Isabel Gadea reclama la comparecencia del consejero de Educación y denuncia falta de tribunales, ratios excesivas y desigualdad en la corrección
El PSRM-PSOE ha exigido explicaciones públicas y responsabilidades políticas al Gobierno regional de Fernando López Miras por los resultados de la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Maestros en la Región de Murcia, una convocatoria que la propia Consejería de Educación presentó como la mayor oferta de plazas de la historia autonómica y que ahora ha quedado marcada por un elevado porcentaje de aspirantes eliminados en la primera fase.
La portavoz socialista de Educación, Isabel Gadea, ha reclamado la comparecencia del consejero Víctor Marín en la Asamblea Regional para dar cuenta de la organización del proceso selectivo y responder ante miles de opositores que, según el PSOE, se han visto perjudicados por una gestión “nefasta” de la Consejería. La formación socialista vincula los malos resultados no solo al nivel de dificultad de las pruebas, sino también a decisiones organizativas que, a su juicio, han deteriorado las condiciones del proceso.
El dato general difundido por el Gobierno regional sitúa en el 37,3% el porcentaje de aspirantes que han superado la primera prueba, con 3.528 opositores aprobados de entre quienes se presentaron al examen. La cifra implica que más de seis de cada diez candidatos quedaron fuera en la primera fase de una convocatoria con 1.607 plazas ofertadas para el cuerpo de Maestros. En especialidades como Inglés, los datos provisionales publicados por organizaciones sindicales y recogidos en distintas informaciones sitúan el porcentaje de aprobados en torno al 24,5%, mientras que Audición y Lenguaje habría quedado por debajo del 28%.
Para el PSOE, el problema no puede analizarse como una simple consecuencia del rendimiento individual de los aspirantes. Gadea sostiene que la Consejería redujo el número de tribunales respecto a convocatorias anteriores en un año especialmente exigente por volumen de plazas y aspirantes, lo que habría provocado una sobrecarga en los órganos evaluadores y una ratio por tribunal muy por encima de lo razonable.
“Detrás de cada oposición hay mucho tiempo de esfuerzo, sacrificio y renuncias. Miles de opositores han dedicado su tiempo y su vida a prepararse, y hoy se ven perjudicados por una nefasta gestión del Gobierno regional”, ha afirmado Isabel Gadea, según la nota remitida por el PSRM-PSOE.
Una convocatoria histórica convertida en foco de críticas
La convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros de 2026 fue presentada por la Consejería de Educación como un proceso excepcional por su volumen. En total, el Gobierno regional ofertó 1.607 plazas, distribuidas entre Educación Infantil, Educación Primaria, Inglés, Francés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La Administración regional defendió entonces que esta oferta permitiría avanzar en la reducción de la interinidad docente y mejorar la estabilidad de las plantillas.
Sin embargo, el desarrollo de la primera prueba ha abierto un fuerte debate entre aspirantes, sindicatos y oposición política. La cuestión de fondo no es solo cuántas plazas se ofertan, sino en qué condiciones se organiza un proceso que afecta directamente al acceso al empleo público docente y, por extensión, al futuro del sistema educativo regional.
Isabel Gadea ha señalado que los resultados “no son casualidad” y ha apuntado directamente a la planificación de la Consejería. Según la portavoz socialista, el sindicato ANPE ha denunciado que Educación redujo el número de tribunales respecto a convocatorias anteriores, precisamente en el año con más plazas y más aspirantes. Esa decisión, según el PSOE, habría llevado a tribunales con hasta 80 aspirantes, por encima de la ratio de 45 o 50 personas que los sindicatos consideran más adecuada para garantizar una evaluación equilibrada.
“No hablamos de mala suerte de los opositores, hablamos de una mala gestión del consejero de Educación”, ha sostenido Gadea. La crítica socialista incide en que un proceso de esta dimensión exige más medios, más previsión y más garantías, no una estructura evaluadora ajustada que termine tensionando tanto a quienes opositan como a quienes corrigen.
La portavoz del PSRM-PSOE ha sido especialmente dura al vincular la falta de tribunales con el resultado final de la primera prueba. “No se puede recortar el número de tribunales en la convocatoria más grande de la historia y pretender que el proceso salga bien. Además, es necesario reducir la ratio de aspirantes por tribunal y establecer un modelo único de corrección”, ha denunciado.
