El Gobierno local tramita una concesión en suelo municipal y fija 2027 como horizonte, tras reconocer listas de espera y una oferta “claramente insuficiente”
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha dado un paso administrativo relevante para impulsar una residencia de mayores en el municipio, aunque todavía lejos de la obra en marcha: la Junta de Gobierno Local ha aprobado la admisión a trámite del expediente para construir y explotar una residencia de la tercera edad en una parcela municipal de la calle Isla Columbretes, declarada de interés público municipal. Según la nota remitida por el consistorio, el proyecto pretende responder a una “necesidad histórica y creciente” de atención a las personas mayores.
El movimiento se presenta como un hito porque el propio Ayuntamiento reconoce que muchos vecinos han tenido que buscar este servicio fuera de Los Alcázares, y fija un calendario: el proyecto se inició en 2024, la previsión municipal es adjudicar la concesión administrativa durante 2026 y el objetivo es que la residencia esté en funcionamiento en 2027. Sin embargo, el anuncio plantea también una lectura menos celebratoria y más exigente: el expediente se admite a trámite, sí, pero aún no hay adjudicataria, ni se detalla el modelo de gestión, ni se concreta el equilibrio entre plazas y accesibilidad económica, una cuestión central cuando se habla de cuidados y dependencia.
Un “interés público municipal” que llega con retraso y preguntas abiertas
La nota institucional subraya que la residencia es un servicio “esencial y muy demandado”, y que se suma al esfuerzo reciente del Ayuntamiento para mejorar la atención a personas dependientes con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Día. El alcalde, Mario Pérez Cervera, lo enmarca como un avance histórico y afirma: “hoy damos un paso fundamental para que nuestro municipio cuente, por fin, con una residencia de la tercera edad”.
Pero el propio lenguaje del comunicado deja entrever un problema de fondo: si la residencia era “largamente esperada” y la demanda es “histórica”, el debate no debería quedarse en el paso formal, sino en por qué no se llegó antes a una solución estable y qué garantías ofrece ahora el camino elegido. El Ayuntamiento sostiene que el proyecto será una realidad “a lo largo del año 2027” gracias a “informes favorables” de sus técnicos. Aun así, el calendario propuesto —iniciado en 2024, adjudicación en 2026 y apertura en 2027— sitúa el despliegue completo en el medio plazo, en un contexto donde la presión asistencial no se detiene.
Además, la fórmula elegida no es menor: la residencia se plantea mediante una concesión administrativa que incluiría tanto la finalización de la infraestructura como la explotación del servicio. En términos prácticos, esto traslada al futuro pliego cuestiones decisivas: condiciones de acceso, tarifas, criterios de calidad, ratios de personal, perfil de atención, coordinación con servicios sociales y, especialmente, qué parte del recurso quedará realmente al alcance de las familias que no pueden asumir precios privados.
Hasta 140 plazas y una estructura ya existente en una parcela municipal
El expediente contempla dos componentes: finalizar la estructura de hormigón ya existente en la parcela municipal y explotar el servicio de residencia, con “una capacidad aproximada de hasta 140 plazas”. El Ayuntamiento describe el objetivo como una atención “integral, moderna y centrada en la persona”, adaptada a las necesidades reales de la población mayor del municipio.
El dato de la estructura de hormigón ya levantada es relevante porque sugiere que el proyecto parte de una base previa, lo que podría reducir plazos, pero también obliga a una pregunta legítima: por qué esa estructura existía ya y por qué no se materializó antes el equipamiento. La nota no detalla el origen de esa construcción ni su estado actual, limitándose a señalar que se completará como parte de la actuación.
También resulta significativo que se hable de “capacidad aproximada” de 140 plazas. La cifra, en términos de planificación, marca la escala de la infraestructura, pero sin información sobre tipología de plazas (asistidas, válidos, unidades específicas) o su distribución, el anuncio se queda en un volumen que no permite aún valorar la respuesta real al problema. La clave no es solo cuántas plazas habrá, sino qué tipo de atención ofrecerán y con qué condiciones de acceso.
Más de 5.100 mayores de 60 años y “listas de espera” en lo público y lo privado
El Ayuntamiento justifica el expediente con informes técnicos y sociales incorporados al procedimiento. Según esos documentos, Los Alcázares cuenta con “más de 5.100 personas mayores de 60 años”, cerca del 24% de la población, y la oferta actual de plazas residenciales es “claramente insuficiente”, con listas de espera tanto en el ámbito público como en el privado.
Este reconocimiento es, probablemente, la parte más contundente del comunicado: admite un desajuste entre necesidad y recursos disponibles, y lo hace sin matices. Si hay listas de espera incluso en el sector privado, el problema no es solo de disponibilidad, sino también de capacidad del sistema para absorber demanda y de la presión que soportan las familias, muchas veces obligadas a compatibilizar cuidados con trabajo, con impacto directo en salud mental, economía doméstica y conciliación.
En ese marco, el Ayuntamiento insiste en priorizar la atención a mayores y dependientes. El alcalde afirma que “nuestros mayores merecen los mejores cuidados y servicios” y que el consistorio centra sus esfuerzos en garantizar “su bienestar, su autonomía y su calidad de vida”. Son afirmaciones que conectan con una realidad social evidente, pero que también deberían traducirse —para ser plenamente verificables— en compromisos concretos en el pliego de concesión: estándares de calidad, seguimiento público del servicio y transparencia en la gestión.
El comunicado añade otro dato: el Centro de Día recién puesto en marcha ha supuesto una inversión “superior a los 800.000 euros” y permitirá pasar de 10 a 40 plazas disponibles. Es un salto cuantitativo notable, pero la residencia es otro nivel de necesidad, con impacto presupuestario y social mucho mayor. Por eso, la adjudicación prevista para 2026 se convierte en el punto crítico: ahí se decidirá si la residencia será un recurso verdaderamente accesible o un servicio formalmente nuevo pero socialmente limitado.
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