El informe publicado en el BOE detecta fallos de control, falta de datos históricos y riesgo de duplicidades
La Región de Murcia contabilizó en 2022 un total de 46.945 personas beneficiarias del Programa para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, según el informe del Tribunal de Cuentas publicado en el Boletín Oficial del Estado. El documento, asumido por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, permite dimensionar el alcance territorial de una red de asistencia básica que en la comunidad autónoma movilizó 2.921.149,28 kilos o litros de alimentos, con un valor económico de 2.964.272,68 euros sin IVA.
El programa contó en la Región de Murcia con dos centros de almacenamiento y distribución y 177 organizaciones asociadas de reparto, encargadas de hacer llegar los alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad. Los datos aparecen en el anexo territorial del informe, que desglosa por comunidades autónomas la cantidad de alimentos suministrados, el valor económico, el número de centros, las entidades de reparto y las personas beneficiarias.
En el conjunto de España, el programa alcanzó en 2022 a 1.321.313 personas beneficiarias, a través de 118 centros de almacenamiento y distribución y 5.373 organizaciones asociadas de reparto. La financiación fiscalizada procedía de una aplicación presupuestaria gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, con 90 millones de euros de créditos iniciales, dentro del programa “Otros Servicios Sociales del Estado”. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio ascendieron a 89.746.808,08 euros, de los que 86.162.145,84 euros se destinaron al pago de contratos públicos, 3.327.013,70 euros a subvenciones públicas y 257.648,54 euros a asistencias técnicas mediante encargos a medios propios.
El informe pone cifras a una realidad social de fondo: decenas de miles de personas en la Región de Murcia necesitaron apoyo alimentario dentro de un programa diseñado para atender situaciones de pobreza, exclusión y carencia material.
Casi tres millones de euros en alimentos y una red de 177 entidades
El reparto territorial se calculó mediante distintos parámetros vinculados a población destinataria, lactantes, desempleo e índice de pobreza AROPE. En el caso de la Región de Murcia, el informe recoge coeficientes del 3,77% en población total, 3,93% en lactantes, 3,15% en desempleo y 3,61% en índice de pobreza AROPE. Estos porcentajes sirvieron para distribuir los alimentos entre comunidades autónomas y ciudades autónomas.
Los 2,92 millones de kilos o litros de alimentos asignados a la Región de Murcia se integraron en un programa estatal que suministró 79.053.271,70 kilos o litros de productos en 2022. El valor económico total de los alimentos distribuidos en España fue de 79.999.726,44 euros sin IVA, según el anexo del Tribunal de Cuentas.
La mecánica del programa partía de la compra de alimentos por parte del FEGA mediante licitación pública. Posteriormente, los productos eran suministrados a los centros de almacenamiento y distribución dependientes de dos grandes organizaciones asociadas de distribución: Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos. Desde esos centros, los alimentos llegaban a las organizaciones asociadas de reparto, que finalmente los entregaban a las personas beneficiarias.
Ese diseño permitió una amplia capilaridad territorial, pero también generó exigencias importantes de control. El Tribunal recuerda que las organizaciones de reparto desempeñaron un papel esencial y que su autorización, seguimiento y control resultaban determinantes para garantizar que los alimentos llegaran correctamente a quienes cumplían los requisitos del programa.
En el conjunto del país, las entidades religiosas católicas representaron el 31,62% de las organizaciones de reparto, las asociaciones de utilidad pública el 25,31%, los ayuntamientos el 22,50%, las asambleas de Cruz Roja el 9,51%, las fundaciones de utilidad pública el 5,97% y otras confesiones religiosas el 4,45%. Estos datos muestran la diversidad de actores implicados en un programa que combinaba gestión estatal, distribución social y participación de entidades locales y del tercer sector.
El caso de la Región de Murcia deja una lectura doble. Por un lado, casi 47.000 personas recibieron ayuda alimentaria en 2022 a través de una red amplia de entidades sociales, con cerca de tres millones de euros en alimentos. Por otro, el sistema nacional que sostuvo esa ayuda no permitió conocer con exactitud todos los beneficiarios, controlar duplicidades con garantías ni medir suficientemente el impacto real contra la pobreza y la pobreza infantil.
En una comunidad marcada por problemas persistentes de desigualdad, precariedad y vulnerabilidad social, estos datos no pueden quedar reducidos a una tabla estadística. La ayuda alimentaria es imprescindible cuando miles de hogares no pueden cubrir necesidades básicas, pero su eficacia depende de algo más que repartir alimentos. Depende de saber con precisión a quién llegan, si llegan a tiempo, si cubren las necesidades reales y si contribuyen a reducir la pobreza que pretenden combatir.
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