«Quienes certificaron su honradez y convirtieron las críticas en «ruido» tienen una explicación pendiente que ninguna sentencia puede dar por ellos«
La hemeroteca tiene una costumbre bastante desagradable para ciertos políticos: conserva los entusiasmos. Guarda el abrazo, la consigna, el adjetivo rotundo y esa promesa de fidelidad que se escribe en tres segundos pensando que el futuro tendrá la delicadeza de no comprobarla. En febrero de 2017, una parte muy reconocible del PP murciano decidió que su posición ante los problemas judiciales de Pedro Antonio Sánchez cabía en una etiqueta: #YoConPedroAntonio. Ahora toca averiguar cuánto duraba aquel «con».
El Tribunal Supremo ha confirmado tres años de prisión y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por el caso Auditorio. La condena por prevaricación y falsedad documental ya no puede despacharse como una sospecha lanzada por un adversario. Es el resultado de un procedimiento judicial y de la revisión de la condena impuesta al expresidente murciano.
Pero este artículo también va de quienes avalaron públicamente su honradez. Del despliegue de confianza que recogen las capturas del hilo de #YoConPedroAntonio: cuentas oficiales, dirigentes, fotografías, vídeos y mensajes que presentaban el apoyo al presidente como una respuesta a quienes lo cuestionaban. Una campaña política cuyos protagonistas eligieron sus palabras y que hoy merece ser leída con el desenlace judicial delante.
Hay una precisión imprescindible: apoyar a alguien investigado no convierte a nadie en partícipe de sus delitos. Tampoco defender la presunción de inocencia constituye una falta democrática. El problema aparece cuando ese derecho se utiliza para expedir certificados de honradez, desacreditar las críticas y reclamar adhesión al dirigente. Entonces se asume una responsabilidad política sobre lo que se afirma. Y esa responsabilidad merece explicaciones cuando los hechos desmienten tanta seguridad.
Los certificados de honradez también tienen autor
Marcos Ortuño dejó uno de los mensajes más inequívocos: «Porque es honesto, honrado y está comprometido con esta Región. El mejor presidente que podemos tener». No era una petición de prudencia ni una defensa de su derecho a un juicio justo. Era una recomendación política en toda regla, con garantía de calidad y dos adjetivos dedicados expresamente a su integridad.
Ortuño sigue siendo consejero de Presidencia. Fernando López Miras, que también difundió el lema de apoyo, preside la Comunidad. Conchita Ruiz, cuya cuenta aparece igualmente en las capturas respaldando la campaña, ocupa la Consejería de Política Social. La relevancia de estas publicaciones reside precisamente en esa continuidad: varios de quienes pidieron confianza para Pedro Antonio siguen administrando la confianza pública.
A Ortuño cabe preguntarle qué valoración hace hoy de aquel certificado. ¿Considera que se equivocó? ¿Reconoce que presentó como una certeza lo que no podía garantizar? ¿Cree que quienes leyeron su mensaje merecen una rectificación? No hace falta organizar una ceremonia de penitencia. Bastaría con algo bastante menos espectacular que aquella campaña: una explicación clara, sin cambiar de asunto antes de terminar la primera frase.
López Miras tiene una pregunta especialmente incómoda. Apoyó públicamente a Pedro Antonio y después lo sucedió en la presidencia. Esa sucesión no le atribuye responsabilidad por los delitos de su antecesor, pero hace plenamente pertinente examinar cómo defendió a quien ocupaba el cargo y qué juicio político hace ahora de aquella defensa. La historia de un gobierno no empieza de cero cada vez que cambia el nombre de su presidente.
Violante Tomás eligió una fórmula todavía más ambiciosa: «Ayer, hoy, mañana y siempre». El «siempre» suele salir barato cuando se escribe y caro cuando vuelve la hemeroteca. Hoy es diputada por Murcia en el Congreso, de modo que tampoco estamos ante una voz retirada de la vida pública cuyo entusiasmo pertenezca únicamente al pasado.
