generando beneficios privados sin resolver el problema de acceso que afecta a miles de familias y jóvenes de la Región de Murcia.
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