Una prórroga fijó el final del servicio dos días antes de firmarse; el Consejo Jurídico considera «inexplicable» la actuación del órgano gestor
La Consejería de Medio Ambiente omitió el reajuste presupuestario obligatorio y su fiscalización previa en el contrato de asistencia técnica de las obras del puesto de vigilancia forestal de La Castellana, en Lorca. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia acredita ese incumplimiento y censura, además, una orden que ampliaba el plazo del servicio hasta una fecha anterior a su propia firma. El expediente obligó a tramitar la regularización de 2.454,89 euros correspondientes a trabajos realizados en abril y mayo de 2025.
El dictamen 296/2026, aprobado el 7 de octubre y al que ha tenido acceso LasNoticiasRM, añade un nuevo caso a las deficiencias de gestión documentadas en infraestructuras contra incendios. Este medio ya informó el 13 de octubre de la omisión del control presupuestario de 29.806,20 euros en las obras de la base forestal de Mazarrón, examinada en otro pronunciamiento del mismo órgano consultivo.
En La Castellana, el Consejo Jurídico cuestiona tanto el trámite económico omitido como la incoherencia de las decisiones adoptadas sobre la duración del servicio. Su valoración es especialmente expresiva al considerar que «resulta inexplicable» la actuación del órgano gestor después de haber encadenado suspensiones y ampliaciones de plazo.
El pronunciamiento es, no obstante, favorable a elevar la propuesta al Consejo de Gobierno para autorizar el reconocimiento y pago de la obligación. El Consejo considera acreditado que los servicios se prestaron y que existe crédito suficiente. Las irregularidades afectan a la tramitación administrativa y son subsanables.
Una ampliación que terminaba antes de firmarse
El contrato examinado corresponde a la asistencia técnica a la dirección y la coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora del puesto de vigilancia de La Castellana, integrado en la red de detección de incendios forestales de la Región de Murcia. Fue adjudicado a Arbórea Ingeniería del Medio Natural el 24 de noviembre de 2023 y formalizado el 4 de diciembre.
La ejecución del servicio estaba vinculada a la de las obras. Por ello, las incidencias que alteraron el calendario de construcción afectaron también al trabajo de asistencia técnica. El 30 de abril de 2024 se inició la tramitación de una modificación del proyecto principal, que no fue aprobada hasta el 11 de abril de 2025. Los trabajos del modificado comenzaron el 23 de abril de ese año.
En ese recorrido se dictó la orden que concentra uno de los principales reproches del Consejo Jurídico. Fechada el 19 de mayo de 2024, su parte dispositiva ampliaba el plazo del servicio hasta el 17 de mayo de 2024: dos días antes de la firma.
La incoherencia iba más allá de las fechas. Según recoge el dictamen, la propuesta técnica planteaba suspender temporalmente el contrato y ampliar su ejecución un mes desde el reinicio de las obras. Sin embargo, la resolución se limitó a establecer una ampliación hasta una fecha fija y omitió la suspensión propuesta.
La Intervención advirtió de que tampoco podía determinarse entonces una fecha cerrada de finalización, porque el servicio dependía de una modificación de las obras todavía pendiente. En la práctica, la asistencia técnica permaneció suspendida hasta su reanudación y terminó en mayo de 2025, un año después de la fecha recogida en aquella orden.
El Consejo Jurídico comparte el criterio de la Intervención y califica la actuación como «un claro incumplimiento normativo». También reprocha que la explicación aportada por el órgano gestor se limite a narrar los hechos, sin resolver las contradicciones advertidas en la orden.
Hubo tiempo para tramitar el ajuste obligatorio
El segundo problema afecta a la programación presupuestaria. El crédito del contrato estaba previsto para 2024, pero la prolongación de los trabajos trasladó parte de la ejecución a 2025. Esa circunstancia exigía adaptar la distribución del gasto entre ejercicios y someter el correspondiente expediente al control previo de la Intervención.
La Administración no realizó ese reajuste. La omisión afectó a dos certificaciones de la asistencia técnica: una de 601,09 euros por servicios de abril de 2025 y otra de 1.853,80 euros por los de mayo. Ambas suman los 2.454,89 euros sometidos a regularización.
La Intervención Delegada dejó constancia del incumplimiento en un informe de 19 de septiembre de 2025. También señaló que las certificaciones no se habían aprobado dentro del plazo establecido.
La explicación de Medio Ambiente figura en una memoria justificativa suscrita por el director de obra y el responsable del contrato. Ambos atribuyeron la omisión a un error procedimental derivado de la suspensión de los trabajos y de la ampliación del plazo. Defendieron, al mismo tiempo, que la prestación se había ejecutado efectivamente y que existían certificaciones y facturas que la acreditaban.
El Consejo Jurídico recoge esa explicación, pero formula un reproche sobre la capacidad de actuación de la unidad responsable. Señala que dispuso de tiempo suficiente para tramitar el ajuste y añade un dato significativo: el órgano gestor sí realizó el reajuste de anualidades del lote 2 del mismo expediente de contratación.
El servicio de La Castellana constituía el lote 3. La comparación incorporada al dictamen evidencia que el trámite obligatorio se articuló para otra de las actuaciones incluidas en el expediente, mientras quedó pendiente en la asistencia técnica de las obras de Lorca.
El órgano consultivo recuerda que la adaptación presupuestaria resulta obligatoria cuando las suspensiones, modificaciones o ampliaciones alteran el calendario de ejecución. Su cumplimiento permite mantener la correspondencia entre los trabajos contratados y los ejercicios presupuestarios que deben financiarlos.
El precedente de Mazarrón y la regularización del pago
LasNoticiasRM publicó el pasado 13 de octubre que Medio Ambiente había incurrido en una omisión equivalente en la construcción de la base contra incendios forestales de Mazarrón. Aquel caso afectaba a 29.806,20 euros de una obra adjudicada a Ábaco Levante por 236.055,27 euros. El Consejo Jurídico también reprochó que los responsables habían tenido tiempo suficiente para adaptar las anualidades a las suspensiones y ampliaciones que ellos mismos conocían.
El expediente de La Castellana acredita la repetición de ese defecto de tramitación en otra infraestructura forestal. A ello se suma la orden incoherente sobre la duración del servicio, objeto de un reproche específico que distingue este caso del antecedente de Mazarrón.
La subsanación de La Castellana se prolongó hasta el ejercicio 2026. Según la documentación examinada, el 23 de abril se contabilizó una transferencia de crédito para atender las obligaciones y en mayo se incorporaron el certificado de existencia de fondos y la reserva presupuestaria. El expediente llegó al Consejo Jurídico el 29 de mayo.
La propuesta identifica una financiación del 60% con cargo al fondo europeo FEADER, del 12% procedente de la Administración del Estado y del 28% de la Comunidad Autónoma, dentro del periodo PEPAC 2023-2027. El Consejo considera correcta la operación presupuestaria y acreditada la disponibilidad de crédito.
Su conclusión permite continuar el procedimiento para reconocer y pagar los servicios. Los 2.454,89 euros corresponden a prestaciones efectivamente realizadas; el dictamen no los identifica como un sobrecoste ni como una pérdida de fondos públicos.
El documento tampoco incorpora el eventual acuerdo posterior del Consejo de Gobierno ni permite confirmar la fecha del pago efectivo a la empresa. Lo que sí deja acreditado es que una obligación presupuestaria conocida quedó sin tramitar y que una resolución sobre la duración del servicio contenía contradicciones que el Consejo Jurídico considera insuficientemente explicadas.
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