El PSOE acusa a la alcaldesa de Cartagena de retorcer las instituciones para sostener su Ejecutivo en descomposición
El PSOE de Cartagena ha acusado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de “retorcer las instituciones para sobrevivir políticamente” y de ocultar a la oposición el supuesto informe jurídico con el que el Gobierno municipal pretende avalar la reorganización interna de su Ejecutivo. El portavoz socialista, Manuel Torres, sostiene que ningún argumento ofrecido por el Partido Popular desmiente las irregularidades denunciadas por vecinos y grupos municipales, y advierte de que la maniobra responde a una operación política para mantener unido un gobierno “roto y en descomposición” a costa del dinero público y de los intereses de Cartagena.
Torres ha denunciado que el Gobierno local sigue sin remitir a los grupos de la oposición el informe jurídico que, según el PP, respaldaría los cambios realizados en la estructura municipal. El PSOE asegura haberlo solicitado formalmente, pero afirma que el documento continúa sin ser entregado, pese a que los populares lo están utilizando públicamente para defender su posición y atacar a quienes cuestionan la reorganización del Gobierno.
“Es increíble escuchar a Jáudenes hablar de transparencia y de legalidad cuando el único grupo que ha visto el informe es el Partido Popular. Nosotros lo hemos pedido y siguen negándose a remitirlo mientras lo utilizan para atacar políticamente a la oposición”, ha señalado Manuel Torres.
La denuncia socialista se produce en plena polémica por la reorganización del Gobierno municipal de Cartagena, que el PSOE interpreta como un reparto de áreas, competencias y estructura para contentar a distintos concejales del Ejecutivo local y evitar su ruptura definitiva. Torres considera que Noelia Arroyo no está actuando en función de las necesidades de la ciudad, sino de la supervivencia política de un gobierno debilitado.
El portavoz socialista sostiene que la alcaldesa está concentrada en mantener equilibrios internos dentro de su equipo mientras Cartagena acumula problemas pendientes. Para el PSOE, la reorganización no responde a un criterio de eficacia administrativa ni a una mejora de la gestión municipal, sino a la necesidad de sostener una mayoría cada vez más frágil.
Un informe fechado después de las declaraciones de Arroyo
Uno de los puntos más graves de la denuncia socialista se centra en la fecha del supuesto informe jurídico. Según Manuel Torres, el documento al que ahora se aferra el Partido Popular tiene fecha de 8 de mayo, posterior a las declaraciones públicas en las que la propia alcaldesa habría asegurado que los cambios en el Gobierno municipal ya contaban con aval jurídico.
“Arroyo dijo públicamente que los cambios en el Gobierno municipal ya tenían informe jurídico. Hoy sabemos que el documento que utiliza el PP está fechado el 8 de mayo. Es decir, cuando aseguró que ese informe existía, todavía no estaba emitido”, ha denunciado Torres.
Para el PSOE, esta circunstancia abre una duda relevante sobre la forma en la que el Gobierno local ha gestionado el expediente y sobre la veracidad de las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa. Los socialistas sostienen que no puede hablarse de transparencia si el informe no se facilita a la oposición y si, además, la fecha del documento plantea contradicciones con las afirmaciones previas de Arroyo.
Torres ha insistido en que los argumentos difundidos por el Gobierno municipal no contradicen “absolutamente nada” de lo denunciado por vecinos y grupos municipales. A juicio del PSOE, el PP se limita a invocar un informe que no entrega, sin entrar a desmontar los elementos de fondo de la denuncia: si la reorganización respeta plenamente las normas municipales, si las retribuciones y cargos se ajustan a derecho y si la estructura aprobada responde a necesidades públicas o a conveniencias políticas internas.
La ocultación del documento, según el PSOE, agrava la situación porque impide a la oposición fiscalizar adecuadamente la actuación del Gobierno local. En un asunto que afecta a la organización municipal, al reparto de responsabilidades y al uso de recursos públicos, los socialistas consideran imprescindible que todos los grupos tengan acceso a la documentación completa.
El portavoz socialista ha advertido de que la transparencia no puede consistir en que el Gobierno municipal cite selectivamente un informe sin entregarlo. Para Torres, si el documento avala realmente la reorganización, no hay motivo para mantenerlo oculto. Y si no se facilita, la sospecha política sobre la operación se refuerza.
