Los alcaldes de Mula, Los Alcázares y Calasparra reclaman que la norma no deje solos a los ayuntamientos
El PSOE ha exigido al Gobierno regional que el proyecto de ley de Bienes de Interés Turístico Regional vaya acompañado de financiación estable para los municipios, con el fin de evitar que la nueva norma se convierta en otro reconocimiento institucional sin recursos reales. Los alcaldes de Mula y Los Alcázares, Juan Jesús Moreno y Mario Cervera, y la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, han comparecido en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional durante el trámite de audiencia legislativa para reclamar más apoyo autonómico, menos anuncios vacíos y herramientas concretas para que los ayuntamientos puedan proteger, mantener y promocionar sus recursos turísticos.
La posición de los regidores municipales ha sido respaldada por el Grupo Parlamentario Socialista, que considera imprescindible que la ley no se limite a crear nuevas figuras de reconocimiento, sino que incorpore compromisos económicos, planificación y corresponsabilidad institucional. El diputado regional Manuel Sevilla ha defendido que la norma debe contar con financiación mantenida en el tiempo y ha advertido de que no puede servir para que el Gobierno regional se desentienda de sus competencias dejando la carga sobre los municipios.
El debate sitúa sobre la mesa una cuestión clave para la política turística de la Región de Murcia: si los bienes y recursos que reciben reconocimiento turístico van a contar con respaldo financiero para su conservación, promoción y mejora, o si los ayuntamientos deberán asumir nuevas obligaciones sin medios adicionales.
Mula pide una ley “valiente” para el turismo de interior
El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, defendió durante su intervención que el patrimonio no se pone en valor solo con discursos, sino con regulación eficaz y financiación suficiente. Su comparecencia puso el acento en el papel del turismo de interior como motor económico, social y cultural para muchos municipios de la Región de Murcia, especialmente aquellos que no forman parte del circuito tradicional de sol y playa.
Moreno reclamó que la nueva ley sea “valiente” y se apoye en tres ejes principales: financiación ligada a la protección de los bienes, agilidad burocrática para facilitar inversiones y actuaciones en entornos protegidos, y una diferenciación específica para el turismo de interior, cuyas necesidades son distintas a las del litoral.
El alcalde de Mula planteó además la creación de un fondo de garantía patrimonial con asignación anual, mecanismos para que parte del retorno turístico revierta en la conservación de los recursos y procedimientos ágiles para actuaciones de mejora o emergencia. Su objetivo es evitar que la ley se convierta en una nueva carga administrativa para los ayuntamientos, especialmente para aquellos con menor capacidad técnica o presupuestaria.
La reivindicación de Mula introduce un matiz relevante en el debate: reconocer un bien como de interés turístico puede ser una oportunidad de desarrollo, pero también implica obligaciones de mantenimiento, promoción y gestión. Sin recursos específicos, ese reconocimiento puede terminar generando más presión sobre municipios que ya soportan dificultades para conservar su patrimonio y atender la demanda turística.
Calasparra advierte de una ley con “trastienda vacía”
La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, fue especialmente crítica con la redacción actual del proyecto. Según su valoración, la ley funciona como un “escaparate brillante”, pero tiene “la trastienda vacía” si no incorpora financiación para los ayuntamientos. Para García, el Gobierno de López Miras vuelve a incurrir en una práctica habitual: crear títulos, medallas y reconocimientos sin poner recursos económicos sobre la mesa para garantizar su mantenimiento.
La alcaldesa sostuvo que la norma otorga honores, pero en la práctica puede trasladar más cargas a los municipios. Desde su perspectiva, la tramitación legislativa ofrece una oportunidad para construir una normativa turística que reconozca las necesidades específicas de cada localidad, comprometa inversión autonómica, garantice equidad entre destinos y refuerce la promoción turística en todo el territorio regional.
La intervención de Calasparra refuerza una crítica compartida por los ayuntamientos socialistas: la Comunidad Autónoma no puede limitarse a declarar bienes de interés turístico y dejar después que los consistorios asuman solos los costes derivados de esa declaración. Para los municipios, la promoción turística solo es efectiva si va acompañada de servicios, conservación, accesibilidad y capacidad de gestión.
Los Alcázares reclama inversión, conectividad y sostenibilidad
El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, centró su intervención en la necesidad de reforzar el texto normativo con medidas que garanticen inversión, conectividad y sostenibilidad en el modelo turístico regional. En su opinión, reconocer un recurso turístico no es suficiente si ese reconocimiento no se acompaña de planificación, promoción y financiación.
Cervera recordó que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en materia de promoción, fomento y ordenación del turismo, por lo que reclamó una mayor implicación del Gobierno regional. Su planteamiento se resume en una idea: los ayuntamientos no piden más competencias, sino herramientas y acompañamiento para poder desarrollarlas correctamente.
El alcalde de Los Alcázares explicó que se han presentado enmiendas al proyecto de ley para reforzar el papel autonómico, incorporar criterios de sostenibilidad y garantizar apoyo real a los municipios. En el caso de los destinos turísticos de costa, el reto no pasa solo por recibir visitantes, sino por gestionar adecuadamente el impacto sobre servicios públicos, movilidad, medio ambiente, promoción y mantenimiento de espacios de uso intensivo.
El PSOE pide corresponsabilidad autonómica
El Grupo Parlamentario Socialista ha respaldado las reclamaciones de los alcaldes y de la alcaldesa comparecientes, situando la financiación como condición imprescindible para que la futura ley tenga efectos reales. Manuel Sevilla ha defendido que una norma de estas características debe ir acompañada de dotación económica estable y de una mayor implicación de la Comunidad Autónoma en el apoyo a los municipios.
El diputado socialista ha subrayado además que el turismo no debe depender únicamente de una consejería, sino que exige una visión transversal. La actividad turística afecta a patrimonio, infraestructuras, movilidad, medio ambiente, cultura, comercio, empleo y servicios públicos, por lo que cualquier ley que aspire a ordenar bienes de interés turístico debe contemplar esa complejidad.
La reclamación socialista intenta evitar que la ley nazca como una herramienta de promoción sin capacidad transformadora. Para los alcaldes de Mula, Los Alcázares y Calasparra, el reconocimiento turístico solo será útil si se traduce en financiación, planificación, mantenimiento y promoción efectiva. De lo contrario, advierten, los municipios recibirán nuevas obligaciones sin los medios necesarios para cumplirlas.
El debate parlamentario deja así una advertencia clara al Gobierno regional: declarar Bienes de Interés Turístico puede servir para impulsar destinos y reforzar la identidad local, pero si no hay dinero, agilidad administrativa y acompañamiento autonómico, la norma corre el riesgo de quedarse en otro escaparate institucional.
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