El precio de la excelencia

«Una empresa que cobra por sus servicios, recibe dinero público y pierde millones no necesita autoelogios, necesita explicaciones«

Mientras el Gobierno regional nos distrae con Ceuta, con sus exageraciones, sus grandes proclamas y esas frases vacías que tan bien funcionan para llenar titulares, aquí, en la Región de Murcia, en aquello que depende directamente de quienes nos gobiernan y que pagamos entre todos, nos encontramos con una empresa pública que perdió 1,69 millones de euros en 2025, después de haber perdido otros 1,57 millones el año anterior, que ha reducido drásticamente su tesorería, que ha tenido que recurrir a un préstamo de 825.680 euros y que arrastra desde hace años problemas señalados por la Intervención General. Y, pese a todo ello, Región de Murcia Deportes decidió cerrar su propio informe de ejecución hablando de “excelencia operativa”.

Quizá sea precisamente esa expresión la que más cuesta asumir cuando uno se detiene a mirar los números. Porque el problema ya no es únicamente que las cuentas sean malas o que determinados controles lleven años generando advertencias. El problema es que, además, alguien pretende convencernos de que todo ello puede encajar dentro de una gestión excelente. Y eso, visto desde fuera de la burbuja administrativa, resulta difícil de comprender.

A cualquier autónomo, pequeño empresario o familia le resultaría extraño que alguien pudiera consumir prácticamente toda su liquidez, cerrar dos ejercicios consecutivos con pérdidas importantes, necesitar financiación adicional y terminar el año felicitándose por su extraordinaria gestión. Evidentemente, una sociedad pública no funciona como una economía doméstica y sus cuentas no pueden analizarse con las mismas reglas que las de una familia. Pero hay principios que no necesitan un máster en contabilidad para comprenderse: si se gasta más de lo que se dispone de forma recurrente, si aparecen desviaciones respecto a lo previsto y si los órganos de control siguen encontrando cuestiones pendientes, alguien debe explicar qué está ocurriendo.

Y en el caso de Región de Murcia Deportes existe además un elemento fundamental que impide refugiarse en el argumento fácil de que “es una empresa pública y las empresas públicas están para prestar servicios, no para ganar dinero”. Región de Murcia Deportes cobra por los servicios que presta. Gestiona el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina, dispone de residencia, comedor, instalaciones deportivas y servicios especializados, aloja deportistas, recibe concentraciones y federaciones y genera ingresos propios derivados de esa actividad. A todo ello se suman las aportaciones de la Comunidad Autónoma destinadas a sostener la parte de su funcionamiento que esos ingresos no cubren.

Ese modelo conduce, o debería conducir, hacia una lógica bastante sencilla: la actividad genera una parte de los recursos y la Administración completa la financiación necesaria para que el servicio público pueda mantenerse. No se trata de exigir beneficios empresariales ni de convertir una instalación deportiva pública en una máquina de hacer dinero, pero sí de aspirar a un equilibrio razonable entre lo que cuesta la actividad, lo que se ingresa por ella y lo que aporta el socio público.

De hecho, los propios documentos de Región de Murcia Deportes hablan de contención del déficit, control del gasto y necesidad de adaptar la actividad a los recursos disponibles. Por tanto, la preocupación por las pérdidas no es una obsesión periodística ni una exigencia ideológica importada del sector privado. Forma parte de los propios objetivos económicos de la sociedad. Si ya existen ingresos por servicios y además financiación pública destinada a completar esos ingresos, cerrar año tras año con pérdidas de siete cifras no debería convertirse en una circunstancia normalizada.

Cuando las cuentas no salen y quien gestiona se pone la nota

Las cifras de 2025 son suficientemente elocuentes. Región de Murcia Deportes cerró el ejercicio con 1,69 millones de euros de pérdidas. En 2024 el resultado negativo había sido de 1,57 millones. Su efectivo pasó de aproximadamente 3,4 millones de euros a apenas 143.543 euros y durante el ejercicio apareció un préstamo público de 825.680 euros. Al mismo tiempo, su informe de ejecución refleja más de seis millones de euros de costes frente a una previsión de 2,44 millones utilizada dentro del propio documento.

Conviene ser rigurosos, porque la crítica no necesita exageraciones. Una parte importante de esa salida de tesorería está relacionada con inversiones y obras realizadas en el Centro de Tecnificación y aparece reflejada en el crecimiento del inmovilizado de la sociedad. No estamos diciendo, por tanto, que esos millones hayan desaparecido ni que todo ese gasto corresponda a funcionamiento ordinario. Pero una inversión no convierte automáticamente en irrelevante el resultado económico posterior. Después de ejecutarla, la sociedad sigue teniendo pérdidas, mucha menos liquidez y nueva financiación a corto plazo. Es razonable querer saber cómo se llegó hasta ahí y cómo se prevé sostener después la actividad.

