IU-Verdes y Podemos denuncian un retroceso en derechos y alertan de que el discurso xenófobo “pasa de palabras a hechos”
La Asamblea Regional ha rechazado la moción presentada por IU-Verdes y Podemos para declarar a la Región de Murcia como “Región Acogedora”. La iniciativa salió adelante como debate parlamentario, pero quedó bloqueada por los votos en contra del Partido Popular que preside Fernando López Miras y por Vox, formación encabezada en la Región por José Ángel Antelo, según denuncia el grupo proponente.
IU-Verdes y Podemos enmarcan la decisión como “un paso atrás en derechos y convivencia” y aseguran que supone un mensaje político grave en un momento en el que, a su juicio, se está consolidando un clima de hostilidad hacia la población migrante. En el debate, el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos defendió la moción como una respuesta necesaria frente a ese contexto y advirtió de que “lo que se está produciendo es el paso de un discurso en palabras a hechos concretos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
Desde la bancada de izquierdas subrayan que el rechazo no es un gesto simbólico sin consecuencias, sino una señal institucional sobre el tipo de Región de Murcia que se quiere proyectar. En su argumentario, el veto de PP y Vox refuerza la normalización de un relato que sitúa a las personas migrantes como un problema, en lugar de abordarlas desde la garantía de derechos y el cumplimiento de la legalidad.
La izquierda pone el foco en menores tutelados y en la “obligación legal de acogida”
Uno de los puntos más duros del debate, según relatan IU-Verdes y Podemos, fue la referencia a la retirada de una orden para adquirir viviendas destinadas a menores tutelados. Álvarez-Castellanos calificó ese movimiento como “un hito inaudito y surrealista” y lo describió como “un atentado contra los derechos fundamentales y contra los derechos de los menores”. En su intervención, reclamó que el Gobierno regional abandone la ambigüedad y reconozca públicamente su “obligación legal de acogida”.
El grupo proponente sostiene que el debate sobre acogida no puede quedarse en declaraciones genéricas y defiende que la acción institucional debe traducirse en medidas concretas que garanticen derechos básicos, especialmente cuando se trata de menores. En esa línea, IU-Verdes y Podemos interpretan que la retirada de esa orden, unida al rechazo a la moción de “Región Acogedora”, traza un escenario preocupante: decisiones administrativas y políticas que, según su denuncia, empeoran la protección y debilitan el marco de convivencia.
Álvarez-Castellanos también emplazó al Ejecutivo autonómico a implicarse en el proceso de regularización extraordinaria previsto para abril. Según explicó, “la sociedad necesita oír que se cumple la legalidad y que se respetan los derechos humanos”. En ese mismo bloque, el diputado defendió que el Gobierno regional facilite el empadronamiento y el acceso a recursos para evitar abusos que, según su intervención, acaban vulnerando derechos básicos.
En el fondo, IU-Verdes y Podemos intentan fijar una idea central: la acogida no se resuelve con eslóganes, sino con decisiones administrativas que afectan a vivienda, empadronamiento y acceso a recursos. Y, por eso, interpretan el rechazo de PP y Vox como una declaración política que se aleja de ese enfoque.
María Marín ironiza con López Miras y acusa a PP y Vox de “explotar lo que enfrenta”
La portavoz del grupo parlamentario de izquierdas, María Marín, centró parte de su intervención en unas declaraciones recientes del presidente de la Región de Murcia. Según recuerda el comunicado, López Miras afirmó en una entrevista que “el que no cumpla la ley ni se adapte en los social y en lo cultural tiene que irse de España”.
Marín cuestionó públicamente ese planteamiento y lo llevó a un terreno concreto con ironía: “¿Qué significa esto de adaptarse en lo social y en lo cultural? ¿Ir a misa los domingos? ¿Ir a los toros? ¿Se van a dedicar PP y Vox ahora a expedir certificados de adaptación?”, planteó en el hemiciclo. Con esa frase, la diputada buscó evidenciar la ambigüedad de conceptos como “adaptación social y cultural” cuando se usan como argumento político, y alertó del riesgo de convertirlos en un filtro ideológico o identitario.
En su intervención, Marín instó al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas orientadas a la integración y puso ejemplos concretos en el terreno educativo y social. Por un lado, reclamó “eliminar las políticas educativas” que, según denunció, “segregan a los alumnos migrantes en centros públicos mientras que la educación concertada los rechaza”. Por otro, defendió la necesidad de promover vivienda pública asequible para la clase trabajadora y de aumentar las becas comedor y las becas de estudio “para que los hijos de migrantes tengan las mismas oportunidades que el resto”.
La portavoz fue más allá y lanzó una acusación política directa mirando a la bancada popular: “Pero ustedes no quieren eso. Ustedes están en explotar todo lo que nos enfrenta. El racismo es muy rentable para sus intereses. Divide al pueblo mientras los que mandan son cada vez más ricos e impunes”. Con esa afirmación, IU-Verdes y Podemos sitúan el debate en un marco más amplio: el uso político del miedo y del enfrentamiento social como herramienta de poder.
El comunicado de IU-Verdes y Podemos remarca, además, que el rechazo de la moción confirma, a su juicio, un giro institucional que normaliza el discurso xenófobo. En esa lectura, el PP no solo vota con Vox, sino que contribuye a dar cobertura política a una agenda que pone en cuestión derechos fundamentales y dificulta la convivencia.
La moción para declarar la Región de Murcia como “Región Acogedora” no prosperó, pero el debate deja una fotografía política nítida: IU-Verdes y Podemos colocan el foco en la obligación legal de acogida, el empadronamiento, la regularización prevista para abril y la igualdad de oportunidades en educación y becas; PP y Vox, por su parte, impidieron que la Asamblea asumiera ese marco institucional. Para el grupo proponente, el resultado no es neutro: es una señal de retroceso que, según advierten, tendrá consecuencias en derechos y en el tipo de convivencia que se impulsa desde las instituciones.
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