Los socialistas piden una nueva regulación con respaldo técnico tras anular el TSJ las restricciones aprobadas en 2023
El Grupo Municipal Socialista de Lorca llevará al próximo Pleno una moción para reclamar una nueva regulación que limite la concentración de salones de juego y apuestas en el municipio después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia anulase las restricciones urbanísticas aprobadas en 2023. El PSOE plantea recuperar las distancias de 500 metros respecto a determinados equipamientos sensibles y de 1.000 metros entre establecimientos, pero esta vez acompañadas de una memoria técnica que justifique suficientemente las limitaciones.
La propuesta llega después de la sentencia 424/2025 del TSJRM, que dejó sin efecto la regulación incorporada mediante la modificación número 77 del Plan General Municipal de Ordenación. Aquella modificación establecía que los salones de juego, bingos y otros establecimientos de azar no podían instalarse a menos de 500 metros de parcelas destinadas a equipamientos escolares, deportivos, sociosanitarios o culturales, ni de colegios, institutos, centros de salud y consultorios médicos. También impedía que dos establecimientos de esta naturaleza estuvieran separados por menos de 1.000 metros.
El concejal socialista José Luis Ruiz sostiene que el fallo judicial no debe interpretarse como una imposibilidad de establecer distancias, sino como la necesidad de justificar técnicamente una regulación que limite la implantación de estos establecimientos. El PSOE reclama por ello que el Ayuntamiento encargue los estudios necesarios y vuelva a tramitar una modificación urbanística con una fundamentación capaz de superar el control judicial.
“Si faltaba una memoria técnica, que se haga. Si faltaban estudios, que se encarguen. Si había que justificar mejor las medidas, que se justifiquen. Lo que no puede hacerse es aprovechar una sentencia para quedarse de brazos cruzados”, afirma Ruiz.
Una regulación aprobada por unanimidad que terminó anulada
Las restricciones ahora anuladas no eran una propuesta que hubiese quedado limitada a un solo partido. La modificación del PGMO fue aprobada definitivamente por unanimidad en el Pleno municipal del 30 de enero de 2023, durante el anterior mandato, dentro de una reforma más amplia que también abordaba la transformación de bajos comerciales en viviendas y las condiciones para la implantación de centros de culto.
El Ayuntamiento justificó entonces las limitaciones a los locales de juego por la necesidad de ordenar su implantación y proteger la convivencia ciudadana. La normativa aprobada fijó expresamente las distancias de 500 y 1.000 metros que ahora el PSOE quiere recuperar mediante una nueva tramitación.
Posteriormente, dos establecimientos recurrieron judicialmente la modificación y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia terminó anulando la regulación. El propio expediente municipal recogido en el Pleno de enero de 2026 explica que la sentencia afectó a la reforma urbanística destinada a alejar los salones de juego de centros educativos y otros equipamientos sensibles.
El PSOE sostiene que el principal problema detectado por la resolución judicial fue la insuficiente justificación técnica de las distancias establecidas y considera que el Ayuntamiento tiene ahora la posibilidad de subsanar esa carencia mediante nuevos estudios.
Ruiz cuestiona además la decisión del actual Gobierno municipal de PP y Vox de no continuar defendiendo jurídicamente aquella regulación. Los socialistas consideran que esa actuación ha dejado al municipio con un marco menos restrictivo para futuras implantaciones y reclaman al Ejecutivo de Fulgencio Gil que responda mediante una nueva modificación del planeamiento.
Para el PSOE, el debate no debe reducirse a una cuestión estrictamente urbanística. La formación vincula la concentración de establecimientos de juego con problemas de salud pública, prevención de la ludopatía, convivencia y protección de los menores, aunque cualquier nueva limitación deberá sustentarse precisamente en datos y estudios que acrediten su necesidad y proporcionalidad.
La Comunidad Autónoma mantiene, por su parte, competencias propias en materia de juego y dispone de mecanismos específicos de inspección destinados, entre otros objetivos, a impedir el acceso de menores a salones de juego y apuestas. El Plan de Inspección regional contempla controles de identificación y vigilancia sobre las personas que tienen legalmente prohibido el acceso.
500 metros de centros sensibles y 1.000 entre establecimientos
La moción socialista plantea actuar simultáneamente desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad Autónoma.
En el ámbito municipal, el PSOE propone iniciar una nueva modificación del PGMO acompañada de una memoria justificativa específica sobre la realidad de Lorca. Esa documentación debería incorporar datos objetivos, informes técnicos y un análisis territorial que permita fundamentar jurídicamente las distancias que finalmente se establezcan.
La formación quiere recuperar como referencia los 500 metros respecto a centros educativos, deportivos y sanitarios y los 1.000 metros entre establecimientos de juego, aunque será la nueva documentación técnica la que deberá acreditar la proporcionalidad y necesidad de esas restricciones.
Ruiz considera que esa es precisamente la vía que debería seguir el Ayuntamiento después del pronunciamiento judicial: corregir las deficiencias identificadas en lugar de renunciar a regular.
El PSOE recuerda que antes de aquella modificación ya había impulsado actuaciones para controlar la proliferación de estos establecimientos. En agosto de 2022, el Ayuntamiento anunció la revisión del funcionamiento y las licencias de varios salones y justificó la modificación del planeamiento en la necesidad de ordenar una actividad cuya implantación había generado preocupación vecinal.
En paralelo, los socialistas reclaman al Gobierno regional de Fernando López Miras una modificación de la normativa autonómica para establecer criterios homogéneos de distancias en toda la Región de Murcia.
“Lorca no puede ser una isla y la Comunidad Autónoma, que tiene las competencias en materia de juego y apuestas, debe ejercitarlas para dar reglas claras a todos los municipios”, sostiene Ruiz.
La iniciativa pretende además que el Pleno repruebe políticamente la decisión del Gobierno local de desistir de continuar la defensa jurídica de la modificación número 77 y que los acuerdos alcanzados se trasladen a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, las federaciones de asociaciones vecinales y las AMPAS del municipio.
El PSOE introduce así nuevamente el debate sobre los salones de juego en la agenda municipal después de la anulación judicial de una regulación que había contado con el respaldo unánime del Ayuntamiento tres años antes.
La cuestión estará ahora en determinar si existe voluntad política suficiente para iniciar de nuevo una tramitación que deberá ser técnicamente más sólida que la anterior. Los socialistas defienden que la sentencia no debería convertirse en el final de la regulación, sino en el punto de partida para elaborar una nueva norma que pueda justificar adecuadamente sus restricciones y superar un eventual nuevo control judicial.
“No queremos discursos, excusas ni que el Ayuntamiento se lave las manos. Queremos regulación, distancias y que se proteja a nuestros menores y familias por delante de los intereses de unos pocos”, resume el Grupo Socialista, que insiste en que limitar territorialmente una actividad económica no supone prohibirla, sino establecer condiciones cuando puedan acreditarse razones de interés general para hacerlo.
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