Álvarez-Castellanos denuncia que el texto no compromete financiación ni promoción y carga costes sobre los ayuntamientos
IU-Verdes ha calificado la nueva Ley de Bienes de Interés Turístico Regional impulsada por el Gobierno de Fernando López Miras como una norma “profundamente inútil” y “vacía de contenido” al considerar que no incorpora compromisos económicos, técnicos ni de promoción turística por parte de la Comunidad Autónoma. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado el texto tras la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo celebrada en la Asamblea Regional, donde comparecieron los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares dentro del trámite de audiencia legislativa.
La formación de izquierdas sostiene que la futura norma no pasa de ser un “simple sello” sin efectos reales para los municipios, especialmente para aquellos que dependen del turismo de interior y que ya soportan en solitario buena parte de la conservación, mantenimiento y promoción de su patrimonio cultural, natural y gastronómico.
Según Álvarez-Castellanos, el proyecto del Gobierno regional crea una marca que no añade valor, no protege los recursos turísticos y no garantiza financiación. A su juicio, se trata de una operación estética que descarga la responsabilidad sobre los ayuntamientos sin aportar herramientas para que puedan cumplir los objetivos que la propia ley pretende reconocer.
Críticas por falta de financiación y apoyo real
IU-Verdes considera que el principal problema de la ley es la ausencia de un compromiso presupuestario estable. La formación advierte de que declarar un bien como de interés turístico puede generar obligaciones de conservación, mantenimiento, promoción y cumplimiento de estándares, pero si no se acompaña de financiación autonómica esas cargas recaerán directamente sobre los consistorios.
Álvarez-Castellanos ha resumido esa crítica señalando que la norma “declara, pero no invierte” y “etiqueta, pero no respalda”. Para el diputado, el Gobierno regional institucionaliza así una forma de abandono hacia los municipios que gestionan recursos turísticos con potencial, pero sin capacidad económica suficiente para sostenerlos adecuadamente.
La formación alerta además de posibles efectos negativos derivados de esa falta de apoyo. Entre ellos, el deterioro de bienes reconocidos o incluso el riesgo de descatalogación por falta de mantenimiento. El diputado advierte de que no se puede exigir a los ayuntamientos que mantengan determinados estándares sin darles herramientas económicas y técnicas para hacerlo.
Esta crítica coincide con una preocupación más amplia expresada por distintos municipios durante la tramitación del proyecto: el reconocimiento institucional puede ser positivo, pero solo si se traduce en planificación, promoción, inversión y acompañamiento administrativo.
Ambigüedad jurídica y riesgo de arbitrariedad
Otro de los puntos cuestionados por IU-Verdes es la redacción del texto legal. Álvarez-Castellanos ha denunciado que el proyecto presenta “ambigüedad jurídica” y no define con claridad los criterios para declarar un Bien de Interés Turístico Regional.
Según la formación, esa falta de precisión puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias y vaciar de rigor la figura. Para IU-Verdes, una ley de estas características debería establecer criterios objetivos, transparentes y verificables, evitando que el reconocimiento dependa de decisiones discrecionales o de intereses coyunturales.
El diputado considera que, sin una arquitectura jurídica sólida y sin financiación vinculada, la norma corre el riesgo de convertirse en un instrumento de propaganda más que en una herramienta efectiva de desarrollo turístico.
Turismo de interior frente al peso del sol y playa
IU-Verdes enmarca esta ley dentro de una política turística regional que, según denuncia, mantiene un fuerte sesgo hacia el modelo de sol y playa en detrimento del interior. Álvarez-Castellanos sostiene que existe un desequilibrio estructural en la Región de Murcia, con esfuerzos concentrados en la costa mientras los municipios del interior quedan obligados a sobrevivir con sus propios medios pese a su potencial patrimonial.
La formación subraya que el turismo de interior necesita una estrategia diferenciada, con recursos para conservar bienes culturales, impulsar rutas, promover productos locales, mejorar accesibilidad y consolidar una oferta capaz de generar actividad económica estable.
En ese sentido, el diputado ha recordado que, según IU-Verdes, la inversión en conservación del patrimonio ha caído un 25% desde la llegada de López Miras a la presidencia regional y que una parte significativa del presupuesto disponible ni siquiera llega a ejecutarse. “No solo se recorta, sino que lo poco que se presupuesta tampoco se utiliza”, ha denunciado.
Los municipios, otra vez infrafinanciados
La crítica de IU-Verdes conecta también con la ausencia de una ley de financiación local en la Región de Murcia. Álvarez-Castellanos ha acusado al Gobierno autonómico de denunciar la infrafinanciación estatal mientras mantiene infrafinanciados a los municipios.
Para la formación, esta contradicción se reproduce en el proyecto de ley turística: la Comunidad Autónoma crea una figura de reconocimiento, pero no asume la corresponsabilidad económica necesaria para que los ayuntamientos puedan sostenerla. El resultado, según IU-Verdes, es más presión sobre administraciones locales que ya tienen dificultades para mantener servicios, patrimonio y equipamientos.
El diputado ha afirmado que las comparecencias de los alcaldes en la comisión parlamentaria han confirmado las dudas sobre la eficacia real de la norma. A su juicio, lo escuchado en la Asamblea refuerza la posición de IU-Verdes: la ley no responde a las necesidades del territorio ni del sector turístico.
Por ello, la formación exige la retirada o una reformulación profunda del proyecto para que cualquier figura de protección turística vaya acompañada de financiación, planificación y apoyo institucional efectivo. En caso contrario, advierte, la ley de Bienes de Interés Turístico Regional nacerá como un reconocimiento sin contenido, incapaz de proteger el patrimonio, impulsar el turismo de interior o aliviar la carga que ya soportan los ayuntamientos.
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