Ratios, corrección y garantías para los opositores
El PSOE plantea tres grandes ejes de crítica: el número de tribunales, la ratio de aspirantes asignados a cada uno y la falta de un modelo único de corrección. Los tres elementos afectan a una cuestión central en cualquier oposición: la percepción de igualdad de oportunidades entre candidatos que compiten por una plaza pública.
En procesos masivos como el de Maestros, la existencia de múltiples tribunales puede generar diferencias de criterio si no hay instrucciones suficientemente claras, homogéneas y verificables. Por eso, la reclamación de un modelo único de corrección apunta a una de las principales preocupaciones de los opositores: que una misma prueba pueda ser valorada de forma distinta en función del tribunal asignado.
La sobrecarga de los tribunales también tiene consecuencias. Un volumen elevado de aspirantes por órgano evaluador incrementa la presión sobre quienes corrigen, alarga los tiempos del proceso y puede alimentar la sensación de falta de control en una convocatoria donde cada décima puede resultar decisiva. Para el PSOE, la Consejería debería haber previsto desde el inicio una estructura más amplia y proporcionada al número de participantes.
La dimensión humana de estas oposiciones es otro de los puntos sobre los que insiste Gadea. Cada aspirante llega al examen tras meses o años de preparación, inversión económica en academias o materiales, renuncias familiares y laborales, y una expectativa vital ligada al acceso a una plaza estable. Cuando más del 60% queda eliminado en la primera prueba, la explicación pública de la Administración no puede limitarse, según el PSOE, a presentar el porcentaje como similar al de convocatorias anteriores.
El Gobierno regional, por su parte, ha defendido que el 37,3% de aprobados se encuentra en niveles comparables a otros procesos con pruebas eliminatorias y ha puesto en valor las novedades introducidas en la convocatoria, como la publicación previa de criterios de actuación o la posibilidad de elegir entre ejercicios prácticos en determinadas especialidades. Sin embargo, esas explicaciones no han cerrado la controversia ni han evitado que sindicatos y oposición cuestionen la organización del proceso.
El PSOE pide que Víctor Marín dé la cara en la Asamblea
La exigencia de comparecencia del consejero de Educación sitúa el debate en el terreno político e institucional. El PSRM-PSOE quiere que Víctor Marín explique en la Asamblea Regional cuántos tribunales se constituyeron, por qué se adoptó esa planificación, qué ratios soportó cada especialidad, qué criterios de corrección se aplicaron y qué medidas piensa adoptar la Consejería para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
La petición llega en un momento especialmente sensible para la educación pública regional. La Región de Murcia acumula debates abiertos sobre ratios en las aulas, falta de infraestructuras, climatización de centros, atención a la diversidad y estabilidad de las plantillas. En ese contexto, unas oposiciones con una oferta histórica de plazas podían haber sido presentadas como una oportunidad para reforzar el sistema. El elevado número de suspensos y las críticas al modelo organizativo han convertido esa oportunidad en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno regional.
El PSOE sostiene que la Administración autonómica debe asumir que un proceso selectivo no se mide únicamente por el número de plazas convocadas. También se mide por las garantías ofrecidas, la transparencia de los criterios, la capacidad de respuesta ante las críticas y la confianza que genera entre quienes participan. Cuando esa confianza se resiente, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.
La moción política implícita en la denuncia socialista es clara: la Consejería no puede presentar la mayor convocatoria de la historia como un éxito cuantitativo si, al mismo tiempo, miles de aspirantes perciben que el procedimiento no ha contado con los medios suficientes. El acceso a la función pública docente exige rigor, pero también igualdad, seguridad jurídica y una organización a la altura del esfuerzo que se reclama a los opositores.
Isabel Gadea ha pedido al Gobierno de López Miras que deje de parapetarse en los porcentajes globales y ofrezca explicaciones concretas. La comparecencia solicitada al consejero Víctor Marín deberá servir, si finalmente se produce, para aclarar si la Consejería dimensionó correctamente los tribunales, si existieron diferencias relevantes entre especialidades y si el modelo de corrección aplicado garantiza la máxima objetividad en una convocatoria que afecta al futuro profesional de miles de docentes y al funcionamiento de la educación pública en la Región de Murcia.
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