La moción llega tras la sentencia del TSJ que anuló distancias del PGMO por falta de justificación

Izquierda Unida-Verdes ha anunciado que trasladará al Pleno del Ayuntamiento de Lorca una propuesta para impulsar una reforma regional de la Ley del Juego que establezca distancias efectivas entre salones de apuestas y centros educativos y juveniles. La iniciativa, que defenderá el concejal Pedro Sosa, se presenta como una respuesta directa a la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia que anuló la modificación urbanística aprobada por el Pleno de Lorca en enero de 2023, con la que el municipio intentó frenar la expansión de estos negocios mediante limitaciones de distancia en el PGMO.
IU sostiene que el fallo judicial evidencia un problema de fondo que no puede resolverse solo desde los ayuntamientos. Según la nota de prensa, el tribunal reconoce la legitimidad municipal para regular esta materia, pero anula la medida lorquina al considerar que no se justificó por qué se fijaban distancias más restrictivas que las establecidas por la administración autonómica competente en juegos y apuestas. Para la coalición, ese argumento deja a Lorca sin herramientas eficaces si el Gobierno regional no cambia el marco legal, especialmente cuando el debate afecta a la protección de menores y al entorno de institutos y centros juveniles.
La presentación política se escenificó ante el IES Ibáñez Martín, frente al que IU sitúa uno de los salones de juego más grandes del municipio. Junto a Sosa participó el diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos, acompañado por el abogado lorquino Juan Miguel Murcia Merlos, al que IU define como activista contra la ludopatía y autor del libro “Redención”. La coalición anuncia además que, como complemento a las iniciativas políticas y legislativas, impulsará un ciclo de charlas en institutos y centros juveniles de Lorca y de la Región de Murcia con este letrado como ponente.
Una sentencia que anula el blindaje urbanístico de Lorca
El núcleo del conflicto que IU pone sobre la mesa arranca con la reforma del PGMO aprobada por el Pleno municipal en enero de 2023. Aquella modificación incorporó dos distancias limitadoras: por un lado, impedía que los locales de juego y apuestas se ubicaran en un radio inferior a 500 metros de parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo, sociosanitario o cultural, y también de colegios, institutos, centros de salud y consultorios médicos, “cualquiera que fuera su ubicación”. Por otro, establecía que la distancia respecto a otros locales de juego no podía ser inferior a 1.000 metros, tanto para establecimientos ya existentes como para los que tuvieran autorización en trámite.
La sentencia, siempre según la nota, estima el recurso de dos establecimientos de juego lorquinos contra esa reforma puntual del planeamiento. Y, aunque reconoce que el Ayuntamiento puede regular, concluye que la medida debe anularse al no justificarse el motivo de imponer distancias más estrictas que las aprobadas por la Comunidad Autónoma, que es la administración competente en materia de juego y apuestas. IU interpreta que el fallo no solo tumba una herramienta municipal, sino que refuerza la idea de que el problema requiere una respuesta legal autonómica para blindar criterios comunes y sólidos.
En su comunicado, IU advierte de que este tipo de resoluciones judiciales dejan a los municipios en una posición frágil si intentan actuar solo con urbanismo. Y propone que la respuesta pública combine varias patas: cambios legales, nuevas medidas urbanísticas, vigilancia policial del cumplimiento de horarios y edad de los clientes, medidas educativas y alternativas de ocio juvenil. La coalición define el fenómeno como una “lacra” que exige intervención integral, no solo normas sobre planos.
La reforma que IU quiere activar en la Asamblea y en el Pleno
IU plantea que Lorca exprese apoyo formal a las iniciativas parlamentarias registradas en la Asamblea Regional y, a partir de ahí, inste al Gobierno regional y a los grupos con iniciativa legislativa a incorporar en la ley autonómica un “alejamiento efectivo” entre salones de juego y centros de enseñanza y espacios juveniles. El objetivo, según el texto, es emular disposiciones que ya existen en otras comunidades autónomas y que fijan distancias mínimas como requisito para conceder y renovar licencias.
La clave política del planteamiento de IU está en un matiz que suele pasar desapercibido en el debate público: la renovación de licencias. Álvarez-Castellanos sostiene que en la Región de Murcia las renovaciones se estarían realizando atendiendo a las condiciones existentes cuando se concedió la licencia inicial, no a las condiciones vigentes tras cambios normativos, lo que en la práctica impediría que un establecimiento se vea obligado a cambiar de ubicación aunque se aprueben nuevas reglas de distancia. IU defiende que ahí reside el principal “bloqueo” que mantiene el mapa actual intacto.
El diputado regional añade otro elemento: afirma que los servicios jurídicos de la CARM habrían advertido de la ilegalidad de ese planteamiento por ser contrario al artículo 7.2 de la Ley regional del Juego y las Apuestas, que establece que las condiciones para la renovación de licencias son las vigentes en el momento de renovar. Según IU, eso significaría que, si se incorporara por ley una distancia mínima a centros educativos, esa distancia debería aplicarse también en las renovaciones, lo que pondría “los días contados” a los locales abiertos junto a centros de enseñanza, como ocurre en otras autonomías.
IU afirma asimismo que, para no incomodar a la patronal del sector, el Gobierno regional decidió paralizar ese asunto y “dejarlo morir en un cajón”. Es una acusación política de calado que apunta a una supuesta connivencia institucional con el sector del juego. La nota incluso habla de “compadreo” del Gobierno regional con empresarios del juego, y sostiene que esa actitud habría convertido a la Región de Murcia en la autonomía “con la ley menos garantista” y con una ratio especialmente alta de casas de juego por habitante.
Datos de salones por habitante y un enfoque de prevención juvenil
El comunicado de IU acompaña su ofensiva con cifras para reforzar el argumento de urgencia. Pedro Sosa sostiene que la Región de Murcia presenta los datos “más preocupantes” y que sería la zona con mayor cantidad de negocios de apuestas por habitante de la Unión Europea. En números, IU afirma que hay 364 salones de juego y una ratio de un salón por cada 4.360 habitantes, situando a Baleares y Canarias —según la nota— como segunda y tercera a mucha distancia, con uno por cada 7.200 y 7.500 habitantes, respectivamente.
Junto a ese diagnóstico estadístico, IU introduce un componente educativo y social para sostener la propuesta. La coalición insiste en que la respuesta pública debe combinar legalidad y prevención, y anuncia un ciclo de charlas en institutos y centros juveniles con la participación de Juan Miguel Murcia Merlos, al que presenta como una figura con experiencia personal y activismo contra la ludopatía. IU subraya que la problemática no es solo urbanística o de licencias, sino también psicológica, educativa y comunitaria, y plantea alternativas de ocio juvenil como parte del paquete de medidas.
En la nota de prensa no consta la versión del Gobierno regional sobre las acusaciones de IU ni una respuesta de los establecimientos que recurrieron la modificación del PGMO. Tampoco se detalla si la reforma legal propuesta cuenta ya con calendario parlamentario o con apoyos suficientes para prosperar. En cualquier caso, la iniciativa abre un debate que Lorca ya vivió en su planeamiento y que ahora IU quiere trasladar al nivel donde, según su argumento, está la llave real: la legislación autonómica que decide tanto las distancias como, sobre todo, las condiciones de renovación de las licencias.
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