Álvarez-Castellanos acusa al Ejecutivo regional de “proteger” a la patronal del juego y advierte de que muchos locales junto a centros educativos podrían quedar fuera si se cumple la norma
La distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas y centros educativos vuelve al centro del debate político en la Región de Murcia, pero esta vez con una pregunta que IU-Verdes intenta convertir en un “sí o no” parlamentario: si el Gobierno de Fernando López Miras aplicará ese requisito también cuando llegue el momento de renovar las licencias de los locales ya existentes.
El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos formuló una pregunta oral al Ejecutivo durante el Pleno de control de la Asamblea Regional para exigir un compromiso explícito sobre la letra pequeña del decreto. El dirigente de IU-Verdes sostiene que el Gobierno mantiene paralizada la norma y, además, pretende que la exigencia de distancia no afecte a los establecimientos ya instalados junto a colegios e institutos cuando toque prorrogar o renovar su autorización.
La cuestión no es menor: si el criterio de los 500 metros solo se aplica a nuevas aperturas, el mapa actual de locales quedaría prácticamente intacto durante años; si se aplica también a renovaciones, la norma puede convertirse en un mecanismo real de “descongestión” del juego presencial cerca de menores, porque obligaría a revisar el cumplimiento en cada renovación.
IU-Verdes sostiene que excluir renovaciones “no es legal” y cita a los servicios jurídicos
Álvarez-Castellanos apoyó su exigencia en un argumento jurídico: según IU-Verdes, los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma habrían advertido de que no es legal excluir las renovaciones del cumplimiento de los nuevos requisitos. En su intervención, el diputado defendió que cuando se renueva una licencia deben aplicarse las condiciones vigentes en ese momento y no las del pasado, una regla general del procedimiento administrativo que, en su lectura, haría inviable “blindar” a los locales ya existentes frente a la nueva distancia.
IU-Verdes denuncia que el Gobierno regional utiliza la tramitación del decreto como una pantalla: cuanto más tarde en publicarse y cuanto más ambigua sea su redacción, más margen habría para mantener el statu quo y evitar que la norma tenga impacto real en zonas donde las casas de apuestas están prácticamente pegadas a centros educativos.
“Muchas tienen los días contados” si la norma se aplica a las renovaciones
El diputado sostuvo que una parte significativa de las casas de apuestas de la Región de Murcia se ubican frente o al lado de colegios e institutos y que esa concentración “no es casual”. Según IU-Verdes, el sector se ha implantado estratégicamente en áreas con alta presencia de población joven, generando exposición cotidiana y normalización del juego presencial.
En ese escenario, Álvarez-Castellanos lanzó una advertencia política con consecuencias concretas: si el decreto se aprueba conforme a la legalidad y se aplica a las renovaciones, “muchas casas de apuestas tienen los días contados”, porque quedarían fuera del nuevo perímetro legal de separación. En su versión, todo depende de cuánto tarde el Gobierno en publicar el decreto y de si introduce o no excepciones encubiertas que permitan a los locales actuales seguir operando pese a estar junto a centros educativos.
El consejero Luis Alberto Marín evita comprometerse y apela a la “seguridad jurídica”
Según la nota de IU-Verdes, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, evitó comprometerse a modificar la redacción del decreto y defendió su postura apelando a la “seguridad jurídica”. Para IU-Verdes, ese argumento funciona como una coartada para retrasar una decisión que consideran esencialmente política: si el Gobierno quiere proteger a los menores, debe asumir el impacto que la norma tendría sobre locales ya instalados; si no quiere enfrentarse al sector, buscará una fórmula para que el requisito sea solo decorativo.
El debate deja así una línea de choque clara: IU-Verdes presiona para que el decreto sea efectivo y no un gesto simbólico; el Ejecutivo regional, según la denuncia, evita una respuesta tajante sobre el alcance real de los 500 metros cuando llegue la renovación de licencias.
Ludopatía y juventud: el trasfondo del pulso parlamentario
IU-Verdes enmarca su ofensiva en el crecimiento del problema de la ludopatía, especialmente entre jóvenes, y en el impacto de la presencia de locales de apuestas a escasos metros de institutos y colegios. La formación sostiene que esa proximidad convierte el juego en parte del paisaje cotidiano y dificulta cualquier discurso institucional de prevención. “No se puede hablar de protección de menores mientras se permite que el negocio del juego siga haciendo caja a la puerta de los centros educativos”, señala la nota difundida tras el pleno.
Con esta intervención, IU-Verdes anuncia que seguirá presionando para que el decreto salga adelante “sin excepciones encubiertas” y con una aplicación clara en renovaciones. El mensaje final que intenta instalar es que el Gobierno de López Miras está ante una disyuntiva política: o convierte la distancia mínima en una herramienta real de protección de menores, o mantiene el modelo actual amparándose en la ambigüedad administrativa y en la “seguridad jurídica” como argumento para no tocar el negocio del juego donde más visible —y más sensible— resulta: junto a los centros educativos.
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