IU-Verdes alerta de que los centros afrontan enero sin saber su dotación y con transferencias “a cuentagotas”
La Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia vuelve a colocar a los institutos públicos en una situación de incertidumbre financiera por los retrasos en las transferencias destinadas a gastos de funcionamiento y por la falta de información presupuestaria para 2026. Esa es la denuncia que ha hecho pública este viernes el diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos, que advierte de que la ausencia de fondos y de datos oficiales impide planificar con mínima normalidad y puede poner en riesgo servicios básicos como la calefacción o el pago de suministros.
Según la nota difundida por IU-Verdes, el problema se agrava por el calendario administrativo de los centros. Álvarez-Castellanos afirma que, a pocos días de finalizar el plazo legal para que los consejos escolares aprueben sus presupuestos —el 31 de enero—, la Consejería aún no ha comunicado la dotación económica con la que contarán los institutos, lo que estaría provocando el aplazamiento sine die de claustros y consejos escolares que deben validar esos presupuestos para el año en curso.
El fondo del mensaje político es directo: no se trata de un mero retraso contable, sino de una disfunción que impacta en la gestión diaria. El diputado sostiene que estamos hablando de partidas que pagan desde suministros esenciales hasta servicios ordinarios, y que la incertidumbre convierte enero en un mes de “supervivencia” organizativa en los centros, obligados a tomar decisiones sin saber qué ingresos tendrán ni cuándo.
Enero sin cifras y centros obligados a posponer claustros y consejos escolares
IU-Verdes sostiene que el bloqueo actual no es puntual, sino estructural. La nota señala que los equipos directivos se encuentran sin información clara sobre presupuestos y transferencias cuando el calendario de los centros les exige tener su planificación económica aprobada antes de que acabe el mes. En términos prácticos, eso significa que el sistema obliga a los institutos a formalizar presupuestos sin conocer el dato esencial: el dinero disponible.
El comunicado añade que la Consejería no solo estaría demorando ingresos, sino también la comunicación de la dotación para 2026. Álvarez-Castellanos afirma que esta falta de información impide una “planificación mínima y responsable”, y la vincula a la paralización de órganos colegiados fundamentales en los centros.
En su denuncia, IU-Verdes describe un escenario que, de ser correcto, desplaza el problema del terreno técnico al político: la Consejería no estaría cumpliendo su obligación de garantizar el funcionamiento ordinario de la educación pública con previsibilidad y estabilidad, y estaría trasladando el coste del desorden a los centros, que deben improvisar y sostener gastos con incertidumbre.
“Apuran hasta el último momento” y solo el 60% transferido a noviembre
La nota afirma que los retrasos se repiten y van a más. IU-Verdes sostiene que en 2024 y 2025 ya hubo demoras “cada vez más graves” en las aportaciones mensuales o trimestrales, y pone una cifra sobre la mesa para ilustrarlo: con datos publicados en noviembre de 2025, la Consejería habría transferido “alrededor del 60%” del presupuesto anual, cuando en ejercicios anteriores a esas alturas ya se habría abonado entre el 85% y el 90%.
Según el relato del diputado, el grueso del dinero terminaría ingresándose “apurando hasta el último momento”, prácticamente el 30 de diciembre, una dinámica que IU-Verdes califica de inaceptable y que, según advierte, se estaría repitiendo al inicio de 2026.
Este punto es el que convierte el asunto en una denuncia de gestión con consecuencias concretas: no es solo cuánto dinero se transfiere, sino cuándo. Si los institutos reciben tarde los fondos, pueden verse obligados a aplazar pagos, renegociar con proveedores o priorizar gastos básicos a costa de otras necesidades. Y ese estrés financiero —sostiene IU-Verdes— lo provoca directamente el retraso de la Administración.
“Excusa absurda” por la falta de presupuestos y recorte “estructural” desde 2012
El comunicado de IU-Verdes también carga contra la explicación que, según afirma, la Consejería habría dado a algunos equipos directivos: que el retraso se debe a la falta de aprobación de los presupuestos autonómicos. Álvarez-Castellanos califica esa justificación de “excusa absurda” y argumenta que, si fuera cierta, tampoco podrían pagarse nóminas o afrontar gasto corriente, porque ese gasto se prorroga automáticamente.
Más allá del retraso coyuntural, IU-Verdes introduce un elemento de largo recorrido: asegura que los gastos de funcionamiento arrastran un recorte “estructural” desde 2012, cuando se redujeron “en torno a un 40%”, y afirma que el presupuesto de 2025 seguiría por debajo del existente en 2010, lo que —según el diputado— demostraría que esos recortes no se han revertido.
En la práctica, IU-Verdes vincula dos problemas: menos financiación base y peores ritmos de pago. Es decir, los centros no solo tendrían menos margen, sino también menos certeza sobre cuándo llega el dinero. Y esa combinación, sostiene la formación, empuja a los institutos a operar con tensión permanente, especialmente en meses fríos donde la calefacción y consumos energéticos son determinantes.
IU-Verdes anuncia que llevará el asunto a la Asamblea Regional e interpelará al consejero de Educación para exigir explicaciones y soluciones. También recuerda que hace casi un año se aprobó una moción —a iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto (IU y Podemos)— para corregir recortes, actualizar presupuestos conforme al IPC y regularizar pagos.
En la nota no consta la versión de la Consejería de Educación ni una respuesta pública del consejero Víctor Marín a estas acusaciones. Pero IU-Verdes deja una imagen difícil de ignorar: institutos públicos obligados a cuadrar cuentas sin cifras, con transferencias que llegan tarde y con servicios básicos en el filo. Y remata con una idea que busca trascender el debate presupuestario: “Estamos hablando de garantizar algo tan básico como poder encender la calefacción o pagar el agua y el teléfono”, concluye Álvarez-Castellanos.
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