El informe sitúa a la Región de Murcia entre las autonomías con peor remisión de datos y cuestiona la gestión de varios expedientes de 2022
La Región de Murcia vuelve a quedar señalada en un informe oficial por deficiencias en la gestión pública. El Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en la contratación celebrada en 2022 por las entidades culturales de las comunidades sin órgano de control externo propio y el balance para la administración regional deja una cadena de reproches que afecta a la remisión de información, la planificación de contratos, el uso intensivo de la contratación menor y la tramitación de varios expedientes concretos. El documento, aprobado por el Pleno del Tribunal el 25 de marzo de 2026, incluye expresamente a la Región de Murcia dentro de la fiscalización junto a Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El análisis abarca a la entonces Consejería de Presidencia, Cultura, Turismo y Deporte y a tres entidades dependientes: el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Fundación Teatro Romano de Cartagena. El objetivo de la fiscalización era comprobar cómo se prepararon, adjudicaron, formalizaron y ejecutaron los contratos, además de revisar la transparencia, la planificación y el cumplimiento de recomendaciones previas.
La primera conclusión llamativa es que la Región de Murcia no remitió en plazo ninguna de sus relaciones anuales certificadas de contratos. El cuadro comparativo del Tribunal es especialmente duro: frente al 100 % de remisión en plazo de La Rioja o el 83 % de Extremadura, Murcia aparece con cuatro órganos de contratación, cero relaciones remitidas en plazo, una fuera de plazo y tres enviadas solo a petición expresa del propio Tribunal, lo que deja el porcentaje de remisión en plazo en un rotundo 0 %.
El detalle es todavía más comprometedor. La Consejería remitió fuera de plazo su relación anual, mientras que el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, la Fundación Orquesta Sinfónica y la Fundación Teatro Romano de Cartagena lo hicieron únicamente cuando el Tribunal se lo reclamó expresamente. En el caso de la Orquesta Sinfónica, además, el informe recoge una anomalía llamativa: primero remitió una certificación negativa de contratos y después, a requerimiento del órgano fiscalizador, acabó comunicando la celebración de 244 contratos.
La consejería cultural, sin plan anual de contratación y sin normas internas propias
El segundo gran reproche del Tribunal de Cuentas apunta a la falta de estructura interna para ordenar la contratación. El informe señala que la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte no elaboró en 2022 el preceptivo documento de planificación o programación de la contratación. Es decir, la principal área cultural del Gobierno regional operó ese ejercicio sin el plan anual que exige la normativa para anticipar necesidades, ordenar recursos y reducir improvisaciones.
A esa ausencia de planificación se suma otra carencia que afecta a la calidad del sistema: la consejería murciana carecía de normas, instrucciones o procedimientos internos específicos en materia de contratación. Solo el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes contaba con instrucciones internas actualizadas a la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que las fundaciones Orquesta Sinfónica y Teatro Romano no disponían de desarrollo interno propio.
El Tribunal sí reconoce que la Región de Murcia cumple una recomendación relativa a la inclusión de sus entidades dependientes en el Portal de Transparencia, pero el saldo general no mejora por ello. En otra recomendación relevante, la referida a normas comunes para introducir condiciones especiales de ejecución de carácter social y ambiental en los pliegos, Murcia aparece entre las administraciones incumplidoras. El informe señala expresamente que esta recomendación no fue cumplida por la consejería murciana y tampoco por dos de sus tres entidades dependientes.
Ese dato no es menor. Lo que viene a decir el Tribunal es que el Gobierno regional no se dotó de un marco interno suficiente para incorporar de forma generalizada criterios sociales y de sostenibilidad ambiental en la contratación cultural, una cuestión cada vez más relevante en la contratación pública contemporánea y en el uso de fondos públicos con fines de interés general.
