La solicitud plantea que el incumplimiento de una resolución firme del Comisionado de Transparencia podría constituir una infracción muy grave, sancionable con el cese e inhabilitación del cargo hasta tres años
La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha recibido este viernes una solicitud formal para la incoación de un expediente disciplinario contra el Director General de Deportes, Fran Sánchez, por el presunto incumplimiento de una resolución firme dictada por el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia. El escrito, dirigido a la consejera del ramo, Carmen Conesa, se refiere a la Resolución 17/2025, dictada por dicho órgano en el marco del expediente R-049-2024, y que obligaba a la Dirección General a facilitar información pública relativa a los contratos suscritos con la empresa BenyTours Vacaciones Empresas Grupo SL.
Según se expone en el documento, la resolución fue notificada en plazo y ha adquirido firmeza al no haberse interpuesto recurso judicial alguno. La persona firmante sostiene que, transcurrido el periodo legalmente establecido para su cumplimiento, la Dirección General no ha entregado la documentación requerida ni ha adoptado medidas encaminadas a la ejecución del mandato. En consecuencia, se solicita a la Consejería que inicie las actuaciones previstas en el artículo 43.2.c) de la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, que tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de resoluciones firmes en materia de acceso a la información pública.
La información solicitada por el reclamante incluye los expedientes completos de contratación suscritos entre la Dirección General de Deportes y BenyTours desde 2019 hasta la fecha de resolución, con todos los documentos asociados: presupuestos, autorizaciones, resoluciones de adjudicación, facturas y justificantes de gasto.
Resolución firme y sin constancia de ejecución
La Resolución 17/2025 del Comisionado estimó en su totalidad la reclamación inicial presentada en octubre de 2023. En su dictamen, el órgano de garantía de la transparencia concluyó que la solicitud era procedente, que no concurría causa legal de inadmisión ni de restricción del acceso a la información, y ordenó a la Dirección General de Deportes facilitar la documentación en un plazo de 15 días hábiles desde su notificación.
Según el escrito registrado este viernes en la Consejería, hasta la fecha no consta que se haya dado cumplimiento a la resolución ni que se haya justificado el retraso en su ejecución. Por ello, se plantea la posible existencia de una conducta omisiva atribuida al Director General de Deportes y se solicita la apertura del correspondiente expediente disciplinario para analizar si concurren los elementos que configuran una infracción administrativa muy grave, conforme al artículo 43 de la Ley 12/2014.
Asimismo, se solicita que la Consejería adopte medidas administrativas urgentes para garantizar la ejecución efectiva de la resolución, de forma paralela a la tramitación del expediente disciplinario, con el objetivo de restablecer el derecho de acceso reconocido en el dictamen del Comisionado.
Contratos menores con BenyTours y solicitud de fiscalización
El caso se enmarca en una serie de contrataciones realizadas entre 2019 y 2024 por parte de la Dirección General de Deportes con la empresa BenyTours Vacaciones Empresas Grupo SL. Según los datos extraídos del registro oficial de contratos menores de la Comunidad Autónoma, se habrían adjudicado un total de 223 contratos por un importe global de 59.749,91 euros. La mayoría de estos encargos corresponderían a servicios de transporte vinculados a actividades deportivas organizadas por la administración regional.
La investigación previa de estos contratos motivó la solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, y posteriormente la reclamación ante el Comisionado, que derivó en la Resolución 17/2025. La documentación requerida no ha sido aún facilitada, motivo por el cual se plantea ahora la posibilidad de incoar un expediente disciplinario contra el alto cargo responsable de la Dirección General.
En paralelo, diversas fuentes han planteado la necesidad de que la Asamblea Regional y los órganos de fiscalización del gasto público valoren si procede abrir un proceso de revisión o control de legalidad sobre el procedimiento seguido en estas contrataciones, dado su volumen, reiteración y concentración en un único proveedor, así como la modalidad utilizada (contrato menor) sin tramitación ordinaria.
Posibles consecuencias según el régimen aplicable a altos cargos
El artículo 43 de la Ley 12/2014 establece que el incumplimiento de las resoluciones del Comisionado de Transparencia, cuando no se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo, puede ser sancionado como falta muy grave, con consecuencias como el cese del cargo y la inhabilitación para ocupar responsabilidades similares por un periodo de hasta tres años, entre otras medidas disciplinarias. El procedimiento corresponde a la autoridad administrativa competente, en este caso, la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.
La solicitud registrada concluye que la conducta imputada al Director General, consistente en la falta de ejecución de una resolución administrativa firme en materia de acceso a la información pública, justificaría el inicio de una investigación formal para determinar si concurren los elementos de infracción y, en su caso, aplicar las medidas previstas por la legislación vigente.
Hasta el momento, la Consejería no ha emitido pronunciamiento público sobre la admisión a trámite de esta petición ni sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo en relación con la Resolución 17/2025 del Comisionado de Transparencia. Tampoco se ha confirmado si la Dirección General de Deportes prevé entregar la información pendiente ni en qué plazos.
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