El PSOE advierte de antecedentes judiciales y no descarta acudir a los tribunales
Manuel Torres ha recordado que no es la primera vez que decisiones relacionadas con la organización del Gobierno municipal de Cartagena son cuestionadas judicialmente. El portavoz socialista ha señalado que ya existe una sentencia vinculada a decisiones adoptadas durante la pasada legislatura sobre la composición y funcionamiento del Ejecutivo local, y ha advertido de que los criterios municipales han sido tumbados anteriormente por los tribunales.
“Ya existe una sentencia relacionada con decisiones adoptadas durante la pasada legislatura sobre la composición y funcionamiento del Gobierno municipal. Por eso preocupa especialmente que vuelvan a producirse reorganizaciones hechas a medida para garantizar equilibrios internos y salvar un Gobierno que hace tiempo perdió el rumbo”, ha afirmado Torres.
El PSOE vincula esta nueva reorganización con la situación política del Gobierno de Arroyo, al que describe como un Ejecutivo en descomposición. Según Torres, la alcaldesa estaría utilizando áreas, cargos, competencias y estructura municipal para mantener cohesionados a concejales de su propio equipo, en lugar de ordenar el Ayuntamiento en función del interés general.
La crítica socialista tiene además una dimensión económica. Torres sostiene que estas maniobras internas se realizan “a costa del dinero público” y de los intereses de Cartagena. El PSOE ya había denunciado en días anteriores que determinados concejales del Gobierno municipal estarían percibiendo retribuciones superiores a las que les corresponderían según su encaje orgánico, una cuestión que conecta ahora con la exigencia de acceso al informe jurídico completo.
El portavoz socialista ha anunciado que el PSOE se reserva la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa si el Gobierno municipal continúa ocultando documentación e información a la oposición. Esta advertencia eleva el conflicto político a un posible frente judicial si el Ejecutivo local no entrega el informe solicitado o si los socialistas consideran que la reorganización vulnera la normativa aplicable.
La amenaza de acudir a los tribunales sitúa al Gobierno de Arroyo ante una doble presión: la política, por las acusaciones de falta de transparencia y supervivencia interna; y la jurídica, por la posibilidad de que la reorganización sea impugnada si la oposición entiende que se han vulnerado derechos de información, reglas de organización municipal o límites legales en el reparto de funciones y retribuciones.
Una ciudad pendiente mientras el Gobierno se reparte el poder
El PSOE acusa a Noelia Arroyo de estar más centrada en sostener su Gobierno que en resolver los problemas de Cartagena. Torres ha denunciado que, mientras la ciudad sigue perdiendo oportunidades y acumulando asuntos pendientes, la alcaldesa dedica sus esfuerzos a mantener unido un Ejecutivo roto mediante “repartos internos y maniobras políticas”.
La crítica socialista apunta a una idea de fondo: la reorganización del Gobierno municipal no sería una herramienta para mejorar la gestión, sino un mecanismo para prolongar una situación política agotada. Para el PSOE, Cartagena necesita estabilidad, transparencia y prioridades claras, no cambios internos diseñados para contentar a concejales y garantizar equilibrios dentro del propio Gobierno.
El debate afecta directamente a la calidad democrática del Ayuntamiento. Si la oposición solicita un informe jurídico que el Gobierno utiliza como argumento público, su negativa a remitirlo dificulta la fiscalización política y alimenta la percepción de opacidad. En un municipio de la importancia de Cartagena, las decisiones sobre la estructura de Gobierno deben estar sometidas a control, explicación y acceso documental suficiente.
Torres ha situado la polémica en un marco más amplio de desgaste institucional. A su juicio, Arroyo gobierna desde la necesidad de sobrevivir y no desde un proyecto de ciudad. Esa dinámica, sostiene el PSOE, acaba teniendo consecuencias sobre el funcionamiento municipal, el uso del dinero público y la capacidad de responder a los problemas reales de los cartageneros.
“Mientras Cartagena sigue perdiendo oportunidades y acumulando problemas, Arroyo está centrada en mantener unido un Gobierno roto mediante repartos internos y maniobras políticas. Y todo eso lo pagan los cartageneros”, ha concluido el portavoz socialista.
La denuncia deja al Gobierno local obligado a despejar varias incógnitas: por qué no entrega el informe jurídico a la oposición, cuándo fue realmente emitido, qué avala exactamente, si responde a todas las irregularidades denunciadas y si la reorganización municipal responde al interés general o a la necesidad política de sostener un Ejecutivo debilitado. Mientras esas preguntas sigan sin una respuesta clara, la sombra de la opacidad seguirá pesando sobre una reorganización que el PSOE ya sitúa en el terreno de la supervivencia política de Noelia Arroyo.
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