La Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige evaluar la intervención de Antonio Martínez Nieto
La Asamblea Feminista de la Región de Murcia registró este martes en la Asamblea Regional su denuncia contra las declaraciones del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, tras reunir más de 1.300 firmas de apoyo contra unas palabras que han generado una amplia contestación política y social en la Región de Murcia. La iniciativa busca que la Cámara analice el alcance de la intervención y determine si vulnera el código ético parlamentario.
El colectivo entregó el comunicado el 21 de abril a las 11.00 horas en la Asamblea Regional, donde también lo hizo llegar a todos los grupos parlamentarios. Según explicaron las promotoras, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de un centenar de organizaciones feministas, sindicales y sociales, además de más de mil adhesiones individuales procedentes de distintos puntos del país. El objetivo es trasladar la presión social al ámbito institucional para que el caso no quede limitado a la polémica política y tenga consecuencias dentro de la Cámara.
El origen de la denuncia se encuentra en las declaraciones pronunciadas por Antonio Martínez Nieto en un pleno reciente, en las que afirmó que había que combatir “incluso con violencia” derechos como el aborto y la eutanasia. Estas palabras motivaron una cadena de reacciones en el ámbito político y social que ha ido creciendo en los últimos días.
El feminismo murciano alerta de una línea roja democrática
Desde la Asamblea Feminista consideran que lo ocurrido no puede interpretarse como un episodio aislado ni como una simple expresión desafortunada. En su comunicado, advierten de que introducir la violencia como concepto dentro del debate institucional supone traspasar una línea roja democrática que afecta directamente a la calidad del sistema.
El colectivo también cuestiona las explicaciones posteriores del diputado de Vox, quien aseguró que no se refería a violencia física, sino a una “resistencia cultural”. A juicio de la organización, esta matización no corrige lo sucedido, sino que lo agrava, al legitimar el uso del término violencia en el discurso político.
La AFRM insiste en que no se trata de una discusión retórica, sino de un asunto que afecta a derechos reconocidos por ley, como el aborto y la eutanasia, y a la propia legitimidad del debate parlamentario. En este sentido, subrayan que no se puede normalizar este tipo de expresiones dentro de una institución pública.
Presión institucional y exigencia de medidas
La iniciativa feminista se enmarca en un contexto de presión creciente también en el ámbito político. El Grupo Parlamentario Socialista anunció la presentación de un escrito ante la Comisión del Estatuto del Diputado para que se analicen las palabras de Martínez Nieto, con la petición de que se estudie su alcance, se retiren del Diario de Sesiones y se produzca una rectificación pública.
Para la Asamblea Feminista, este contexto refuerza la necesidad de que la Cámara actúe de manera clara. Por ello, solicitaron expresamente que la Comisión evalúe si las declaraciones vulneran el código ético y que se adopten medidas en consecuencia. Consideran que no basta con el debate político, sino que es necesario fijar límites institucionales.
La organización también advierte de que este episodio forma parte de una dinámica más amplia que, a su juicio, busca normalizar discursos incompatibles con el Estado de derecho. Por ello, plantean que la respuesta debe ir más allá del caso concreto y servir para marcar un precedente dentro de la Asamblea Regional.
Con más de 1.300 firmas y el respaldo de un amplio tejido asociativo, el feminismo murciano llevó su protesta al Parlamento autonómico. La reacción de la Cámara y de los distintos grupos marcará el alcance político e institucional de una polémica que sigue abierta en la Región de Murcia.
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