La pregunta debería resultar todavía más evidente al recordar que la sociedad cobra por lo que hace. Si una instalación genera ingresos propios y recibe además financiación pública para completar sus necesidades, resulta legítimo preguntarse por qué los costes terminan superando de manera recurrente los recursos disponibles. Y precisamente para responder a esa pregunta existe una herramienta cuya ausencia o insuficiente implantación viene señalando la Intervención desde hace años: la contabilidad de costes o analítica.

Puede sonar a tecnicismo, pero en realidad es una de las cuestiones más fáciles de entender de todo este asunto. Una contabilidad de costes permite conocer cuánto cuesta realmente prestar cada servicio, mantener cada instalación o desarrollar cada actividad. Permite saber si una tarifa cubre una parte razonable de su coste, qué servicio necesita una mayor aportación pública, dónde se están produciendo desviaciones y qué decisiones pueden adoptarse para corregirlas. En una empresa que cobra por alojamientos, servicios e instalaciones, disponer de esa información no debería considerarse un lujo administrativo, sino una herramienta básica de gestión.

Por eso resulta especialmente llamativo que Región de Murcia Deportes pueda presentar porcentajes de cumplimiento cercanos a la perfección mientras la Intervención mantiene observaciones sobre cuestiones tan elementales. El problema no está solo en que existan incidencias; está en la distancia entre lo que dice quien se controla a sí mismo y lo que continúa señalando quien tiene encomendada la fiscalización.

La propia empresa elabora su informe de cumplimiento y concluye que su desempeño ha sido sobresaliente. En determinados apartados se atribuye un cumplimiento del 100% y termina definiendo el ejercicio como un ejemplo de “excelencia operativa”. Mientras tanto, la Intervención General mantiene un plan de acción calificado como “presentado e incompleto” y recoge cuestiones pendientes relacionadas con la contabilidad analítica, el seguimiento de deudores, la contratación menor y la transparencia, algunas de ellas procedentes de ejercicios que se remontan a 2020.

Puede que durante 2025 se hayan corregido algunas de esas deficiencias. Sería una excelente noticia y nada impide reconocerlo si existe documentación que lo demuestre. Lo que resulta difícil de aceptar es que la mera autoevaluación de la empresa sirva para dar por cerrados problemas que el órgano de control continúa manteniendo como pendientes. Una cosa es explicar que se han adoptado medidas y otra muy distinta concederse a uno mismo el sobresaliente antes de que el examinador externo confirme que los deberes están hechos.

El caso de los objetivos relacionados con los fondos europeos resume perfectamente ese problema. El contrato-programa publicado oficialmente establecía como objetivo la programación y ejecución del 90% de los fondos MRR consignados. Sin embargo, cuando llega la evaluación posterior aparece una meta del 50%. Frente a esa referencia, la empresa declara haber alcanzado un 95% y en otra parte del mismo conjunto documental termina apareciendo un grado de cumplimiento del 100%.

No hay base suficiente para afirmar que alguien haya modificado deliberadamente los objetivos con la intención de mejorar la evaluación, y hacerlo sin pruebas sería irresponsable. Puede existir una modificación formal, una adenda o una explicación técnica. Pero precisamente porque esa explicación puede existir, debería resultar sencillo encontrarla. Si el objetivo publicado era del 90% y la referencia utilizada posteriormente para medir el éxito es del 50%, lo mínimo que puede esperar cualquier ciudadano es saber cuándo, cómo y por qué se produjo ese cambio.

No se trata de buscar conspiraciones en una hoja de cálculo. Se trata de algo mucho más básico: que la regla con la que se evalúa un resultado sea comprensible y no cambie silenciosamente por el camino. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran al comenzar el año que debemos alcanzar nueve de cada diez objetivos y al terminar descubriéramos que la evaluación se ha realizado sobre cinco, también preguntaríamos qué ocurrió. No acusaríamos necesariamente a nadie de hacer trampas, pero desde luego no aceptaríamos sin más que el resultado se presentara como prueba indiscutible de excelencia.

El problema no es solo cuánto se pierde, sino cómo se controla

A esta fotografía hay que añadir los 449.916,45 euros que la documentación de Intervención identifica como transferencias de capital no aplicadas a su finalidad. La cantidad permanece durante ejercicios sucesivos y aparece entre las cuestiones que deben corregirse. No sabemos que ese dinero haya desaparecido, ni existe base para afirmar que haya sido gastado irregularmente. Pero casi medio millón de euros públicos pendientes de aplicación a aquello para lo que fueron entregados debería merecer una explicación sencilla y fácilmente accesible.

