El sindicato docente acusa a Educación de favorecer a la enseñanza concertada mientras mantiene recortes en la escuela pública
El sindicato SIDI ha exigido al consejero de Educación de la Región de Murcia que aplique a la escuela pública las mismas garantías acordadas esta semana para la enseñanza concertada, después de que la Consejería haya pactado en la Mesa de la Enseñanza Concertada el mantenimiento del número de aulas y del empleo docente durante los próximos tres años. La organización, que se presenta como sindicato dedicado en exclusiva a la escuela pública, considera que el acuerdo vuelve a situar a la red concertada en una posición de ventaja frente a los centros públicos.
SIDI ha mostrado su “perplejidad” ante un pacto que, a su juicio, contrasta con la cautela que la Consejería mantiene desde hace años cuando se trata de negociar mejoras para la enseñanza pública. El sindicato sostiene que Educación se escuda habitualmente en limitaciones presupuestarias para no revisar cuestiones estructurales como la orden de cupo, vigente desde 2012, pero sí ha encontrado margen para garantizar estabilidad a la concertada.
La organización enmarca esta crítica en una denuncia más amplia sobre los recortes que, según afirma, arrastra la escuela pública desde 2010. Para SIDI, la bajada de natalidad no puede convertirse en una excusa para debilitar unidades públicas mientras se protege de forma prioritaria a la red concertada.
Críticas a una orden de cupo de 2012
Uno de los principales reproches del sindicato es la permanencia de una orden de cupo que data de 2012 y que, según denuncia, no responde a la realidad actual de los centros. SIDI reclama abrir una negociación inmediata para actualizar criterios, reforzar plantillas y evitar que la pérdida de alumnado por descenso demográfico se traduzca automáticamente en supresión de unidades públicas.
La organización sostiene que el consejero de Educación se ha mostrado prudente ante las reivindicaciones del sindicato cuando afectan a la escuela pública, pero “no le ha temblado la mano” para alcanzar un acuerdo favorable a la concertada. También critica la composición del Consejo Escolar Regional, recordando que su actual presidente fue nombrado tras representar a la Confederación Española de Centros de Enseñanza Privada en Murcia, motivo por el que SIDI decidió dejar de participar en ese órgano.
Para el sindicato, la Consejería conoce ya los efectos de la reducción de natalidad en la Región de Murcia, pero no ha adoptado medidas equivalentes para garantizar la continuidad de unidades públicas ni la estabilidad de los puestos de trabajo de funcionarios de carrera e interinos.
El impacto sobre interinos y centros completos
SIDI advierte de que la pérdida de unidades en la pública puede tener un impacto directo sobre el profesorado interino, al tratarse de plazas que la administración puede dejar desaparecer sin indemnización. El sindicato considera que este elemento ha pesado en el trato diferenciado entre ambas redes y acusa a la Consejería de proteger más a los trabajadores de la concertada que al personal de la enseñanza pública.
Entre las medidas que reclama, SIDI plantea garantizar unidades públicas, fijar criterios objetivos y claros cuando resulte inevitable suprimir alguna, y evitar la eliminación de unidades en centros completos de Infantil y Primaria, especialmente aquellos con tres unidades de Infantil y seis de Primaria.
La organización también pide aumentar los apoyos por grupo escolar en Primaria y reforzar las horas de coordinación para proyectos y cargos en los centros. Según el sindicato, desde 2012 se han multiplicado los programas y proyectos en los que participan los colegios, pero en muchos casos no se han asignado reducciones horarias suficientes para su seguimiento.
Secundaria y FP también reclaman atención
La denuncia de SIDI no se limita a Infantil y Primaria. El sindicato señala que los centros de Secundaria y Formación Profesional también se encuentran cada vez más olvidados por la Consejería y obligados a una “lucha constante por sobrevivir”.
Para la organización, la defensa de la escuela pública exige una negociación real que aborde plantillas, ratios, apoyos, coordinación docente y criterios transparentes ante la reducción de unidades. SIDI considera insuficiente cualquier acuerdo que blinde solo a la concertada sin incorporar medidas equivalentes para la red pública.
El sindicato critica además que otras organizaciones que afirman defender la escuela pública hayan respaldado acuerdos para la concertada sin vincularlos a garantías similares para los centros públicos. A su juicio, esa posición condena a la pública a seguir en una situación de mayor vulnerabilidad.
Con esta denuncia, SIDI sitúa el debate educativo en la Región de Murcia en un terreno especialmente sensible: si la caída de la natalidad se utilizará para ajustar la red pública mientras se protegen aulas concertadas, o si la Consejería aceptará abrir una negociación para blindar también unidades, empleo docente y condiciones de trabajo en los colegios e institutos públicos.
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