Álvarez-Castellanos alerta de recortes “encubiertos” con IA en subtitulado y del 5,9% ejecutado en alquiler
IU-Verdes ha llevado al Pleno de la Asamblea Regional dos frentes distintos con un mismo hilo conductor: la falta de transparencia y la mala gestión del Gobierno de Fernando López Miras en servicios que afectan a derechos básicos. Por un lado, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos pidió documentación y explicaciones sobre el cambio de subcontrata del subtitulado en la televisión pública 7TV, que a su juicio podría implicar automatización mediante inteligencia artificial, pérdida de empleo y dudas sobre el cumplimiento del pliego. Por otro, acusó a la Consejería de Fomento de ejecutar solo 164.925 euros de 2,8 millones previstos para ayudas al alquiler del Plan Estatal 2022-2025, dejando a familias vulnerables esperando desde 2022.
Las dos denuncias comparten un patrón, según IU-Verdes: expedientes que se mueven tarde, información que no llega o llega incompleta y decisiones con impacto real —empleo, accesibilidad, vivienda— que se justifican con respuestas genéricas o derivando responsabilidades a terceros. En ambos casos, Álvarez-Castellanos insistió en que no se trata de debates ideológicos, sino de cumplir plazos, contratos y obligaciones públicas.
Subtitulado de 7TV: dudas por el cambio de subcontrata y posible automatización
En el primer asunto, IU-Verdes centró el foco en el servicio de subtitulado de 7TV Región de Murcia. Álvarez-Castellanos preguntó en el Pleno cómo se comunicó a la Consejería la cancelación de la subcontrata inicial y su sustitución por otro sistema, tras el cambio empresarial que, según la formación, podría basarse en software de reconocimiento de voz y, por tanto, reducir trabajo humano.
El diputado fue especialmente contundente al señalar que, según su denuncia, los doce trabajadores que prestaban el servicio en la subcontrata original ya no desempeñan esas funciones tras el cambio, lo que abre interrogantes sobre si se está cumpliendo el pliego técnico cuando este exige personal dedicado al subtitulado. IU-Verdes sostiene que, si desaparece el personal asignado, no solo se plantea un posible incumplimiento contractual, sino también un deterioro del servicio público y de las condiciones laborales.
La formación puso el acento en un elemento que considera clave: el subtitulado no es un complemento, sino una herramienta de accesibilidad y un derecho de las personas con discapacidad auditiva. En ese marco, IU-Verdes reclamó que el Gobierno regional aclare si el cambio ha supuesto pérdida de calidad, recortes laborales o modificaciones contractuales sin justificación, y pidió que se facilite la documentación completa relacionada con la sustitución de la subcontrata.
Álvarez-Castellanos añadió otro detalle que, para IU-Verdes, agrava el asunto: el nuevo servicio mantendría el mismo coste presupuestado pese al cambio tecnológico. La pregunta que plantea la formación es directa: si el subtitulado se está abaratando por automatización, ¿por qué se paga lo mismo? IU-Verdes sostiene que esto obliga a revisar si la Administración está abonando un servicio “distinto” y potencialmente de menor calidad sin ajuste económico.
En la respuesta del Ejecutivo, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín González, confirmó que la concesionaria comunicó en diciembre de 2024 la sustitución de la subcontrata y defendió que el servicio mantiene supervisión humana y cumple el contrato, remarcando que las decisiones laborales corresponden a empresas privadas. Para IU-Verdes, esa contestación no despeja las dudas sobre el impacto en el empleo, la calidad real del subtitulado ni la transparencia del procedimiento, y por eso anuncia que seguirá reclamando el expediente y podría impulsar nuevas iniciativas parlamentarias.
Ayudas al alquiler: solo 164.925 euros ejecutados y expedientes fuera de plazo
El segundo frente se abrió con las ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, dirigidas a familias con rentas no superiores a tres veces el IPREM. IU-Verdes denunció en el Pleno un retraso acumulado que, a su juicio, no tiene justificación: según explicó Álvarez-Castellanos, el Gobierno regional tardó un año desde la firma del convenio (noviembre de 2022) en publicar las bases reguladoras y ocho meses más en publicar la convocatoria, que llegó el 1 de julio de 2024.
El dato más duro, sin embargo, está en la ejecución presupuestaria. IU-Verdes asegura que de los 2,8 millones de euros previstos para 2024 y 2025, la Comunidad Autónoma solo ha ejecutado 164.925 euros, un 5,9% del total. Para la formación, esa cifra retrata un problema de gestión en un programa que, según remarca el propio comunicado, la administración regional no financia con fondos propios, sino que debe tramitar y resolver.
IU-Verdes sostiene además que los plazos legales se han rebasado ampliamente. El periodo de solicitudes finalizó el 1 de marzo de 2025 y la Administración tenía seis meses para resolver, pero —según denuncian— aún hay expedientes sin respuesta casi un año después, y en algunos casos más de año y medio. Álvarez-Castellanos planteó dos posibilidades: o apenas se han presentado solicitudes (algo que considera insólito) o falta personal para tramitarlas. En su intervención llegó a deslizar que, si hay un único funcionario dedicado a la tarea, sería una evidencia de que el Gobierno regional no está poniendo medios.
El diputado reclamó que se refuerce la plantilla encargada, se agilicen resoluciones y se informe públicamente del número exacto de expedientes pendientes, insistiendo en que detrás de cada solicitud hay una familia que vive en la incertidumbre.
En la respuesta, según IU-Verdes, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, evitó concretar plazos de resolución y centró su intervención en críticas a políticas estatales y en anuncios futuros, como una ley regional de vivienda asequible. Para IU-Verdes, esa forma de contestar esquiva lo urgente: resolver solicitudes pendientes y ejecutar fondos ya disponibles.
Un mismo patrón: servicios esenciales y “silencio administrativo”
IU-Verdes intenta unir ambos casos en una idea política clara: la falta de transparencia no es un accidente, sino un modo de gestionar. En 7TV, el grupo denuncia que lleva solicitando información desde marzo de 2025 sin obtener respuesta completa, y considera que el cambio en el subtitulado se ha producido sin la claridad exigible en un contrato público. En vivienda, la formación habla de retrasos fuera de plazo y de una ejecución mínima que, según su denuncia, deja el programa prácticamente paralizado mientras el acceso al alquiler se ha convertido en una emergencia social.
El choque político queda ahora abierto en dos direcciones. IU-Verdes anuncia que seguirá pidiendo documentación sobre 7TV para comprobar si se respetan el pliego, la calidad del servicio y el empleo asociado. Y en ayudas al alquiler, exige refuerzo inmediato de tramitación y un plan para resolver expedientes pendientes y ejecutar el presupuesto.
La lectura de la formación es que, cuando la Administración falla en accesibilidad o en vivienda, no está fallando en un trámite: está fallando en derechos. Y, por eso, IU-Verdes busca que el Gobierno regional deje de responder con generalidades y ponga sobre la mesa papeles, plazos y decisiones verificables.
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