Los sindicatos reaccionan a la información de LasNoticiasRM sobre los currículos sin aprobar y reclaman proteger al alumnado y al profesorado
UGT y CCOO reclaman a la Consejería de Educación garantías para el alumnado y el profesorado de Formación Profesional tras la información publicada por LasNoticiasRM sobre la implantación de enseñanzas de grado medio sin aprobar previamente sus nuevos currículos autonómicos. Ambas organizaciones cuestionan la planificación de la Administración regional y exigen que la respuesta a las advertencias del Consejo Jurídico preserve los derechos de los estudiantes y la validez de sus titulaciones.
La secretaria del Sector de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos Región de Murcia, Toñi del Vas, califica la situación de “temeridad administrativa” y denuncia que Educación convierte la FP en un “carrusel de inseguridad jurídica”. Por su parte, Pascual Puche Sáez, secretario de Organización de CCOO Enseñanza RM y profesor de FP, reclama una planificación rigurosa y advierte contra el traslado a los centros de las consecuencias de las decisiones administrativas.
Las reacciones se producen después de que este medio haya publicado el contenido del Dictamen 264/2026, relativo a un proyecto de currículos de 48 títulos de Técnico de grado medio. Este pronunciamiento se suma al referido a 75 titulaciones de grado superior. La información recoge que el expediente no acreditaba la correspondencia entre las enseñanzas impartidas durante 2024-2025 y 2025-2026 y los currículos que se pretendían aprobar posteriormente. Los 48 títulos corresponden, por tanto, al proyecto de grado medio, aunque la denuncia sindical aborda la situación de ambos niveles.
UGT reclama garantías públicas y explicaciones en la Asamblea Regional
UGT sitúa como primera exigencia la subsanación urgente de la carencia documental advertida por el Consejo Jurídico y una garantía pública sobre la validez académica y profesional de las titulaciones. El sindicato considera que la Administración debe ofrecer una respuesta clara a los estudiantes y a sus familias.
“Los errores burocráticos de la Administración no los van a pagar ni los estudiantes ni sus familias”, sostiene la organización en la reacción trasladada por Toñi del Vas.
La petición sindical busca que Educación despeje las incertidumbres y documente las garantías necesarias. UGT reclama un “blindaje fehaciente de las titulaciones”, con el objetivo de que las deficiencias de la tramitación administrativa no repercutan sobre quienes han cursado estas enseñanzas.
La organización también exige responsabilidades políticas y explicaciones inmediatas en la Asamblea Regional. Quiere que la Consejería aclare las razones de lo que considera un retraso injustificado en la tramitación de los currículos y cuestiona el recurso a la vía de urgencia.
Para UGT, esa utilización de la urgencia responde a una falta de planificación que debe explicarse públicamente. Su reclamación abarca tanto la corrección de la documentación como la actuación de los responsables de organizar y tramitar el desarrollo curricular autonómico.
Del Vas resume la posición del sindicato con una exigencia de rigor: “La Formación Profesional no puede ser el laboratorio de pruebas de la improvisación regional. Exigimos rigor, respeto a la ley y garantías reales para nuestro alumnado y nuestro profesorado”.
Currículos publicados a tiempo y respeto al trabajo de los docentes
Las demandas de UGT también se dirigen al curso 2026-2027. El sindicato solicita un compromiso firme para que no se implante ningún currículo de Formación Profesional sin haber sido publicado previamente en tiempo y forma y sin la debida negociación en la Mesa Sectorial.
La organización plantea así que la respuesta de Educación incluya garantías para las próximas actuaciones, además de resolver las deficiencias detectadas. Reclama que la planificación normativa preceda a la implantación de las enseñanzas y que el profesorado cuente con un marco definido para desarrollar su trabajo.
UGT pide asimismo un reconocimiento expreso al esfuerzo de los claustros y los equipos directivos que han sacado adelante la enseñanza pública de FP pese a los problemas administrativos que atribuye a la Consejería.
La defensa del profesorado es también uno de los puntos centrales de la reacción de CCOO. Pascual Puche considera que la Administración educativa debe cumplir los procedimientos que exige a los demás integrantes del sistema.
“La Administración educativa debe ser la primera en cumplir los procedimientos que exige al conjunto de la comunidad educativa”, afirma el secretario de Organización de CCOO Enseñanza RM.
Puche cuestiona la coherencia de exigir un cumplimiento estricto de la normativa a profesores, equipos directivos y centros mientras las enseñanzas se ponen en marcha sin todos los elementos normativos necesarios. Para el sindicato, esa diferencia repercute sobre quienes deben desarrollar la actividad educativa en las aulas.
CCOO atribuye los retrasos a la falta de previsión y reclama estabilidad
CCOO interpreta la advertencia del Consejo Jurídico como una muestra de falta de previsión y de seguridad normativa en un ámbito que afecta directamente al alumnado y al profesorado.
El sindicato vincula parte de esta situación a la manera en que la Administración regional ha afrontado la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional. Según Puche, las discrepancias y reticencias de Educación respecto al nuevo modelo han generado retrasos e incertidumbres que terminan repercutiendo en los centros.
Se trata de la valoración sindical sobre el origen de los problemas. Desde esa perspectiva, CCOO reclama que cualquier solución tenga como prioridad los derechos de los estudiantes y proporcione seguridad a los profesionales encargados de impartir las enseñanzas.
“Desde CCOO defendemos que cualquier solución debe garantizar, por encima de todo, los derechos del alumnado y la validez de sus titulaciones, así como proporcionar seguridad al profesorado que está desarrollando su labor en unas condiciones marcadas por la incertidumbre normativa”, señala Puche.
Ambas organizaciones coinciden así en reclamar una respuesta que proteja a estudiantes y docentes. UGT añade exigencias concretas de explicaciones parlamentarias, negociación y publicación previa de los currículos, mientras CCOO insiste en la necesidad de una planificación estable y de recursos adecuados.
Para Puche, el carácter estratégico de la Formación Profesional para la sociedad y la economía exige que su desarrollo se sostenga sobre esas garantías. “La solución no pasa por improvisar ni por trasladar a los centros las consecuencias de decisiones administrativas no suficientemente planificadas”, concluye.
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