Los socialistas alertan de subidas de hasta el 126,8%, un canon para deuda municipal y cuatro empleos en riesgo
El Grupo Municipal Socialista de Caravaca de la Cruz ha reclamado al Gobierno local que revise el estudio económico de la futura concesión del agua después de que LasNoticiasRM revelara en exclusiva las subidas tarifarias, las dudas jurídicas sobre el canon de 10 millones de euros y el posible impacto del contrato sobre la plantilla actual.
La comparecencia del PSOE recoge varios de los datos publicados previamente por este medio tras analizar el estudio de viabilidad, la propuesta de estructura de costes y el resto de la documentación sometida a exposición pública por el Ayuntamiento. Entre ellos figuran incrementos de hasta el 126,8% en determinados usos, una plantilla dimensionada en 12,5 jornadas equivalentes y una concesión de 25 años cuyo modelo económico incorpora un canon anticipado destinado a deuda municipal y declarado expresamente como no afecto al servicio.
Los socialistas piden rehacer el análisis económico, comprobar la justificación de la duración del contrato y explicar cuánto terminarán pagando los usuarios. La formación aclara que no cuestiona con carácter general la legalidad de establecer un canon concesional, pero sostiene que el debate debe centrarse en su destino y en la forma en que será recuperado por la futura empresa adjudicataria.
“El debate no es si existe un canon; el debate es quién termina pagándolo”, resume el Grupo Municipal Socialista.
La documentación analizada por LasNoticiasRM incorpora un canon anticipado de 10 millones de euros denominado “Canon Deuda No Afecto”, vinculado a la cobertura de deuda municipal y no directamente a la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento. El estudio prevé que la concesionaria recupere esta cantidad durante los 25 años del contrato, integrándola dentro de la estructura económica sostenida por los ingresos tarifarios.
A los 10 millones se añade el impuesto asociado a la operación. Según los cálculos publicados por este medio, la amortización anual del canon ascendería a 400.000 euros, a los que se sumarían 27.725,51 euros anuales por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La carga total alcanzaría así 427.725,51 euros cada año y más de 10,69 millones durante toda la concesión.
El PSOE considera imprescindible que el Ayuntamiento aclare si esa carga económica terminará repercutiéndose en los recibos. “Nosotros no estamos diciendo que el canon sea ilegal. Lo que preguntamos es algo mucho más sencillo: si una parte de ese canon está destinada a atender deuda municipal ajena al servicio del agua, ¿por qué puede terminar repercutiendo en el recibo que pagan los vecinos?”, plantea la formación.
El PSOE recoge las subidas adelantadas por LasNoticiasRM
La petición socialista se produce después de que LasNoticiasRM publicara en exclusiva que el estudio económico no calcula la viabilidad de la concesión únicamente con las tarifas vigentes. Aunque parte formalmente de la ordenanza municipal, incorpora una nueva estructura tarifaria y una categorización diferente de los usuarios para proyectar los ingresos del futuro adjudicatario.
Esa nueva estructura contempla incrementos generalizados. En el abastecimiento doméstico del casco urbano, la cuota fija bimestral con una franquicia de 18 metros cúbicos pasaría de 21,44 a 25,94 euros, una subida cercana al 21%. El precio del consumo comprendido entre 18 y 30 metros cúbicos aumentaría de 1,26 a 1,84 euros por metro cúbico, alrededor de un 46%.
Para consumos superiores a 30 metros cúbicos, la tarifa subiría de 1,45 a 2,12 euros por metro cúbico, también por encima del 46%. En las pedanías, la cuota fija aumentaría de 19,96 a 23,36 euros, aproximadamente un 17%, mientras que determinados bloques de consumo registrarían incrementos cercanos al 47%.
El mayor aumento detectado afecta al agua destinada a obras. Su precio pasaría de 1,53 a 3,47 euros por metro cúbico, lo que representa una subida del 126,8%. El PSOE redondea este incremento al 127% en su nota pública.
Ese porcentaje máximo no significa que todos los recibos vayan a encarecerse en la misma proporción. Sin embargo, el análisis de LasNoticiasRM mostró que también habría incrementos significativos en consumos domésticos ordinarios. Un hogar que consuma 24 metros cúbicos por bimestre podría pasar de pagar unos 29 euros a cerca de 37 únicamente por abastecimiento, alrededor de un 27,5% más. Con 40 metros cúbicos, el coste aumentaría de unos 51 a más de 69 euros, cerca de un 36%.
La documentación modifica además la clasificación de algunos usuarios, crea una categoría industrial que incluye actividades comerciales y profesionales y vuelve a atribuir una cuota fija a las familias numerosas de categoría especial, pese a que la ordenanza vigente había establecido esa cuota en cero.
El PSOE recuerda que estas cantidades todavía no son las tarifas definitivas que se aplicarán necesariamente tras la adjudicación. No obstante, sostiene que unos incrementos de esa magnitud deben explicarse antes de comprometer la gestión del servicio durante un cuarto de siglo.
