El estudio revisado mantiene diez millones para deuda municipal, pero reduce casi 600.000 euros las aportaciones previstas para mejorar la red
El futuro contrato del agua de Caravaca de la Cruz contempla tarifas más elevadas, una plantilla inferior a la actual y una partida de casi 175.000 euros para afrontar posibles despidos. Pero las nuevas cuentas revelan otra decisión especialmente significativa: el Ayuntamiento mantiene intactos los diez millones de euros que pretende obtener de la concesión para pagar deuda municipal, mientras reduce el dinero que la empresa deberá aportar cada año para mejorar las instalaciones del agua.
La reducción supone casi 600.000 euros a lo largo de los 25 años de contrato, según la comparación de las previsiones económicas. En otras palabras, el nuevo planteamiento conserva íntegramente la cantidad destinada a aliviar las cuentas municipales, pero rebaja una aportación periódica que debería servir para seguir renovando y mejorando las redes de abastecimiento y saneamiento.
Estos datos aparecen en el estudio de viabilidad corregido por AYMED, la consultora contratada por el Ayuntamiento. La documentación fue presentada el 11 de septiembre, después de que Aqualia, actual concesionaria del servicio, detectara distintos problemas en las cuentas iniciales y presentara alegaciones.
El Pleno del 28 de septiembre aprobó el estudio corregido y la propuesta de estructura de costes. Se trata de documentos que servirán para preparar la futura concesión, no de un contrato ya adjudicado. Tampoco acreditan que se hayan producido despidos o que las nuevas tarifas estén en vigor.
Sin embargo, sí permiten conocer qué cantidades ha decidido utilizar el Ayuntamiento como referencia para calcular el coste del servicio y qué consecuencias tendría mantener ese modelo durante los próximos 25 años.
Diez millones para deuda municipal, pero casi 600.000 euros menos para mejoras
Una de las decisiones más controvertidas del futuro contrato es el canon de diez millones de euros que deberá entregar la empresa adjudicataria al Ayuntamiento al comenzar la concesión. Ese dinero no estará reservado para cambiar tuberías, reparar instalaciones o ampliar la red. El propio estudio lo identifica como una cantidad destinada a pagar deuda municipal que no está directamente relacionada con la prestación del servicio de agua.
La empresa adelantaría los diez millones al Ayuntamiento y, según establece expresamente el documento, recuperaría ese coste mediante las tarifas que pagarán los usuarios durante los siguientes 25 años. Las cuentas distribuyen esa cantidad en 400.000 euros anuales.
Después de las alegaciones de Aqualia, ese canon no se ha reducido ni un euro. Sin embargo, sí se ha recortado otra cantidad que tiene una finalidad completamente diferente: el dinero que la futura concesionaria deberá aportar cada año para mejorar las infraestructuras hidráulicas.
El primer estudio contemplaba una aportación anual de 171.013,55 euros. El documento corregido la reduce a 147.346,28 euros. La diferencia es de 23.667,27 euros al año. Multiplicada por los 25 años de concesión, alcanza los 591.681,75 euros. Se trata de una comparación entre las previsiones de ambos estudios, suponiendo que se mantienen sus importes anuales. Como estas aportaciones se calculan mediante un porcentaje de los ingresos, su cuantía efectiva podría variar si cambia la recaudación.
La consecuencia es fácil de entender: el nuevo modelo compromete menos dinero cada año para mejorar las instalaciones, mientras mantiene los diez millones destinados a pagar deuda municipal. Eso no significa que desaparezcan las obras previstas. El contrato contempla, además, un programa inicial de inversiones que incluso aumenta ligeramente, de 11,95 a 12,05 millones de euros, para actuaciones durante los tres primeros años.
Pero hay una diferencia importante. Una cosa son esas inversiones iniciales y otra el dinero que la empresa deberá aportar periódicamente para futuras mejoras. Con la revisión, esa segunda aportación disminuye. Si no se compensa con otros recursos, habrá menos fondos específicamente comprometidos para afrontar nuevas necesidades de la red durante los años posteriores.
Y las necesidades no desaparecerán. Caravaca cuenta con numerosas pedanías, kilómetros de conducciones, depósitos e instalaciones distribuidas por un término municipal muy extenso. Las averías, las renovaciones y el mantenimiento seguirán siendo necesarios mucho después de ejecutar las primeras obras.
Por eso, la comparación plantea una pregunta especialmente relevante para los vecinos: ¿por qué se reduce el dinero previsto para mejorar el agua y no la cantidad que el Ayuntamiento pretende obtener para pagar su deuda?
