Moreno cuestiona otra auditoría de presas y defiende las revisiones licitadas por la CHS

Moreno cuestiona otra auditoría de presas y defiende las revisiones licitadas por la CHS

El diputado socialista responde a Jesús Cano con los contratos de seguridad, conservación y vigilancia y reclama que concrete cualquier deficiencia

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El diputado socialista Fernando Moreno ha rechazado la propuesta de una auditoría externa sobre las presas de la cuenca del Segura que atribuye al parlamentario del PP Jesús Cano. Moreno sostiene que supondría duplicar trabajos y ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha licitado por casi siete millones de euros la revisión general de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas.

En una nota de prensa, el representante del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la actuación de los técnicos de la Administración y ha reclamado al PP que identifique las infraestructuras sobre las que plantea dudas. Su respuesta se apoya tanto en esa licitación como en otros contratos de mantenimiento, conservación y vigilancia que, según detalla, mantiene el Estado en la cuenca.

“El PP pretende vender que no se está revisando el estado de las presas cuando la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha licitado por casi 7 millones de euros la revisión general de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas”, ha manifestado.

Moreno considera que el debate debe centrarse en las necesidades concretas de cada infraestructura y en la ejecución de las actuaciones necesarias para proteger a la población. Frente a una nueva auditoría, defiende destinar los recursos al mantenimiento, la prevención y las obras que resulten necesarias.

Revisiones de seguridad y contratos de conservación en la cuenca

La licitación citada por el diputado comprende la revisión general de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas. Moreno utiliza su existencia para cuestionar la necesidad de encargar otro análisis sin precisar qué trabajo adicional realizaría y cómo se diferenciaría de las actuaciones ya previstas.

La información trasladada por el socialista se refiere a una revisión licitada, no a un balance de inspecciones concluidas. Junto a ese procedimiento, el diputado ha enumerado otras partidas que, según sostiene, están destinadas al funcionamiento y la conservación de las infraestructuras.

En concreto, ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado 1,72 millones de euros para el mantenimiento, conservación y explotación de siete presas de la cuenca. Según su descripción, ese contrato incluye vigilancia, conservación y corrección de deficiencias.

Moreno también ha señalado una ampliación del mantenimiento de otras cinco presas por 1,51 millones de euros. En este caso, ha identificado las infraestructuras de Ojós, Mayés, Algeciras, Crevillente y La Pedrera.

El parlamentario presenta estos contratos como ejemplos de los recursos destinados por el Estado a la gestión de las presas. Su objeción es que una nueva contratación reproduzca tareas que, a su juicio, ya están cubiertas por la actividad de la Administración y los procedimientos en marcha.

“Además, el Estado está destinando millones de euros al mantenimiento, conservación, vigilancia y explotación de estas infraestructuras. Por tanto, ¿qué quiere exactamente Jesús Cano? ¿Que se vuelva a pagar a una empresa externa para hacer un trabajo que ya realizan los técnicos de la Administración?”, ha preguntado.

El PSOE pide al PP que identifique las presas sobre las que tiene dudas

Moreno ha reclamado que cualquier cuestionamiento sobre la seguridad se acompañe de información concreta. El diputado pide a Cano que señale qué presa presenta un problema, cuál es la deficiencia y qué riesgo considera que existe.

“Si conoce una presa concreta que tenga un problema de seguridad, que diga cuál es, qué problema tiene y qué riesgo existe. Pero que no lance una sospecha general sobre todas las presas de la cuenca del Segura”, ha afirmado.

El socialista ha defendido la profesionalidad de los funcionarios y ha cuestionado que se plantee una revisión externa del trabajo de los técnicos públicos sin aclarar su alcance. En su respuesta, sostiene que la supervisión de las infraestructuras debe abordarse a partir de necesidades identificadas.

También ha rechazado las críticas sobre una supuesta falta de información o transparencia. Para ello, ha señalado que, según recuerda, la vicepresidencia primera de la Junta de Gobierno de la CHS recae en el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Joaquín Buendía.

Moreno ha utilizado esa participación autonómica en el organismo de cuenca para preguntar por la información que recibe y traslada el Ejecutivo regional. A su juicio, la presencia del consejero en la Junta de Gobierno debe tenerse en cuenta al valorar las posibilidades de acceso a los asuntos de la Confederación.

“Las presas no son del PSOE ni del PP. Son infraestructuras que protegen a los ciudadanos. Y su seguridad no puede utilizarse como arma de confrontación política”, ha manifestado.

Prioridad al mantenimiento y a la ejecución de las obras

La respuesta de Moreno incluye una crítica más amplia a la gestión del dinero público por parte del PP regional. El diputado ha citado la desaladora de Escombreras, el aeropuerto de Corvera, el parque Paramount y la autopista Cartagena-Vera como ejemplos de proyectos que, en su valoración, acabaron generando elevados costes.

Con esa comparación, ha defendido que los nuevos gastos deben responder a una utilidad concreta y evitar la repetición de trabajos. La discrepancia que plantea sobre la auditoría se refiere a su necesidad y a la posible duplicación de funciones, mientras reivindica las partidas de revisión y mantenimiento mencionadas en su comunicado.

“Nosotros gestionamos de otra manera. No queremos auditorías para hacer lo que ya se está haciendo. Queremos que el dinero se invierta en lo que realmente protege a los ciudadanos: mantenimiento, prevención y nuevas infraestructuras donde sean necesarias”, ha señalado.

Moreno ha concluido reclamando que la discusión se traduzca en actuaciones sobre las infraestructuras. Su posición es priorizar la conservación de las presas, el avance de los proyectos y la ejecución de las obras, y exigir que cualquier propuesta adicional explique qué necesidad pretende cubrir respecto a los trabajos ya contratados o licitados.

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