La pregunta que se haría cualquier ciudadano tampoco es especialmente compleja: para qué se entregaron esos fondos, por qué siguen pendientes, si continúan disponibles, si existe un nuevo plazo de ejecución, si se ha autorizado una reprogramación o si deben ser reintegrados. Cuando el dinero es público, que una cifra permanezca en los balances durante años no debería convertirla en parte del paisaje. Cada cantidad tiene un origen, una finalidad y una responsabilidad asociada.

Y después están los aproximadamente 2,9 millones de euros de financiación europea que han provocado advertencias en dos auditorías consecutivas. También aquí conviene evitar cualquier simplificación. La Intervención no afirma que hayan desaparecido 2,9 millones ni que esa cantidad completa haya sido desviada. Lo que señala es que existen dudas sobre el destino dado al anticipo, que su posible utilización para finalidades distintas podría comportar un uso indebido y generar una obligación de reintegro y que existía un riesgo significativo asociado a esa eventual devolución.

La advertencia sería relevante aunque hubiera aparecido una sola vez. Que se repita en dos ejercicios consecutivos la convierte en algo que debería merecer una respuesta política y administrativa muy clara. Si durante 2025 las actuaciones se ejecutaron, los fondos quedaron correctamente justificados y el riesgo desapareció, basta con acreditarlo y explicarlo. Lo preocupante no es que pueda existir una respuesta tranquilizadora; lo preocupante es que después de dos auditorías todavía tengamos que formular las preguntas.

Ahí es donde empieza a resultar difícil no detectar una doble vara de medir. Cuando llega una subvención europea, hay anuncio. Cuando se inaugura una instalación, hay fotografía. Cuando se consigue financiación, hay declaraciones y notas de prensa. Los responsables políticos aparecen para explicar cuánto dinero se ha conseguido, qué obra se va a realizar y qué magnífico futuro espera a la instalación. Pero cuando llegan las pérdidas, las observaciones de Intervención o las dudas sobre el destino de determinados anticipos, la responsabilidad comienza a diluirse entre gerencias, consejos de administración, órganos fiscalizadores, contratos-programa y tecnicismos contables.

El dinero, sin embargo, sigue siendo exactamente el mismo. Es dinero público, proceda de una transferencia autonómica, de una subvención europea o de un préstamo concedido por otro organismo de la propia Comunidad.

Por eso resulta tan poco convincente el argumento implícito de que, al tratarse de una sociedad pública, siempre puede aparecer la Administración para cubrir cualquier desequilibrio. El dinero público no hace desaparecer las pérdidas; simplemente reparte la factura entre todos. Si una empresa necesita aportaciones adicionales para corregir desviaciones que no estaban previstas, esos recursos salen del mismo presupuesto del que salen los hospitales, los colegios, la dependencia, las carreteras o las políticas sociales. No existe una caja infinita reservada a las empresas públicas.

El ciudadano normal entiende esto mucho mejor de lo que a veces parece suponer la Administración. Entiende perfectamente que una sociedad pública pueda necesitar financiación para prestar un servicio que se considera útil. Lo que cuesta más entender es que, una vez establecido cuánto debe aportar la Administración y existiendo además ingresos propios por los servicios prestados, las cuentas sigan generando pérdidas relevantes sin que ello provoque una explicación proporcional a su magnitud.

Y quizá sea ahí donde la expresión “excelencia operativa” termina resultando más desafortunada. Excelencia sería conocer con precisión el coste de cada servicio, disponer de una contabilidad analítica plenamente implantada, aplicar cada transferencia a la finalidad prevista, resolver las observaciones de Intervención en lugar de arrastrarlas durante ejercicios, evitar que los contratos menores revisados generen reparos documentales y presentar unos objetivos cuya evaluación pueda seguirse sin necesidad de comparar varios documentos para descubrir que los porcentajes no coinciden.

Excelencia sería, también, que una sociedad que cobra por sus servicios y recibe financiación pública para completar sus necesidades consiguiera mantener su actividad dentro de los recursos disponibles o, cuando no lo logra, explicara con absoluta transparencia por qué no lo ha conseguido y qué medidas está adoptando para corregirlo.

Eso es lo que uno esperaría de cualquier gestor serio, fuera público o privado. No una cuenta de resultados perfecta todos los años, pero sí control, previsión y responsabilidad.

Porque la excelencia pública no consiste en que quien gestiona se examine a sí mismo y se ponga un sobresaliente. Consiste en que, cuando los ciudadanos miren las cuentas, puedan entenderlas y comprobar que su dinero está gestionado con el mismo cuidado que se les exige a ellos cada día.

Ese es el verdadero precio de la excelencia. Y cuando las cuentas no salen, ese precio lo terminamos pagando todos.

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