Los socialistas vinculan esta preocupación con el esfuerzo económico realizado por los vecinos durante la legislatura. Según la formación, el IBI urbano ha subido un 19%, el IBI rústico un 17% y la tasa de recogida de residuos un 25%.
La duración de la concesión constituye otro de los puntos cuestionados. “Veinticinco años no son una legislatura; son prácticamente una generación. Cuando una decisión condiciona tanto tiempo la prestación de un servicio público esencial, la obligación del Ayuntamiento es justificarla con el máximo rigor y la máxima transparencia”, señala el PSOE.
LasNoticiasRM ya informó de que el plazo máximo de 25 años aparece calculado incorporando el canon de deuda municipal y su impuesto asociado. Expertos jurídicos consultados por este medio consideraron necesario recalcular el estudio sin esas cargas para comprobar si el periodo de recuperación de las inversiones propias del servicio sigue justificando una concesión de esa duración.
La cuestión es relevante porque la legislación permite concesiones de hasta 25 años, pero exige que su duración se relacione con el tiempo razonable para recuperar las inversiones vinculadas al contrato. Si una parte sustancial del plazo sirve para amortizar una deuda municipal ajena al agua, la motivación económica de la concesión podría necesitar una justificación adicional.
Cuatro jornadas menos y dudas sobre la continuidad de la plantilla
El PSOE también ha incorporado a su denuncia el impacto laboral adelantado en exclusiva por LasNoticiasRM. La formación señala que el estudio reduce la plantilla de 16,5 a 12,5 trabajadores equivalentes, una diferencia de cuatro jornadas completas.
La investigación de este medio precisó que actualmente prestan servicio 17 personas, mientras que el modelo económico solo reconoce 12,5 jornadas equivalentes a tiempo completo. El estudio relaciona 14 puestos, pero tres aparecen imputados únicamente al 50%: el jefe de servicio, uno de los operarios de red y un puesto de atención a clientes.
El resultado económico real es una estructura de 12,5 jornadas completas, con un coste anual previsto de 521.376,53 euros. La documentación no anuncia despidos ni contiene una decisión expresa de reducir la plantilla, pero construye la viabilidad de la concesión sobre menos personal del que actualmente sostiene el servicio.
LasNoticiasRM informó de que esta diferencia podría dejar en el aire hasta cuatro puestos de trabajo. El expediente analizado no desarrolla un escenario económico con las 17 personas actuales ni explica cómo se financiará su continuidad a lo largo de los 25 años. Tampoco aparece aclarada de forma suficiente la eventual subrogación y su coste real para la futura adjudicataria.
El PSOE reclama al Gobierno municipal garantías para los trabajadores y explicaciones sobre las consecuencias del nuevo contrato. La formación advierte de que una reducción de personal podría repercutir en la calidad de la atención, los tiempos de respuesta, el mantenimiento de las redes y la capacidad para intervenir ante averías en un término municipal extenso y con numerosas pedanías.
La preocupación aumenta al comparar el modelo de Caravaca con las estructuras de costes facilitadas por seis grandes operadores del sector. El promedio de esas empresas sitúa el peso del personal en el 26,91% del presupuesto de ejecución por contrata, mientras que la propuesta municipal lo reduce al 13,94%, prácticamente la mitad.
Al mismo tiempo, el estudio eleva otras partidas. Los costes indirectos pasan del 2,85% de promedio sectorial al 14,78% en la propuesta de Caravaca; las amortizaciones aumentan del 5,84% al 17,11%, y los gastos generales y el beneficio industrial suben del 5,99% al 10,43%.
Para el PSOE, el precedente del contrato de recogida de residuos obliga a extremar las precauciones. La formación sostiene que la reducción de personal en aquel servicio ha derivado en quejas recurrentes por falta de medios humanos y teme que el contrato del agua pueda reproducir problemas similares.
Los socialistas resumen sus exigencias en tres medidas: revisar el estudio económico y justificar de nuevo los 25 años de duración, explicar la repercusión del canon sobre las tarifas y facilitar a la ciudadanía toda la información necesaria para conocer cómo se ha configurado la concesión.
“No queremos retrasar ningún proyecto. Queremos que el contrato nazca fuerte, bien fundamentado y con todas las garantías jurídicas posibles. La transparencia nunca debilita un expediente; al contrario, lo fortalece”, sostiene el Grupo Municipal Socialista.
La intervención del PSOE confirma la dimensión política alcanzada por las informaciones publicadas en exclusiva por LasNoticiasRM. La futura concesión ya no plantea únicamente un debate técnico sobre la gestión del agua, sino preguntas directas sobre cuánto pagarán los vecinos, qué deuda financiarán con sus recibos, por qué se compromete el servicio durante 25 años y qué ocurrirá con las personas que actualmente trabajan en él.
El Grupo Socialista anuncia que continuará vigilando el expediente y reclama que estas cuestiones se resuelvan antes de avanzar en la licitación. “El agua debe servir para financiar el propio servicio del agua”, concluye la formación, que exige el máximo consenso, rigor técnico y transparencia antes de adoptar una decisión que afectará a varias generaciones de caravaqueños.
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