Mari Cruz López cuestiona que se mantengan diez millones para deuda municipal mientras baja la aportación anual prevista para mejorar las redes
El PSOE de Caravaca de la Cruz reclama al Gobierno de José Francisco García que revise el estudio económico del futuro contrato del agua antes de continuar con una concesión prevista para 25 años. La secretaria general socialista, Mari Cruz López, cuestiona que se conserve un canon de diez millones de euros destinado a deuda municipal mientras se reduce la aportación periódica contemplada para mejorar las redes.
La petición llega después de que el Pleno aprobara, el pasado 28 de septiembre, el estudio revisado y la estructura de costes como pasos preparatorios del futuro contrato. El servicio todavía no está adjudicado y las tarifas previstas no están en vigor, pero los socialistas consideran que es ahora cuando deben revisarse las decisiones que condicionarán su financiación.
La formación pide examinar el efecto del canon, garantizar inversiones sostenidas en el casco urbano y las pedanías y aclarar las previsiones laborales. Su reclamación se centra en cómo se distribuirán los recursos durante toda la duración del contrato y en qué consecuencias tendrán esas decisiones para usuarios y trabajadores.
«Pedimos revisar las cuentas ahora, cuando aún se pueden comparar opciones y proteger mejor a la ciudadanía», afirma López.
Diez millones para deuda y una menor aportación anual a las redes
Según los datos recogidos en la nota socialista, el estudio mantiene un canon de diez millones de euros destinado a deuda municipal, cuya recuperación se distribuye a razón de 400.000 euros anuales durante 25 años.
El PSOE contrapone esa previsión con la reducción de la aportación periódica para mejoras. La cantidad pasa de 171.013,55 a 147.346,28 euros anuales, lo que supone una diferencia de 23.667,27 euros por ejercicio.
Si esas cantidades se mantuvieran durante toda la concesión, la diferencia acumulada alcanzaría los 591.681,75 euros en 25 años. Esa comparación depende, por tanto, de que se mantengan las previsiones utilizadas y corresponde a la aportación periódica para mejoras, no al conjunto de las inversiones del contrato.
Para Mari Cruz López, la revisión debe explicar por qué se conserva íntegra la cantidad vinculada a la deuda mientras disminuye esa aportación anual. La dirigente socialista reclama estudiar alternativas antes de consolidar un modelo económico que tendrá efectos durante más de dos décadas.
«El agua no puede quedar comprometida durante 25 años sin explicar antes por qué se protege el dinero destinado a deuda y se reduce la aportación para mejorar las redes, amén de suponer un incremento en la tarifa que repercutirá directamente en el bolsillo de nuestros vecinos», sostiene.
La crítica socialista apunta al uso de un servicio básico para obtener recursos con los que atender deuda municipal. El PSOE considera que el Ayuntamiento debe explicar el efecto de esa decisión sobre la financiación del abastecimiento y el saneamiento y sobre las condiciones económicas previstas para los usuarios.
Las pedanías y el mantenimiento después de las primeras inversiones
El programa de inversiones contemplado asciende a 12,05 millones de euros y concentra actuaciones en los tres primeros años. Los socialistas reclaman que el Gobierno local detalle cómo se atenderán las necesidades que surjan durante el resto de la concesión.
La distinción entre las obras iniciales y la conservación posterior ocupa un lugar central en su propuesta. El PSOE pide que el contrato garantice un abastecimiento fiable y recursos sostenidos para el mantenimiento, de modo que la inversión de los primeros ejercicios se acompañe de una planificación para las décadas siguientes.
«Una obra al principio no sustituye a una red bien cuidada durante décadas», señala López.
La formación pone especial atención en las pedanías. Reclama conocer qué actuaciones llegarán a cada núcleo y qué condiciones de mantenimiento tendrán después. A juicio de la secretaria general socialista, el anteproyecto de inversiones no da una respuesta suficiente a sus necesidades de abastecimiento.
López defiende una inversión que permita reducir la dependencia de los pozos y extender las conexiones necesarias. En concreto, pide que la planificación incluya tanto el refuerzo de la conexión del depósito de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla con Cavila como la conexión desde este punto hacia las pedanías.
«El proyecto debe prever no solo el afianzamiento de la conexión del depósito de la Mancomunidad de Canales del Taibilla con Cavila, sino también la conexión de éste con las pedanías», afirma.
El PSOE plantea así que la revisión económica se acompañe de una definición de las prioridades territoriales. Su petición es que los compromisos del contrato permitan identificar las mejoras previstas para el casco urbano y para los distintos núcleos rurales.
Menos jornadas equivalentes y una partida para posibles indemnizaciones
La tercera reclamación afecta a la plantilla. Según expone el PSOE, el estudio pasa de 16,5 a 12,5 jornadas equivalentes, una reducción prevista de cuatro jornadas completas equivalentes.
Esa magnitud expresa volumen de trabajo y no permite concluir, por sí sola, que se hayan decidido cuatro despidos. La propia nota socialista reconoce que la documentación no acredita que existan ceses acordados.
Sin embargo, la formación cuestiona que el estudio incorpore 174.899,86 euros para una posible reestructuración, una partida que vincula con indemnizaciones por despido. Por ello, reclama que el Gobierno municipal presente un escenario económico que contemple el mantenimiento de toda la plantilla antes de avanzar.
«Y si el alcalde dice que se mantendrán los puestos, debe explicar por qué el estudio reserva 174.899,86 euros para una posible reestructuración. Las personas trabajadoras merecen cuentas claras y garantías laborales, no incertidumbre», señala López.
Los socialistas consideran que las condiciones laborales deben aclararse junto con las inversiones y la financiación. Su propuesta es que las garantías sobre el empleo se reflejen en las previsiones económicas que sostendrán el futuro servicio.
En su comunicado, fechado el 26 de octubre, el PSOE sostiene que todavía no se había publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia e insta al equipo de gobierno a replantear el estudio. López reclama aprovechar esta fase previa a la adjudicación para revisar el canon, concretar las inversiones de las pedanías y despejar las dudas de la plantilla antes de comprometer la gestión del agua durante 25 años.
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