Álvarez-Castellanos denuncia en la Asamblea el bloqueo de medidas contra desahucios y la exclusión de familias pobres de las ayudas de comedor
Izquierda Unida-Verdes ha aprovechado el pleno de control al Gobierno regional en la Asamblea Regional para lanzar una doble crítica al Ejecutivo de Fernando López Miras por su política de vivienda y por los criterios de acceso a las ayudas de comedor escolar. La formación, a través de su diputado José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado por un lado el bloqueo del reglamento que permitiría activar convenios con grandes tenedores para frenar desahucios y, por otro, la congelación de los umbrales de renta que, según sostiene, está dejando fuera de las becas de comedor a familias en pobreza severa.
En materia de vivienda, IU exigió en el pleno la activación del convenio con grandes tenedores previsto en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, al considerar que la falta de desarrollo reglamentario impide ofrecer alternativas habitacionales a familias afectadas por desahucios. Álvarez-Castellanos reprochó al Gobierno regional que no haya desarrollado una herramienta que, según indicó, permitiría obligar a bancos y fondos de inversión a negociar un alquiler social antes de ejecutar lanzamientos.
El diputado situó este debate en un contexto de emergencia social y recordó que en la Región de Murcia se producen 780 desahucios al año, una media de dos al día. Según defendió, esta realidad podría aliviarse si se pusieran en marcha los mecanismos ya previstos en la propia ley autonómica. En este sentido, insistió en que el Ejecutivo regional “tiene la solución en su propia ley”, pero no la activa al mantener sin desarrollar el reglamento correspondiente.
IU también criticó que el Gobierno regional siga apoyándose en fórmulas de mediación que considera insuficientes y en respuestas parciales que no resuelven el problema de fondo. Además, amplió sus reproches al bloqueo de otros instrumentos contemplados en la norma, como el registro de demandantes de vivienda pública, lo que para la formación evidenciaría una falta de voluntad política para desplegar políticas efectivas en este ámbito.
IU denuncia que los umbrales del comedor dejan fuera a familias en pobreza severa
En el mismo pleno, Izquierda Unida llevó también la situación de las ayudas de comedor escolar para el curso 2026-2027. Álvarez-Castellanos acusó al consejero de Educación, Víctor Marín, de incumplir el compromiso adquirido en sede parlamentaria para incrementar progresivamente los umbrales de renta de acceso a estas ayudas. Según denunció, en la última convocatoria esos límites no se han elevado y siguen congelados, lo que, a juicio de IU, está excluyendo a familias que se encuentran en pobreza severa.
La formación vinculó esta crítica al contexto social actual y recordó el aumento de la pobreza infantil, que situó en el 44 por ciento según la última Encuesta de Condiciones de Vida. Álvarez-Castellanos aseguró que con los límites actuales una familia de cuatro miembros que supere los 960 euros mensuales queda fuera de las ayudas, una situación que, según subrayó, afecta a hogares que deberían ser prioritarios para la administración.
IU cuestionó además la coherencia del discurso del Ejecutivo autonómico y le reprochó firmar estrategias contra la pobreza mientras, en la práctica, mantiene criterios que restringen el acceso a derechos básicos como el comedor escolar. Como alternativa, la formación plantea elevar el umbral actual, fijado en 11.520 euros anuales para una familia de cuatro miembros, hasta al menos 17.108 euros para cubrir a quienes se encuentran en pobreza severa, y hasta 25.620 euros para incluir a familias en riesgo de pobreza.
Álvarez-Castellanos reclamó al Gobierno regional que abandone las “excusas presupuestarias” y rectifique tanto en vivienda como en política educativa. IU sostiene que no se puede seguir gestionando con parches los desahucios ni mantener fuera del comedor escolar a menores en situación de vulnerabilidad. Con esta doble ofensiva parlamentaria, la formación quiere situar al Ejecutivo de López Miras ante dos frentes sociales que considera especialmente sensibles: el acceso a la vivienda y la protección de las familias con menos recursos.
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