La Comunidad Autónoma deja de recaudar por Sucesiones y Donaciones una cifra equivalente al presupuesto anual de educación, reclamando constantemente fondos al Gobierno central para cubrir su déficit
La Región de Murcia ha dejado de ingresar, según la información a la que ha tenido acceso en exclusiva LasNoticiasRM procedente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, un total de 1.803.851.205,98 euros desde 2019 hasta 2024 como consecuencia de las bonificaciones aplicadas en los impuestos de sucesiones y donaciones. Esta cantidad representa una pérdida significativa para las arcas públicas murcianas, una cifra equivalente a todo el presupuesto anual dedicado a la educación pública regional o tres cuartas partes del presupuesto anual sanitario.
Al mismo tiempo que aplica estas generosas bonificaciones fiscales, el Ejecutivo autonómico presidido por Fernando López Miras reclama constantemente al Gobierno central mayores recursos financieros, argumentando la infrafinanciación crónica de la comunidad y solicitando anticipos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), fondos extraordinarios (Extra FLA), y otras ayudas específicas para afrontar crisis sanitarias o catástrofes naturales.
En concreto, durante estos años, el gobierno regional ha hecho reiteradas peticiones a Madrid. En 2020, en plena crisis sanitaria del Covid-19, exigió fondos adicionales específicos para sanidad, además de solicitar la devolución de fondos por ajustes de IVA y entregas a cuenta pendientes de ejercicios anteriores. Asimismo, el Gobierno regional ha solicitado en varias ocasiones adelantos extraordinarios del FLA para cubrir el déficit de sus presupuestos anuales, llegando a acumular más de 2.500 millones de euros en ayudas del Estado desde 2021, con 778 millones solo en 2024.
Las catástrofes naturales también han motivado peticiones urgentes al Estado. Tras la DANA de 2019 y más recientemente en noviembre de 2024, el gobierno murciano solicitó ayudas por valor de 10 millones de euros para cubrir los daños ocasionados por fuertes lluvias e inundaciones.
El discurso político del Gobierno de López Miras se centra en denunciar que la Región de Murcia sufre una infrafinanciación histórica, responsabilizando al actual sistema de reparto autonómico de la elevada deuda pública murciana, que se acerca a los 13.000 millones de euros. Sin embargo, expertos y la oposición regional señalan la contradicción que supone esta postura con la política fiscal autonómica adoptada por el PP de Murcia desde hace años.
Rebajas fiscales que lastran las arcas autónomicas
Desde 2018, Murcia ha impulsado sucesivas rebajas fiscales en los impuestos autonómicos, especialmente en Sucesiones y Donaciones, bonificando hasta un 99% de la cuota a los familiares directos. Esta decisión beneficia principalmente a familias con elevados patrimonios, lo que implica una transferencia indirecta de riqueza hacia los sectores más adinerados de la sociedad murciana.
El impacto de estas medidas es evidente: solo en el año 2022, aproximadamente 30.000 murcianos se ahorraron 280 millones de euros en impuestos, recursos que el Gobierno regional dejó voluntariamente de ingresar. La administración murciana justifica esta política argumentando que reduce la presión fiscal sobre los ciudadanos y dinamiza la economía regional.
Sin embargo, economistas y partidos de la oposición advierten que estas decisiones erosionan la base tributaria regional, reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales como sanidad, educación o servicios sociales, y debilitan la posición negociadora de la Región de Murcia ante el Gobierno central. Al renunciar voluntariamente a ingresos tributarios propios, se cuestiona la legitimidad de exigir constantemente ayudas adicionales al Estado.
Los más de 1.800 millones de euros perdonados en impuestos podrían haber financiado numerosas infraestructuras necesarias en la Región, como centros de salud completos, la contratación de miles de profesionales sanitarios y docentes, o la ampliación y mejora de servicios sociales fundamentales para la ciudadanía.
Mientras el Ejecutivo autonómico continúa solicitando ayuda financiera y exigiendo un trato más justo en la financiación estatal, su política fiscal interna sigue generando un considerable déficit de ingresos. Esta aparente incongruencia, que privilegia, en una gran mayoría de casos, a unos pocos contribuyentes de alto poder adquisitivo mientras limita la capacidad presupuestaria regional, mantiene viva una polémica que seguirá centrando el debate político y económico en Murcia durante los próximos años.
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