El alcalde garantiza los empleos, pero las cuentas reservan casi 175.000 euros para posibles despidos
La otra gran novedad del estudio corregido afecta a los trabajadores. La documentación municipal mantiene una plantilla mínima equivalente a 12,5 jornadas completas, frente a las 16,5 actuales. La diferencia equivale a cuatro puestos de trabajo a jornada completa, aunque no permite determinar cuántas personas concretas podrían resultar afectadas.
Aqualia cuestionó esa reducción y advirtió de que el primer estudio ni siquiera había tenido en cuenta el dinero que podría costar despedir a trabajadores. El Ayuntamiento aceptó parcialmente esa alegación. Pero la solución no fue aumentar la plantilla prevista, sino añadir una partida de 174.899,86 euros para afrontar una posible reestructuración laboral.
La página 100 del estudio corregido explica que ese dinero se ha calculado tomando como referencia las indemnizaciones previstas para los despidos por causas objetivas. La cantidad se incorpora exclusivamente al primer año de la futura concesión. No significa que los despidos estén decididos. Pero sí demuestra que el modelo económico contempla esa posibilidad y reserva dinero para afrontarla.
Lo que no incorpora es una alternativa que permita comprobar cuánto costaría mantener toda la plantilla durante los 25 años. Esta previsión contrasta con las garantías públicas ofrecidas por el alcalde, José Francisco García Fernández. En una entrevista concedida a la radio municipal el 22 de julio, preguntado precisamente por la posible pérdida de puestos de trabajo, el regidor afirmó: «Yo garantizo aquí que no será nada por debajo de lo que hay».
Dos meses después, durante el Pleno del 28 de septiembre, volvió a comprometerse: «Yo ya garantizo públicamente aquí que los puestos de trabajo se van a mantener en el pliego». El alcalde defendió que los documentos debatidos eran estudios preparatorios y que los futuros pliegos incluirían la obligación de mantener los empleos.
También explicó que llegar al mínimo de personal contemplado podría implicar prescindir de trabajadores y que, por ese motivo, el estudio debía tener en cuenta las posibles indemnizaciones.
Sin embargo, durante aquella sesión no se modificaron las cifras laborales del documento sometido a votación. La garantía de conservar los puestos quedó aplazada a los futuros pliegos, mientras se aprobaba un estudio que sigue calculando el servicio con menos personal y con dinero reservado para posibles indemnizaciones.
La diferencia es importante. La obligación de contratar inicialmente a los trabajadores actuales, conocida como subrogación, no garantiza por sí sola que todos sus puestos se mantengan después. Para que esa continuidad quede protegida, deberá concretarse en las condiciones del contrato y ajustarse a la legislación laboral.
El Ayuntamiento sostiene que las inversiones en automatización, digitalización y control a distancia permitirán gestionar el servicio con menos personal. También señala que las empresas podrán ofrecer más trabajadores que el mínimo previsto. Pero permitir que una empresa contrate más personal no equivale a exigirle que conserve todos los empleos actuales.
El estudio corregido también contempla tarifas superiores a las recogidas en la ordenanza de 2022, utilizada como referencia para elaborar las previsiones económicas. Esos incrementos, que todavía no están en vigor, forman parte de los ingresos con los que se pretende financiar la futura concesión y recuperar los costes previstos, incluidos los diez millones destinados a deuda municipal.
El alcalde y la concejala no responden a las preguntas de LasNoticiasRM.es
Antes de publicar esta información, LasNoticiasRM.es remitió al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García Fernández, a la concejala de Servicios Públicos, Mónica Sánchez García, y al departamento de prensa del Ayuntamiento una serie de preguntas para conocer su versión sobre las modificaciones introducidas en el estudio de viabilidad y la estructura de costes del futuro contrato del agua.
Entre las cuestiones planteadas figuraban los motivos de la reducción de las aportaciones destinadas a mejorar las infraestructuras, el mantenimiento de los diez millones de euros para deuda municipal y el cálculo de los costes de reestructuración de plantilla. También se solicitó información sobre la viabilidad económica del contrato si finalmente se mantienen todos los puestos de trabajo actuales.
Hasta el cierre de esta información, ninguno de los destinatarios había respondido a las preguntas remitidas.
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El contrato todavía debe superar diferentes trámites administrativos y sus condiciones definitivas pueden cambiar. Precisamente por eso resulta importante conocer qué compromisos económicos se están incorporando desde el principio.
El alcalde promete conservar los empleos, pero el estudio aprobado contempla posibles indemnizaciones, calcula el servicio con menos personal y reduce casi 600.000 euros las aportaciones previstas para futuras mejoras de la red, mientras mantiene intactos los diez millones destinados a deuda municipal. La cuestión pendiente es cómo piensa hacer compatibles esas garantías con las cuentas que servirán de base a la futura concesión.
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