En otra publicación, del 5 de marzo de 2017, Tomás escribió: «Frente al ruido, la calumnia, la descalificación, la mentira, el oportunismo … nosotros, confiamos en la justicia». Pues bien, confiar en la justicia exige dejarle espacio también cuando su conclusión perjudica al dirigente al que se defendía. Conviene revisar qué se llamó ruido y con cuánta facilidad se mezclaron las críticas políticas con palabras tan graves como calumnia o mentira.
Enrique Ujaldón expresó su respaldo «Ahora, como siempre» y elogió la capacidad de trabajo de Sánchez. Joaquín Segado reclamó políticos «honestos, capaces y cercanos» junto al mismo hashtag. Francisco Bernabé, Javier Celdrán, Jesús Cano y otros dirigentes aparecen también entre los mensajes recopilados. No todos dijeron lo mismo ni merecen un reproche idéntico. Precisamente por eso hay que leer sus palabras, en lugar de convertir una fotografía compartida en una culpabilidad colectiva.
El ruido tenía documentos
El aspecto más revelador de aquella campaña es el contraste entre el lenguaje del respaldo y la materia del proceso. La cuenta del PP regional difundía una frase de Sánchez que repartía los papeles con admirable comodidad: unos trabajaban por el futuro de la Región; otros estaban «en el lío, en el ruido». El gobernante se reservaba la gestión y asignaba a sus críticos el oficio de molestar.
Sin embargo, la condena de la Audiencia describió actuaciones concretas: un encargo sin expediente previo, un concurso condicionado y un proyecto modificado para justificar una subvención de seis millones de euros y evitar su reintegro, aunque la obra quedara inacabada. También explicó la falsedad de documentos relativos a la disponibilidad de terrenos y a la ejecución de las obras. Ese era el contenido que había que examinar detrás de los eslóganes.
La palabra «ruido» resulta muy práctica para el poder porque permite descalificar una pregunta sin contestarla. Sirve para meter en el mismo saco al adversario, al periodista, al denunciante y al vecino que quiere saber qué ha ocurrido con el dinero público. Después basta con fotografiar una sala llena para sugerir que la cantidad de aplausos resuelve las dudas sobre un expediente.
Las capturas de Nuevas Generaciones, los mensajes institucionales del partido y los elogios personales muestran la dimensión pública de aquella defensa. Nadie está cuestionando una visita privada a un amigo en dificultades. Estamos examinando una campaña que buscaba convencer a la ciudadanía de que debía seguir confiando en su presidente. Por eso su resultado concierne también a quienes prestaron su nombre y su autoridad para sostenerla.
Desde una posición progresista, la exigencia debe ser coherente: la corrupción deteriora la confianza en las instituciones y pervierte el sentido del servicio público, lleve las siglas que lleve. Reclamar explicaciones al PP por este caso obliga a sostener el mismo criterio cuando afecta a un socialista. Los archivos y las absoluciones deben respetarse; las condenas también. Ningún partido puede exigir rigor para sus adversarios y comprensión ilimitada para los suyos.
Tampoco hace falta inventar silencios ni anticipar respuestas. Quien haya rectificado merece que se recoja su rectificación. Quien ofrezca ahora una explicación debe poder ser escuchado. Pero el paso del tiempo no vuelve irrelevantes aquellas declaraciones, sobre todo cuando sus autores conservan responsabilidades públicas. La confianza se pide en presente, aunque para concederla sea razonable revisar el pasado.
El Supremo ha resuelto la responsabilidad penal de Pedro Antonio Sánchez. Queda una conversación política que los tribunales no pueden mantener por quienes protagonizaron aquella campaña. ¿Qué aprendieron? ¿Qué harían de otra manera? ¿Reconocen que confundieron la defensa de una garantía con la exaltación de un dirigente? En 2017 tuvieron palabras, escenarios y fotografías para pedir confianza. Ahora deberían encontrar unas cuantas palabras para rendir cuentas de ella. El hashtag era suyo. La explicación también.
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