Murcia, entre las autonomías que más tiraron del contrato menor en cultura
Uno de los aspectos más delicados del informe es el peso de la contratación menor en la Región de Murcia. El Tribunal advierte de que este tipo de contratación conlleva riesgos específicos, entre ellos la adjudicación directa sin concurrencia ni publicidad y el posible fraccionamiento del objeto para eludir controles más exigentes. Precisamente por eso subraya que, entre las consejerías analizadas, las de Murcia, Cantabria y Melilla fueron las que acudieron en mayor medida a esta fórmula. En el caso murciano, la contratación menor representó el 75 % del importe adjudicado por la consejería cultural en 2022.
Los datos son expresivos. La consejería murciana formalizó 1.147 contratos por 5,35 millones de euros, pero solo 7 fueron contratos no menores, con 1,31 millones, frente a 1.140 contratos menores que sumaron más de 4,03 millones. En sus entidades dependientes, el peso de la contratación menor fue también significativo, con 947 contratos menores por 962.077 euros frente a solo 7 contratos no menores por 1,16 millones. En total, la contratación cultural murciana fiscalizada alcanzó los 2.101 contratos por 7,47 millones de euros.
El problema no es únicamente cuantitativo. El propio Tribunal recuerda que, al depurar las relaciones de contratos remitidas por las administraciones, detectó contratos duplicados, códigos que en realidad eran facturas, diferencias sobre si los importes incluían o no IVA y errores en la clasificación por tipos contractuales. Aunque el informe no individualiza en ese párrafo a Murcia, sí deja claro que la depuración de las relaciones remitidas fue necesaria precisamente por las deficiencias de contenido que presentaban.
Deficiencias concretas en expedientes: pliegos flojos, retrasos y falta de publicidad
Más allá de la fotografía general, el informe entra en expedientes concretos de la Región de Murcia y ahí aparecen incidencias que refuerzan la crítica. En la muestra revisada, el Tribunal examinó tres contratos de la consejería y tres de sus entidades dependientes, una proporción muy alta respecto al volumen total regional, precisamente porque Murcia celebró muchos menos contratos no menores que otras autonomías. Y el anexo de incidencias muestra tachas en casi todos los expedientes analizados, tanto en preparación y tramitación como en adjudicación, formalización y ejecución.
Entre los reproches señalados figura, por ejemplo, la falta de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la formalización de la concesión del bar-cafetería del Archivo General de la Región de Murcia. En otro caso, el relativo al alquiler de un proyector para el Auditorio Víctor Villegas, el Tribunal indica que no se publicaron ni la adjudicación ni la formalización. Y en el contrato de restauración del sector occidental de la Porticus Post Scaenam del Teatro Romano de Cartagena, el informe sostiene que no se notificó la adjudicación a ninguna de las cinco empresas concurrentes.
También se recogen problemas de tramitación en contratos de la consejería, con retrasos en la adjudicación, documentación aceptada sin firma y deficiencias en la justificación de la falta de medios propios. A ello se añaden reparos sobre la ausencia de suficiente motivación para no dividir determinados contratos en lotes, pese a que incluían tareas diferenciadas como fontanería, cristalería o carpintería, y observaciones sobre criterios de solvencia que el Tribunal considera incoherentes con la dimensión real del contrato.
El retrato que deja el informe no apunta a un fallo aislado ni a un expediente puntual, sino a un patrón de gestión con carencias repetidas: retrasos en remitir información al órgano fiscalizador, ausencia de planificación anual en la consejería, falta de normas internas en buena parte del sector cultural dependiente, uso intensivo del contrato menor y expedientes con defectos de publicidad, motivación o tramitación. Todo ello en un ámbito, el de la cultura, que maneja millones de euros de dinero público y que debería estar sometido a controles especialmente escrupulosos.
El informe del Tribunal de Cuentas no habla de delitos ni formula acusaciones penales. Pero sí deja un mensaje político y administrativo claro: la contratación cultural de la Región de Murcia en 2022 arrastró deficiencias relevantes y varias de ellas no fueron menores ni circunstanciales. En una comunidad que, además, sigue sin órgano de control externo autonómico propio, el toque de atención del Tribunal adquiere todavía más peso.
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