El eurodiputado contrapone los 5,2 millones destinados a avales con los terrenos ofrecidos por trece ayuntamientos socialistas para unas 800 viviendas asequibles
El eurodiputado socialista murciano Marcos Ros ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de dejar pasar una oportunidad de financiación europea para ampliar el parque público de vivienda de la Región de Murcia. Según los datos que expone en una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico destinó a vivienda 5,2 millones de euros de los 47,6 millones reprogramados del fondo FEDER, y los dirigió únicamente a avales, sin asignarlos a nuevas promociones públicas.
La denuncia vincula esa decisión presupuestaria con el ofrecimiento de suelo realizado por trece ayuntamientos gobernados por el PSOE. De acuerdo con la información difundida por Ros, esos consistorios han puesto a disposición de la Comunidad Autónoma 86.000 metros cuadrados de terrenos municipales, sobre los que los socialistas plantean construir alrededor de 800 viviendas públicas y asequibles.
El europarlamentario reclama que el Gobierno regional acepte los solares y elabore un plan efectivo de construcción. Su crítica se centra en la distancia que, a su juicio, existe entre los anuncios sobre vivienda y las decisiones de financiación necesarias para materializarlos.
«López Miras podría tener millones de euros listos en la caja para empezar a levantar viviendas en esos solares, pero decidió dejar pasar ese tren», sostiene Ros. Las cifras y valoraciones proceden del comunicado socialista, que no incorpora una respuesta del Ejecutivo autonómico ni adjunta los expedientes de reprogramación y de los terrenos ofrecidos.
La financiación europea y la decisión de destinarla a avales
Ros sitúa el origen de su denuncia en la revisión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Según explica, el Parlamento Europeo incluyó la vivienda en esa revisión a propuesta suya para facilitar que las comunidades autónomas pudieran recurrir a financiación europea en este ámbito.
A partir de esa posibilidad, el eurodiputado cuestiona el uso que el Gobierno murciano ha hecho de la reprogramación de fondos. Su nota cifra la cantidad global reprogramada en 47,6 millones de euros y la asignación a vivienda en 5,2 millones.
Con las cantidades facilitadas por Ros, la dotación para vivienda representa aproximadamente el 10,9 % del importe reprogramado. La objeción del socialista afecta tanto a su volumen como al instrumento elegido: asegura que los recursos se han destinado a avales y no a construir nuevas promociones de titularidad pública.
Esa distinción es central en su argumentación. Los avales y la construcción de vivienda pública son actuaciones diferentes, y Ros exige que la financiación permita aumentar directamente la oferta de inmuebles públicos y asequibles aprovechando los terrenos municipales.
«No se puede salir cada semana a anunciar que la vivienda es una prioridad para el Gobierno Regional cuando los números demuestran que es mentira», afirma en el comunicado. Se trata de una valoración política con la que reprocha al Ejecutivo autonómico que sus prioridades declaradas no se correspondan, según su análisis, con las cantidades y los destinos elegidos.
El europarlamentario también compara la asignación murciana con las de otras comunidades. Según los datos recogidos en su nota, Castilla-La Mancha destinó 67,7 millones de euros a vivienda y Galicia, 44,3 millones. Ros destaca que esta última está gobernada por el PP para sostener que su crítica se refiere a una decisión del Gobierno regional murciano y no únicamente a una diferencia entre partidos.
86.000 metros cuadrados de suelo municipal para vivienda asequible
El segundo elemento de la denuncia es la disponibilidad de terrenos. Ros respalda la iniciativa de los trece ayuntamientos socialistas de la Región y pide que el ofrecimiento dé paso a una programación concreta de nuevas promociones.
Según el comunicado, la superficie conjunta asciende a 86.000 metros cuadrados y la propuesta contempla alrededor de 800 viviendas. Esa cifra se presenta como una previsión de los socialistas, no como un número de inmuebles cuya construcción esté ya adjudicada o iniciada.
La nota no desglosa los solares por municipio ni detalla su situación urbanística, los proyectos necesarios, el coste de las promociones o el calendario de ejecución. Por tanto, el ofrecimiento descrito constituye el punto de partida de la reclamación política y no permite afirmar que las viviendas puedan comenzar a construirse de manera inmediata.
Ros sostiene, sin embargo, que la combinación de suelo municipal y financiación europea ofrecía una oportunidad que el Gobierno regional debería haber aprovechado. Desde su perspectiva, disponer de terrenos exige una respuesta autonómica que permita avanzar hacia la construcción y concretar los recursos necesarios.
La petición al presidente regional es que acepte los terrenos y ponga en marcha un plan de vivienda pública. «Le pedimos menos excusas y más vivienda pública. Menos recalentar el mercado privado y más construir en el suelo público que le damos», manifiesta.
Críticas al balance del PP y exigencia de un plan de construcción
El eurodiputado amplía su reproche a otras actuaciones en materia de vivienda. En el comunicado acusa al Gobierno regional de retrasar o bloquear el Bono Alquiler Joven y recuerda el decálogo de medidas planteado por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas.
Estas referencias forman parte de la valoración socialista sobre la gestión autonómica. La nota no aporta un desglose del estado de tramitación de las ayudas ni desarrolla las propuestas del decálogo, por lo que el eje documentado de su intervención sigue siendo la asignación de fondos que denuncia y el ofrecimiento de suelo municipal.
Ros también atribuye al PP un balance de «cero viviendas públicas construidas en diez años». Esa afirmación se recoge como una denuncia del europarlamentario; el comunicado no acompaña una relación de promociones o un inventario que permita comprobar por separado ese balance.
Su exigencia final es que el Ejecutivo autonómico transforme las oportunidades de financiación y los terrenos ofrecidos en una política concreta de construcción. El socialista reclama que la respuesta a los ayuntamientos incluya un plan efectivo para aumentar el parque público y convertir la propuesta de unas 800 viviendas asequibles en actuaciones con financiación y ejecución definidas.
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