IU-Verdes y Podemos denuncian que la Asamblea vota contra la ley, los trabajadores y la seguridad ciudadana
La Asamblea Regional ha rechazado la propuesta presentada por IU-Verdes y Podemos para recuperar la gestión pública directa del Servicio Integrado de Emergencias 112 en la Región de Murcia, manteniendo así un modelo privatizado que, según la coalición de izquierdas, incumple la normativa autonómica, precariza a la plantilla y pone en riesgo la eficacia de un servicio esencial que salva vidas a diario. La iniciativa fue tumbada con los votos del Partido Popular y la ultraderecha, que sumaron 28 votos en contra frente a los 15 favorables, sin abstenciones.
Desde IU-Verdes y Podemos califican la votación como una “decisión política grave” que antepone el beneficio privado al interés general. La coalición sostiene que la gestión privatizada del 112 no solo es una opción ideológica del Gobierno regional, sino una vulneración directa de la ley vigente, y advierte de que el bloqueo parlamentario perpetúa un modelo que afecta tanto a las condiciones laborales de los trabajadores como a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía .
Una ley clara que el Gobierno regional sigue incumpliendo
Durante la defensa de la moción, el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos recordó que el Decreto 60/1997 establece de forma expresa que el servicio 112 debe prestarse “con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa” por parte de la Comunidad Autónoma. Según subrayó, se trata de una de las normas más claras existentes en relación con un servicio público esencial, sin margen para interpretaciones alternativas.
Álvarez-Castellanos denunció que, casi tres décadas después de la aprobación de ese decreto, el Gobierno regional continúa incumpliéndolo de manera sistemática, optando por la externalización de un servicio crítico. A su juicio, esta decisión no responde a criterios de eficacia ni de ahorro, ya que el coste anual del 112 ronda los dos millones de euros dentro de un presupuesto regional que supera los 6.700 millones.
El diputado alertó además del deterioro progresivo del servicio, al que calificó de “al borde permanente del colapso”, con contratos que han tenido que ser ampliados en varias ocasiones y una estructura organizativa que separa el 112 del CECOP, dificultando la coordinación en situaciones de emergencia. También señaló la existencia de situaciones de fraude laboral por cesión ilegal de trabajadores, derivadas de la convivencia entre personal externalizado y funcionarios públicos.
“¿De verdad quieren dejar esto en manos de empresas cuyo objetivo es ganar dinero?”, preguntó desde la tribuna, recordando episodios pasados en los que empresas concesionarias amenazaron con despidos tras ganar concursos a la baja.
Precariedad laboral en un servicio de alta exigencia
Uno de los ejes centrales de la denuncia de IU-Verdes y Podemos se centra en las condiciones laborales de la plantilla del 112. Según expuso Álvarez-Castellanos, los trabajadores y trabajadoras están sometidos al convenio de telemarketing, con salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, sin antigüedad reconocida y con un plus de nocturnidad de 1,17 euros, pese a desempeñar un trabajo sometido a una presión emocional extrema.
El diputado interpeló directamente a los representantes del PP preguntándoles si aceptarían cobrar ese plus de nocturnidad en un servicio donde se gestionan situaciones límite, se toman decisiones críticas en segundos y se atienden emergencias que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En esta misma línea, la portavoz parlamentaria de la coalición, María Marín, señaló que la Región de Murcia comparte con Andalucía y Castilla y León un mismo modelo de externalización del 112, subcontratado a la empresa Ilunion Emergencias. Según denunció, esta situación mantiene a la plantilla “en la más absoluta precariedad”, con sueldos equiparables a los de un call center pese a la enorme responsabilidad que asumen.
“Los trabajadores del 112 no hacen telemarketing. Resuelven emergencias. Salvan vidas”, afirmó Marín, reprochando al Gobierno regional que trate como un negocio un servicio que constituye la primera línea de atención en situaciones críticas.
Seguridad ciudadana y modelo de servicio público
IU-Verdes y Podemos subrayan que la negativa de PP y Vox no solo afecta a los trabajadores, sino al conjunto de la ciudadanía. Para la coalición, mantener el 112 en manos privadas implica asumir riesgos innecesarios en un servicio que debería regirse exclusivamente por criterios de interés general, coordinación y eficacia.
María Marín recordó que mientras gran parte de la población celebra fechas señaladas como la Navidad o la Nochevieja, siempre hay personal del 112 trabajando en la sala, garantizando la seguridad colectiva. “La seguridad, la salud, los cuidados, la vida en definitiva no es un negocio”, afirmó, defendiendo que servicios como el 112 deben estar blindados frente a lógicas mercantiles.
La portavoz de la coalición destacó además que la gestión pública directa del 112 ya es una realidad en comunidades como Asturias, Navarra, La Rioja, Islas Baleares, Extremadura o Madrid, lo que, a su juicio, demuestra que la recuperación del servicio es viable y perfectamente asumible. “Aquí no nos merecemos menos”, sentenció.
Desde IU-Verdes y Podemos consideran especialmente grave que la mayoría parlamentaria haya optado por mantener un modelo que, según denuncian, incumple la ley autonómica, precariza a los trabajadores y pone el beneficio privado por delante de la seguridad colectiva. No obstante, la coalición ha advertido de que no renuncia a la batalla política y social para recuperar un servicio que, insisten, nunca debió salir de lo público.
La votación en la Asamblea Regional, concluyen, evidencia un choque frontal entre dos modelos: uno que concibe los servicios esenciales como derechos garantizados desde lo público y otro que los trata como un nicho de negocio. Para IU-Verdes y Podemos, el rechazo a la moción no cierra el debate, sino que refuerza la necesidad de seguir exigiendo el cumplimiento de la ley y la recuperación pública de un servicio que consideran clave para la seguridad de la ciudadanía en la Región de Murcia.
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