Radioterapia infrautilizada en hospitales públicos mientras los conciertos privados aumentan un 16% este año
Izquierda Unida-Verdes de Murcia ha lanzado duras críticas contra el Gobierno regional del Partido Popular por lo que consideran una estrategia deliberada de deterioro de la sanidad pública para beneficiar a clínicas privadas, especialmente en el ámbito de la atención oncológica mediante radioterapia.
Según la formación de izquierdas, varios aceleradores lineales —tecnología de última generación indispensable para el tratamiento de pacientes con cáncer— se encuentran infrautilizados en hospitales públicos como La Arrixaca, Santa Lucía y Morales Meseguer. Dos de estos equipos fueron incluso donados por la Fundación Amancio Ortega, y actualmente “acumulan polvo en los pasillos de la Arrixaca”, denuncian desde IU-V.
El motivo, apuntan, es la falta de personal técnico y sanitario especializado, lo que impide su uso a pleno rendimiento. Según técnicos consultados por la formación, no hay recursos humanos suficientes para operar simultáneamente los cinco aceleradores instalados en la Arrixaca, lo que provoca listas de espera innecesarias y derivaciones sistemáticas a hospitales privados.
Una estrategia de deterioro planificado para alimentar el negocio privado
IU-V Murcia va más allá y sostiene que esta situación no es fruto de la casualidad ni de la falta de planificación, sino una política sanitaria premeditada del Partido Popular. “Si se contratara al personal necesario, las clínicas privadas se quedarían sin clientes/pacientes”, afirman en un comunicado.
“Los enfermos de cáncer parecen ser un procedimiento de lucro, pues el gobierno de López Miras y las empresas de sanidad privada se los intercambian como números”, denuncia IU-V, subrayando la dimensión ética y humana de este conflicto. A su juicio, el PP está desmantelando la capacidad pública de atender eficazmente a los pacientes oncológicos para justificar su externalización.
Esta estrategia, explican, permite garantizar a las empresas privadas un volumen constante de pacientes derivados desde el sistema público, lo que se traduce en ingresos fijos cargados a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
La paradoja del IMED: radioterapia concertada al servicio de la formación privada
Uno de los focos principales de la crítica de IU-V se centra en el Centro de Radioterapia IMED, un centro concertado que no solo atiende a pacientes derivados desde la sanidad pública, sino que además utiliza esos mismos equipos para impartir formación privada. De este modo, el centro evita asumir el coste de adquirir sus propios aceleradores lineales, aprovechando la infraestructura pagada en parte con fondos públicos.
“Es escandaloso que mientras en la Arrixaca no se utilizan por falta de personal, en centros como IMED se usen con fines formativos privados”, reprochan desde la formación, que considera inaceptable que recursos sanitarios de altísimo coste estén al servicio de intereses empresariales mientras los pacientes esperan meses para ser tratados.
IU-V exige que se ponga fin a esta situación y que se reoriente toda la capacidad pública hacia el funcionamiento completo de los servicios radioterápicos del sistema sanitario regional, con dotación de personal suficiente y con un modelo de gestión que garantice la prioridad del interés general frente al lucro empresarial.
Los conciertos privados aumentan un 16% en 2025, sin justificación legal suficiente
Otro dato clave aportado por IU-V es el aumento del 16% en el gasto sanitario concertado en los presupuestos regionales de 2025, que se traduce en 24,4 millones de euros adicionales destinados a conciertos con centros privados. Esta cifra no solo evidencia la apuesta del Gobierno de López Miras por la externalización sanitaria, sino que, además, presenta importantes irregularidades, según el Tribunal de Cuentas.
La formación de izquierdas recuerda que dicho organismo ha advertido que el 75% del gasto en los conciertos sanitarios de la Arrixaca se realiza al margen de la normativa de contratación pública vigente. Esto significa que tres de cada cuatro euros concertados no cumplen con los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público y, además, no incluyen el análisis obligatorio que debe demostrar la falta de recursos propios que justificaría su externalización.
Este hecho supone, en opinión de IU-V, una vulneración de la legalidad en materia de contratación, además de un incumplimiento sistemático del principio de eficiencia en la gestión del dinero público. “Ni se garantiza el ahorro, ni se mejora la calidad del servicio, ni se respeta la legalidad. El único beneficiado es el negocio privado a costa del sufrimiento de los pacientes”, concluyen.
IU-V exige revertir los recortes y recuperar la capacidad pública
Ante esta situación, Izquierda Unida-Verdes de Murcia exige al Gobierno regional que rectifique de inmediato su política de conciertos sanitarios y apueste por reforzar los hospitales públicos con contratación de personal, mantenimiento de equipos y gestión transparente.
“Mientras haya pacientes esperando radioterapia por falta de personal en hospitales públicos, ningún recurso debería derivarse a la sanidad privada”, sentencia el comunicado. Para IU-V, la salud de la ciudadanía debe estar por encima del interés de cualquier empresa, y el tratamiento del cáncer no puede convertirse en un nicho de negocio.
La formación concluye instando a los colectivos sociales, profesionales sanitarios y ciudadanía a denunciar públicamente esta deriva privatizadora y a exigir una sanidad pública, universal y de calidad como eje central del sistema de protección social en la Región de Murcia.
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