Una moción aprobada por unanimidad obliga al Gobierno de López Miras a acelerar unos planes que acumulan años de retraso y afectan a miles de personas
La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción impulsada por IU-Verdes y Podemos que obliga al Gobierno de Fernando López Miras a reducir a un año el plazo para la aprobación definitiva del Plan Regional de Accesibilidad Universal y los planes municipales, un giro parlamentario que llega tras una larga cadena de demoras en el despliegue normativo. La iniciativa salió adelante con 43 votos a favor, después de una transacción de enmiendas parciales del PSOE y Vox que permitió cerrar un acuerdo amplio en la Cámara.
El debate no se planteó como una discusión técnica sobre urbanismo o rampas, sino como un choque político sobre derechos. El diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos situó el asunto en el centro de la igualdad de oportunidades y recordó que la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia se aprobó y publicó en junio de 2017, reconociendo el derecho a garantizar la accesibilidad a entornos, bienes, productos y servicios. Sin embargo, denunció que el Ejecutivo regional incumplió el mandato de desarrollar el reglamento en el plazo previsto y que ese retraso se ha arrastrado durante años.
Según explicó, el reglamento tenía un mandato de seis meses y no llegó hasta octubre de 2024, un retraso que IU-Verdes y Podemos atribuyen a una forma de gobernar que deja en el cajón el desarrollo de leyes ya aprobadas. La crítica no se quedó ahí: añadieron que, además, se incorporó una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del reglamento y se plantearon cinco años adicionales para aprobar el plan regional y los planes municipales, lo que habría empujado el calendario hasta 2030. Para la coalición, esa hoja de ruta equivalía a trece años desde la aprobación de la ley hasta disponer, en el mejor de los casos, de las herramientas de planificación necesarias.
La unanimidad parlamentaria de este miércoles cambia ahora la presión política: la Asamblea exige resolver en un año lo que, según la denuncia de IU-Verdes y Podemos, se ha demorado durante siete, y deja al Ejecutivo regional sin margen para seguir aplazando la principal pieza de planificación que debe aterrizar la ley en actuaciones concretas y medibles.
Del papel a los plazos: por qué el acuerdo apunta al corazón del retraso
El núcleo de la moción aprobada se entiende mejor con el recorrido que IU-Verdes y Podemos trazaron en el hemiciclo. La ley de 2017 establecía el marco, pero su efectividad dependía del reglamento y, sobre todo, del Plan Regional de Accesibilidad y sus desarrollos municipales. Sin esos instrumentos, la norma corre el riesgo de quedarse como un conjunto de principios sin capacidad real para transformar la vida diaria.
Álvarez-Castellanos fue especialmente duro al describir el encadenamiento de demoras: reglamento tardío, entrada en vigor diferida y un calendario que alargaba hasta cinco años más la aprobación de los planes, situando la accesibilidad en un horizonte lejano. En su intervención, sostuvo que esa espera es incompatible con la naturaleza del derecho que está en juego y defendió que la Región necesita un “cambio de paradigma más inclusivo”, porque cuando se trata de derechos fundamentales “la espera no es una opción”.
La moción, tal y como la presenta IU-Verdes y Podemos, busca precisamente romper esa lógica de plazos dilatados. Obligar a que el plan esté aprobado en un año no es un detalle burocrático: implica que el Gobierno regional deberá presentar un documento, someterlo a tramitación, coordinarlo con los municipios y cerrar su aprobación en un calendario que ya no permite posponer decisiones. Para la coalición, se trata de dejar atrás medidas “parciales y limitadas” y dotarse de una herramienta estructural.
Accesibilidad no es solo arquitectura: salud, urgencias y autonomía personal
Durante el debate, IU-Verdes y Podemos insistieron en que la accesibilidad universal no puede reducirse a eliminar barreras físicas. Álvarez-Castellanos puso un ejemplo concreto para ampliar el marco: personas con sordoceguera que no pueden acudir a un servicio sanitario de urgencias sin guía-intérprete. Es una forma de explicar que la accesibilidad también tiene que ver con comunicación, apoyos y garantías para ejercer derechos en condiciones de seguridad y dignidad.
La portavoz parlamentaria María Marín reforzó esa idea desde otra perspectiva: la espera, dijo, se mide en 13 años y 4.745 días para miles de personas con problemas de movilidad que siguen sin un plan autonómico que marque prioridades y obligue a actuar. Para argumentarlo, citó casos y situaciones que, según recordó, han aparecido en medios regionales: las dificultades para acceder al autobús por fallos en rampas denunciadas por una vecina de Cabezo de Torres, o problemas de adaptación y espacio en habitaciones del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Marín añadió un elemento especialmente incómodo para una Cámara que acababa de reformar su hemiciclo: afirmó que la propia Asamblea Regional “sigue sin ser accesible”, y puso como ejemplo que una diputada del PP no puede intervenir desde la tribuna y debe hacerlo desde su escaño. En la lógica de IU-Verdes y Podemos, es una prueba de que el problema no está solo “en la calle”, sino también en las instituciones que legislan sobre ello.
Un año para cumplir: la presión pasa ahora al Gobierno regional y a los ayuntamientos
Tras la aprobación, IU-Verdes y Podemos celebraron el resultado como un paso importante para garantizar el derecho a la accesibilidad universal, insistiendo en que el acuerdo obliga al Ejecutivo autonómico a convertir el compromiso en un calendario real. La unanimidad alcanzada deja un mensaje político nítido: el Parlamento ya no acepta que la accesibilidad quede en el terreno de la promesa y el aplazamiento.
El reto, a partir de ahora, se traslada a la gestión. Aprobar un plan en un año exige diagnóstico, prioridades y financiación, pero también coordinación municipal, porque gran parte de las actuaciones de accesibilidad se ejecutan en calles, edificios públicos, transporte y servicios de proximidad. La moción obliga a mover piezas que han permanecido paradas demasiado tiempo, según la coalición, y abre un escenario nuevo: con la Cámara alineada, la responsabilidad de cumplir deja de ser difusa y se concentra en el Gobierno regional.
Para IU-Verdes y Podemos, el acuerdo supone cerrar el paso a la política de plazos interminables. Y para el Ejecutivo de López Miras, la votación unánime se convierte en una cuenta atrás: si en doce meses no hay plan aprobado, el problema ya no será solo el retraso acumulado, sino el incumplimiento explícito de un mandato parlamentario que, por primera vez, ha reunido a todos los grupos en torno a una idea básica: la accesibilidad no es un adorno urbano, es la diferencia entre vivir con autonomía o quedar fuera.
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