Álvarez-Castellanos denuncia sueldos “por debajo del SMI” y anuncia una moción para blindar cláusulas sociales en concesiones
Izquierda Unida-Verdes ha llevado al Pleno de la Asamblea Regional una denuncia que apunta directamente a un agujero laboral enquistado en la Región de Murcia: el convenio colectivo de los establecimientos sanitarios privados —hospitalización y asistencia— lleva 15 años caducado sin que se haya renovado. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos preguntó este jueves al Gobierno regional por las actuaciones de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social para impulsar la negociación colectiva en el sector, y calificó la situación de “auténtica vergüenza”.
El parlamentarista de IU-Verdes dibuja un escenario de precariedad sostenida en un ámbito que, pese a ser privado, cumple una función clave en el sistema sanitario. Según su intervención, “hay numerosos convenios caducados y sin renovar en la Región de Murcia”, mientras los trabajadores siguen “atados al salario mínimo interprofesional” a pesar de prestar un “servicio público esencial”. La denuncia se inserta en un debate mayor: el peso de la sanidad privada en servicios financiados con dinero público y la ausencia —según IU— de mecanismos eficaces para garantizar condiciones dignas en las plantillas.
El conflicto no se plantea como una discusión técnica sobre mesas de negociación, sino como una consecuencia social directa: si el convenio sigue muerto, la precariedad se convierte en norma y la negociación colectiva pierde capacidad de corregir salarios, jornadas y condiciones de trabajo en un sector que opera con alta presión y responsabilidad asistencial.
Un ejemplo concreto: Radiología en Ribera Salud con “1.263 euros netos”
IU-Verdes apoyó su crítica en un caso específico. Álvarez-Castellanos afirmó que “un técnico superior en Radiología en Ribera Salud cobra 1.263 euros netos en 12 pagas”, una cifra que, en su argumentario, quedaría “por debajo del SMI”, y que calificó de “indignante” para un sector donde, remarcó, no se puede permitir plantillas precarizadas.
La mención a Ribera Salud no es casual: la nota sostiene que, en los últimos cuatro años, la empresa se ha hecho con el 44% de las concesiones hospitalarias y habría recibido “más de 30 millones de euros”, al tiempo que —según denuncia IU— mantiene “salarios miserables”. Para el diputado, el contraste alimenta la tesis política de fondo: que el Gobierno regional estaría premiando a empresas privadas mediante concesiones mientras no exige estándares laborales suficientes para quienes sostienen la atención diaria.
En términos de relato, IU-Verdes intenta desplazar la discusión del “modelo” abstracto (público-privado) a la realidad de nóminas y convenios: no se trata solo de quién presta el servicio, sino de bajo qué condiciones lo hace la gente que está dentro.
La respuesta del Gobierno: mediación, pero no negociación
En su réplica en el Pleno, la consejera María Isabel López Aragón defendió que el Gobierno regional no puede negociar convenios colectivos y que su papel se limita a financiar y apoyar la mediación con los agentes sociales. Según recoge la nota, la consejera citó una dotación de 176.800 euros anuales destinados a la Oficina de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral.
Esa respuesta es la que IU-Verdes utiliza para reforzar su acusación de pasividad institucional: si la Administración se limita a “acompañar” sin condicionar, el bloqueo de 15 años puede perpetuarse sin consecuencias para las empresas. De ahí que el debate se haya desplazado a un terreno más incisivo: introducir condiciones laborales obligatorias en las concesiones de servicios privatizados.
La ofensiva anunciada: cláusulas laborales y sociales en las concesiones
Álvarez-Castellanos adelantó que su grupo parlamentario presentará una moción para incluir cláusulas laborales y sociales en las concesiones de servicios privatizados, de forma que las empresas adjudicatarias no puedan operar con convenios caducados ni mantener plantillas precarizadas. En su mensaje final, el diputado sostuvo que “no podemos mirar hacia otro lado mientras se perpetúa la explotación en un sector clave para la salud de toda la ciudadanía”.
Este enfoque busca cerrar la puerta a una situación que IU describe como estructural: empresas que reciben contratos o concesiones públicas mientras mantienen relaciones laborales ancladas en un convenio sin renovar. La propuesta de IU-Verdes plantea, en la práctica, usar la contratación pública como palanca: si una empresa quiere gestionar servicios con financiación pública, debe cumplir requisitos sociales verificables, entre ellos la vigencia y actualización del marco laboral.
La denuncia de los 15 años sin convenio renovado no es solo un golpe político al Ejecutivo de López Miras. Es, sobre todo, un recordatorio incómodo de cómo la precariedad puede normalizarse en sectores esenciales cuando la negociación colectiva se congela y la Administración se limita a observar el conflicto desde la barrera. IU-Verdes pretende convertir esa “barrera” en un mecanismo de exigencia, trasladando el debate al terreno donde más duele: las condiciones para adjudicar y mantener contratos públicos en sanidad privada en la Región de Murcia.
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